Durante la pandemia, la cartera de Trabajo de la provincia tuvo un rol defensivo. Es decir tratar de resguardar el empleo, en una compleja situación que vino de la mano del coronavirus. Así lo evalúa Juan Manuel Pusineri, quien asumió este lunes como ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad. La cartera no es nueva para él, ya que trabajó en ella desde el comienzo de la gestión de Omar Perotti como vice de Roberto Sukerman. El funcionario explicó que los números que arrojó la pandemia durante el primer semestre de 2020 fueron muy malos: «Tuvimos 40 mil empleos menos y alrededor de 200 mil trabajadores que cobraron con reducciones salariales». Es por eso que, con varios rubros que se muestran mejor que a fines de 2019, Pusinieri considera que es hora de pasar a una política ofensiva para aprovechar la situación que comienza a revertirse.
Lo primero que aclara el flamante ministro es que la pandemia por coronavirus promovió que desde la cartera se tuviera una postura más defensiva, «que se materializó en construir los protocolos sanitarios para la industria, el comercio, las empresas, de manera tal que pudieran volver a la actividad». Además, nombró la intervención del Ministerio en los numerosos conflictos por despidos y suspensiones.
«El ministerio tuvo una actitud más defensiva de tratar de mantener lo que había en un esquema complicadísimo. Nuestro objetivo es pasar a la ofensiva», señaló y destacó los datos del tercer trimestre de 2020: «Sabemos que hay recuperación en la actividad y el empleo. Pasar a la ofensiva quiere decir empezar a hacer todo el trabajo de articulación con desarrollo social, educación y el sector productivo para facilitar o aprovechar al máximo esta situación que empieza a revertirse. En diciembre, los indicadores de construcción y industria empezaron a mejorar en relación con 2019, es decir, ya empezaron a estar mejor que antes de la pandemia».
En este marco explicó que los números que arrojó la pandemia durante el primer semestre de 2020 fueron muy malos: «Tuvimos 40 mil empleos menos y alrededor de 200 mil trabajadores que cobraron con reducciones salariales».
Además, repasó los datos obtenidos por los registros oficiales nacionales en relación con un problema en todo el territorio argentino: los índices de informalidad laboral se ubican en un 35 por ciento. En Santa Fe, los datos del penúltimo trimestre indican que en la actividad privada hay 470 mil trabajadores registrados en distintos rubros. Existen 150 mil trabajadores públicos provinciales, además de los empleados estatales de otros niveles del Estado y de otros poderes.
«Nuestra idea es articular con el sector privado y sobre todo intentar que en esa articulación los programas sociales se empiecen a transformar en puestos de trabajo. El trabajo que hacemos tiene que ver con identificar los sectores que requieren de mano de obra, vemos cómo la capacitamos y cómo aprovechamos los planes que existen para dar esas capacitaciones y vincularlos con el empleo formal», explicó.
Y planteó que esta idea no es nueva sino que estuvo entre los postulados del inicio de la gestión de Perotti, pero que «la pandemia no solo le corrió el eje al gobierno sino que corrió los ejes de la sociedad en su conjunto».
El ministro subrayó la importancia que tuvo el último año de poder mantener y cumplir todos los protocolos sanitarios para evitar mayores brotes de covid-19: «Las normas sanitarias nos garantizan no retroceder en las actividades económicas. Lo último que queremos hacer es volver a las restricciones en las actividades económicas e industriales. Actualmente las restricciones están más focalizadas en lo social, en las últimas medidas de circulación nocturna. No queremos volver atrás con las actividades económicas».
El ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cumple una tarea de inspección sobre el cumplimiento de los protocolos sanitarios y realiza tareas en conjunto con los municipios de la provincia para llevar adelante los controles. En términos generales, Pusineri consideró que en la industria y el comercio funcionaron bien.
«De acuerdo con estadísticas y datos que tenemos de las inspecciones realizadas hasta el momento, tenemos un buen cumplimiento de los protocolos. Eso no quita que haya habido clausuras o casos de covid y cierre de empresas para sanitizar y volver a abrir», señaló.
«Si te tengo que identificar un sector con más problemas, aunque no es para generalizar ni demonizar, es la gastronomía. En Rosario se vio en la zona de Pichincha y está muy emparentado con lo social. El trabajo que llevamos adelante con las municipalidades determinó que ahí había más grises en el cumplimiento del distanciamiento y la capacidad de los locales». De todos modos, destacó que no hubo incumplimientos generalizados y que donde hubo problemas se procedió a las clausuras o a realizar intimaciones.
Regreso a clases y conectividad
Sobre la polémica en torno de la vuelta a las clases presenciales, Pusineri afirmó que la provincia coincide y acompaña la definición del gobierno nacional de ir hacia la presencialidad: «El 2020 lo que nos mostró es que la educación impartida de forma remota implicó una profundización de las desigualdades sociales y la falta de conectividad que afecta a tantas personas, no todos los chicos accedieron de la misma forma a la educación virtual».
Por eso el ministro consideró que para la gestión la presencialidad «es un igualador social porque al menos, siempre en términos relativos, los chicos sean de cualquier condición social el hecho de ir a la escuela y tener un docente hace que disminuyan las desigualdades sociales».
Pusineri aclaró que la presencialidad «no va a ser al cien por cien sino que será mixturada con las clases virtuales». «Para las clases presenciales hay que garantizar ambientes sanitarios adecuados. Además los docentes se encuentran dentro del grupo prioritario en el esquema de vacunación tanto a nivel nacional como provincial». Ya se arrancó con el personal de salud y los que siguen son el personal de seguridad y docente. No obstante, adelantó que la vacunación es prioridad pero no es una condición sine qua non para el regreso a las aulas presenciales: «Aun sin la vacunación el objetivo es ir hacia la presencialidad pero sí con los cuidados sanitarios pertinentes».
Destacó que están trabajando para que en la Legislatura se apruebe la ley de conectividad «porque va a permitir una inversión económica importante, financiada por organismos internacionales que permitan mejorar la conectividad de la provincia de Santa Fe en educación pero también para generar mejores oportunidades en las empresas, en la actividad económica».
El programa llamado Santa Fe + Conectada es uno de los proyectos centrales del gobierno y se espera que finalmente se trate en la Legislatura a partir de febrero. El objetivo del programa es reducir las brechas tecnológicas y llevar internet a los 365 municipios y comunas de la provincia. Para ello, el gobierno prevé instalar más de 4 mil kilómetros de fibra óptica a lo largo y a lo ancho de la geografía santafesina.
La iniciativa fue acompañada por un proyecto complementario mediante el cual la provincia pide autorización a las cámaras para tomar un crédito de 100 millones de dólares para financiar las tareas. Ese préstamo cubriría alrededor del 80% del monto necesario para ejecutar las obras, calculadas en un total de 124.670.000 dólares. La diferencia se financiará con recursos propios del Estado provincial.
