Cuatro hombres, entre ellos un abogado y un agente inmobiliario, fueron imputados por integrar una asociación ilícita dedicada a usurpar propiedades que luego eran comercializadas con la consecuente estafa a los compradores. A estos se le sumaron las imputaciones para tres policías acusados de varios delitos vinculados con entorpecer la investigación, brindar información a los investigados y extorsionarlos. El abogado y el agente están sindicados como los organizadores y junto con dos de los uniformados quedaron detenidos preventivamente, mientras que el resto recuperó la libertad. Voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que hay otras personas identificadas y prófugas, entre ellas uno de los principales organizadores de la banda: se trata de un supuesto gestor inmobiliario de nombre Miguel Ángel H.
A las 18.50 del 9 de septiembre pasado, una joven golpeó la puerta de una casa ubicada en la cuadra de Fraga al 700 bis, en Empalme Graneros. Cuando la moradora se asomó, el recién llegado le preguntó por un tal Facundo y disparó al menos cuatro veces. Uno de esos proyectiles entró a la propiedad e impactó en la pierna derecha de una nena de 12 años, hija de la mujer.
Hacía un mes que la familia había adquirido la propiedad. Se la habían comprado a una persona que hizo las veces de intermediario. Llegaron a este hombre a través de una publicación en una red social. Esta persona figuraba como Ángel Casas y decía ser asesor inmobiliario. Si bien la transacción no se cerró por la casa que les interesaba, este hombre les mostró varias propiedades hasta que compraron la vivienda de Fraga al 700 bis. La transacción se hizo en el estudio jurídico del abogado Pedro Juan C., ubicado en avenida Pellegrini al 2000, y allí le presentaron al supuesto dueño de la vivienda, identificado como Hugo Emanuel P., quien firmó el boleto de cesión de derechos. Este hombre actualmente se encuentra prófugo, según describieron la fiscal Valeria Haurigot y su par Federico Rébola en la imputación a la banda que se desarrolló durante tres días.
La balacera
La investigación penal se inició con el ataque a tiros que dejó a la pequeña herida. Cuando se profundizó la pesquisa sobre el posible móvil, la familia manifestó sus sospechas sobre el hombre que se ofreció como intermediario para venderle la casa.
La causa quedó a cargo de la fiscal Haurigot y su par Rébola, quienes solicitaron la intervención del número celular del llamado Miguel Ángel, el supuesto gestor e intermediario, el cual para ese momento ya había cambiado de número.
La medida continuó sobre esa nueva línea telefónica. Luego intervinieron el celular del abogado y del supuesto vendedor, que contaba con una causa penal en trámite. A partir de allí surgieron otros números telefónicos que también se intervinieron, entre ellos el de una mujer que estaba involucrada en una usurpación a una vivienda de calle Don Orione al 1100 junto con otro hombre.
Las investigaciones descubrieron una organización delictiva dedicada a usurpar propiedades, darle apariencia de legítimas y comercializarlas. Para la Fiscalía, Miguel Angel H. –actualmente prófugo–, el abogado Pedro Juan C. y Maximiliano Oscar G. son los organizadores de la banda mientras que un número importante de personas fue sindicado como miembros: entre ellas Carlos Luis T. y José Manuel L., imputados esta semana.
La acusación estimó que la asociación ilícita se dedica a cometer amenazas, usurpaciones, falsificación de documentos públicos y privados y estafas respecto de inmuebles de la provincia de Santa Fe. En la audiencia imputativa, los fiscales enumeraron seis propiedades que pudieron identificar y están ubicadas en Fraga al 700 bis, Felipe Moré al 900, Cerrito al 300, Don Orione al 1300, Zeballos al 3800 y San Luis al 5700. Además, los funcionarios del MPA indicaron que la organización comenzó con esta modalidad desde diciembre de 2018 y además de los organizadores existen otros 19 sospechosos que aún no han sido identificados.
El objetivo principal era el acuerdo para realizar maniobras sobre bienes indeterminados, que consistía en detectarlos, usurpados o marcarlos como usurpables. Luego eran ocupados por personas de la organización y les falsificaban la documentación necesaria para simular legitimidad de su posesión y comercializarlos con el fin de obtener un lucro indebido.
Roles
Este lunes, martes y miércoles se llevó adelante una audiencia. Siete personas fueron imputadas, entre ellas tres policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Haurigot y Rébola imputaron al abogado Pedro Juan C., como organizador de la asociación ilícita. Era quien aportaba sus conocimientos jurídicos y gestionaba contactos para obtener información respecto de los inmuebles usurpados o gestionaba instrumentos apócrifos para realizar las transacciones y darle apariencia de legal.
El otro organizador imputado fue Maximiliano Oscar G., quien también se presentaba como agente inmobiliario, mostraba propiedades y participaba de las transacciones con documentación apócrifa e instigaba a otros miembros para que usurparan las propiedades. Entre los hechos que se le imputan se encuentra una violación de domicilio en Stephenson al 126 bis, en barrio Industrial de la zona norte.
Otro de los imputados como miembro de la organización fue Carlos Luis T., a quien la acusación lo sindicó como la persona que gestionó la confección y traslado de documentos apócrifos por encargo del abogado Pedro C.
También fue acusado José Manuel L., señalado por los fiscales por mantener la usurpación de un inmueble en calle Felipe Moré al 900.
La pata policial
Los otros involucrados son un subinspector, un suboficial y un oficial que cumplían funciones en la AIC. Los fiscales les atribuyeron haber hecho una investigación clandestina respecto de la balacera ocurrida en la casa de Fraga al 700 bis, obtener información reservada y brindarla a Miguel Ángel H. y el abogado Pedro Juan G.
Les imputaron retener información de interés para el caso, y ocultar lo actuado durante 55 días, datos que brindaron cuando fueron intimados por la Fiscalía una vez que supo por parte de las víctimas de la intervención de estos uniformados.
Para justificar la investigación clandestina, los policías dijeron que tenían orden de otra fiscal e insertaron o hicieron insertar aseveraciones falsas en un informe que presentaron el 29 de octubre pasado; allí alegaron la existencia de la orden de otro fiscal que había designado a otra brigada para que investigara el tema y no a ellos.
Los fiscales explicaron que entre el 10 de septiembre y el 30 de diciembre los policías coaccionaron a Miguel Ángel H. y Pedro Juan C. para que la organización entregara 200 mil pesos a cambio de no realizar allanamientos o actos propios de su función y seguir filtrando información o advertirles sobre futuras medidas en su contra con el fin de brindarles impunidad. Extorsión que se consumó.
Los tres uniformados fueron imputados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público y violación de secreto profesional y extorsión. Además a uno de ellos, Sergio B., se le imputó la tenencia de un revolver calibre 22 que fue secuestrado en su casa durante uno de los 18 allanamientos que hizo el 30 de diciembre pasado el personal de la AIC junto con la colaboración del de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y de la Gendarmería.
Tras las maratónicas audiencias de imputación y el pedido fiscal de medidas cautelares el juez Florentino Malaponte dictó la prisión preventiva para los policías Alberto Orlando R. y Víctor Alejandro M. junto con los señalados como organizadores, el abogado Pedro C., y Maximiliano G. por 45 días. Además el magistrado ordenó para los cabecillas el levantamiento del secreto bancario respecto de ellos e inmovilización de las cuentas y productos bancarios.
Mientras que al uniformado Sergio B. el juez le otorgó la libertad con restricciones, entre ellas la prohibición de contacto con los otros imputados y los prófugos o las propiedades usurpadas. A su vez, José Manuel L. recuperó la libertad con una caución de 10 mil pesos y Carlos Luis T. obtuvo el mismo beneficio con una fianza de 40 mil pesos. Ambos deben efectivizarla en el plazo de 7 días.
Usurpaciones, una nena baleada y 18 allanamientos que incluyeron la detención de un abogado
