El gobierno tucumano y el Partido Justicialista presentaron –por separado– recursos de «per saltum» ante la Corte Suprema de Justicia local para que el máximo tribunal defina a la brevedad sobre la validez del fallo de la Sala I en lo Contencioso Administrativo que anuló las elecciones del pasado 23 de agosto.
Marcelo Caponio, apoderado del PJ, precisó que presentó «un recurso per saltum» ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán «para que atienda directamente en el tema y dicte una resolución en el corto plazo».
El «per saltum» tiene como objetivo abreviar todos los pasos procesales para que la Corte Suprema de Justicia de la provincia se dedique inmediatamente a estudiar la causa.
«Nosotros entendemos que, en un sentido o en otro, la Corte tiene que fallar y si bien no sabemos cuál va a ser la decisión que tomará, si esta situación se extiende en el tiempo no tenemos ninguna duda que los mandatos constitucionales de las autoridades van a fenecer y vamos a correr el riesgo de que se intervenga no sólo el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sino también el Judicial», advirtió.
«Estamos defendiendo la institucionalidad de la provincia», remarcó Caponio, quien además agregó que «queremos que todos los poderes continúen con su normal funcionamiento, y por eso vamos a agotar todas las instancias judiciales, recurriendo a la Corte Suprema de la provincia, y si correspondiera Corte Suprema de la Nación», finalizó.
Caponio reiteró que el fallo «es un mamarracho que no tiene antecedentes jurídicos y sostuvo que la Corte Suprema de Justicia local «debe fallar en lo inmediato».
«Nos encontramos ante un fallo que no tiene antecedentes desde lo jurídico», señaló el apoderado del PJ, e insistió que la resolución judicial «se ha tomado como un golpe de Estado institucional».
Ayer, el PJ local ya había apelado el fallo de la Cámara con un recurso ante la propia Corte, un «recurso de casación», al tiempo que había advertido que veía «factible una intervención» en la administración.
Con la nueva presentación judicial, el espacio político busca acelerar los tiempos y tener una pronta definición sobre las anuladas elecciones para intentar que la Justicia valide las elecciones.
