La red social de microblogueo modificó sus políticas en septiembre para limitar el uso «con el fin de manipular o interferir en elecciones u otros procesos cívicos».
«Podemos etiquetar o reducir la visibilidad de los tuits que contengan información falsa o engañosa respecto de los procesos cívicos y podemos ofrecer más contexto», indicó la firma creada por Jack Dorsey.
En este sentido, la compañía informó en su blog que entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre etiquetó alrededor de 300.000 tuits por incluir contenido «potencialmente engañoso», informó la agencia de noticias Europa Press.
La cifra representa solamente el 0,2% de los mensajes subidos a esa plataforma y relacionados con las elecciones de Estados Unidos durante este periodo de tiempo.
De los 300.000 tuits etiquetados, Twitter incluyó en 456 un mensaje de advertencia y características de participación limitadas: se podían citar pero no se podían retuitear, responder o dar a «me gusta».
La compañía afirmó además que el 74% de los usuarios que vieron esos tuits en la plataforma lo hicieron después de que se añadiera la etiqueta o el mensaje de advertencia.
Asimismo, la red social señaló que las citas de estos tuits etiquetados se redujeron en un 29% debido a un mensaje que aparecía a los usuarios antes de que lo compartieran.
Twitter puso advertencias en varios mensajes de Trump en el que el presidente estadounidense acusó a sus rivales demócratas de tratar de «robar» las elecciones y se proclamó ganador.
Esta pelea entre Trump con su red social favorita fue en aumento a medida que se acercaron las elecciones del 3 de noviembre y el mes pasado el republicano amenazó con eliminar la inmunidad que cubre a Twitter (y también a Facebook) por los contenidos subidos por terceros.
Esto ocurrió luego de que las redes sociales bloquearan el vínculo a un artículo del The New York Post que supuestamente exponía tratos corruptos de su rival electoral, el presidente electo Joe Biden, y su hijo en Ucrania.
«Abolir la Sección 230», tuiteó el mandatario, en referencia a parte de la Ley de Decencia de las Comunicaciones de 1996 que protege a las empresas de tecnología de ser demandadas por el contenido de los usuarios en sus plataformas.
