El gobierno nacional iniciará esta semana el diálogo formal en el marco del denominado pacto social y económico, ámbito que reunirá a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), que llegarán al encuentro con dos agendas de prioridades muy distintas para discutir.
Los ministros Julio de Vido (Planificación Federal) y Carlos Tomada (Trabajo) encabezarán la mesa de negociaciones, en la que de un lado estarán los empresarios y su intención de frenar las demandas salariales, y del otro los sindicatos, que buscarán proteger el poder adquisitivo de millones de trabajadores.
El objetivo de la administración de Cristina Fernández es lograr un acuerdo tripartito que colabore para frenar la suba de precios que viene afectando a los bolsillos de los consumidores, principalmente a los económicamente más vulnerables.
En este sentido, la jefa del Estado pretende ponerle un techo a la inflación para que esta no ponga en riesgo el crecimiento del próximo año, que según sus estimaciones podría ubicarse entre el 6 y el 7 por ciento.
Pero para los empresarios y los gremialistas hay otras cuestiones que van más allá de la inflación, chisporroteos que en los últimos años se potenciaron por la inflexibilidad privada frente al avance en el reclamo por mejores derechos laborales de los sindicatos respaldados por el líder de la CGT, Hugo Moyano.
Justamente, la agenda que prepara la UIA para esta semana tiene entre sus principales aristas la necesidad de una rápida contención de las demandas sindicales, dado que algunos gremios estarían pensando en aumentos salariales del 25 por ciento para 2011.
Además, los hombres de negocios pondrán sobre la mesa su “preocupación” por el “avance del Estado” sobre el sector privado. Ante esta inquietud de sectores del establishment, Cristina defendió el rol del Estado en la economía y tranquilizó a los popes industrialistas al decirles que no está pensando en un “Estado empresario”.
Entre otros puntos, dirigentes de la UIA buscarán acordar sobre leyes laborales que frenen la denominada “industria del juicio” y también intentarán interferir en el proyecto de ley de la CGT que pretende el reparto del 10 por ciento de las ganancias empresariales entre los trabajadores.
Por su parte, la agenda que prepara Moyano para esta semana tiene entre sus principales ítems un fuerte reclamo para frenar la escalada de precios con el objetivo de conservar el poder adquisitivo de los asalariados. Del mismo modo, el líder camionero expresará un pedido por mejores condiciones laborales en sectores puntuales, mayores inversiones y también apoyo al modelo político y económico de la gestión kirchnerista.
