Una mujer fue imputada como parte de una asociación ilícita que operaba en Nuevo Alberdi y funcionaba como una especie de “operadora inmobiliaria trucha” dedicada a vender y alquilar inmuebles usurpados. Además el grupo denominados Los Colorados, quien según un testigo de identidad reservada, estaba enfrentado con el clan Romero, compraba y vendía armas y adulteraba guarismos de vehículos robados. A mediados de 2021, la mujer y otros dos miembros del grupo, entre ellos el presunto jefe, fueron imputados. Además, el entonces jefe de la subcomisaría 2ª también corrió la misma suerte sospechado de dejar en libertad a un protegido del mandamás del grupo por 50 mil pesos cuando lo detuvieron con autopartes y un arma de fabricación casera. Este lunes se hizo una audiencia de procedimiento abreviado donde se homologó un acuerdo presentado por las partes y la acusada fue condenada por la jueza María Trinidad Chiabrera a la pena de 3 años y 8 meses de cárcel.
Rosa Castillo, de 40 años, quedó en el ojo de los investigadores sospechada de integrar una banda polirrubro que operaba en la zona norte y que fue bautizada Los Colorados. Fue detenida en junio de 2021 junto a otra mujer identificada como Mónica P. y su supuesto líder del grupo Walter M. Este último había mantenido comunicaciones telefónicas tras la detención de otro hombre a quien encontraron en su casa autopartes de dudosa procedencia y un arma de fabricación casera pero salió en libertad. Maximiliano F., jefe de la subcomisaría 2ª terminó imputado por recibir una coima para dejarlo ir.
Imputaron por cohecho al jefe de la subcomisaría 2° y se fue en libertad
Para el fiscal Mariano Ríos Artacho la mujer junto a otras personas que todavía no fueron identificadas formaron parte de una asociación ilícita que, de manera organizada, se dedicaban a realizar operaciones inmobiliarias. Puntualmente vendían y alquilaban inmuebles usurpados, el último de los casos los desalojaron violentamente cuando no pagaban el alquiler estipulado por el grupo.
También les achacó “vender y comprar armas y adulterar los guarismos de autos y motos que eran productos de distintos delitos. Actuaban en la zona norte, puntualmente en Nuevo Alberdi y cumplían distintos roles como usurpar y delimitar propiedades, alquilarlas o venderlas, cobrar el alquiler, proveer armas, amenazar o intimidar a los moradores de las viviendas elegidas para que las abandonen o paguen el alquiler, también adquirían títulos de vehículos sin impedimentos legales que utilizaban para adulterar guarismos y los hacían coincidir con la documentación adquirida”, indicaron voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Puntualmente, la Fiscalía le imputó a Rosa Castillo amenazar y violentar a los moradores de tres casas que fueron usurpadas. Una de ellas ubicada en Caracas al 2600 que luego se vendió en febrero de 2020 por boleto de compra venta. Otra casa en Ciudadela al 3200 y la tercera en Caracas entre Bouchard y Somoza de Rosario. La persona que vivía en este último lugar dijo que hacía dos meses había comprado la propiedad.
Además le achacó que durante el 2020 alquiló como propio el departamento ubicado en Caracas al 2600, que había sido usurpado a una familia en 2019 donde simuló ser su dueña. Cobraba un alquiler de 4.500 pesos por mes, dinero que fue a cobrar por 5 meses.
Este lunes, Castillo admitió su responsabilidad en la banda y los delitos imputados en una audiencia de procedimiento abreviado. Tras consentir un acuerdo presentado por el fiscal y su defensa fue condenada por la jueza Chiabrera a la pena de 3 años y 8 meses por asociación ilícita, usurpación y estelionato (fraude en contratos).
