Un adolescente de 14 años fue rescatado de un domicilio en la zona oeste. Personal policial llegó hasta una precaria vivienda ubicada en barrio Godoy donde encontró al chico maniatado, con el rostro golpeado y quemaduras en las manos, en la pierna derecha y en el abdomen.
Según declaró la víctima, fue secuestrada y atacada durante tres días. Fue llevado al Hospital de niños Víctor J. Vilela.
En la mañana de este miércoles el director del establecimiento, Eduardo Casim, señaló que «ingresó compensado hemodinámicamente, con algunas lesiones viejas y nuevas» y evoluciona favorablemente.
“Tiene una historia de vida durísima, es conocido por (la secretaría de Derechos de) Niñez de años, no está escolarizado hace muchísimo tiempo, vivía prácticamente en la calle y subsistía como podía. Desde el viernes que la madre no sabía dónde estaba”, señaló y advirtió: “La situación es comprometida no solo desde el punto de vista médico, sino personal porque estuvo retenido aparentemente por gente relacionada con la venta de estupefacientes», describió Casim en Radio Dos.
“No es un paciente que se pueda reinsertar en el barrio con facilidad, tienen que actuar distintos entes del Estado para proteger al chico”, llamó la atención el directivo.
Un llamado al 911 ocurrido la tarde del martes alertó que en una casilla había un chico secuestrado. Los uniformados llegaron hasta Larralde y bulevar Seguí. En el interior de un pasillo dieron con una casilla que tenía la puerta abierta donde estaba un chico que les dijo a los empleados policiales que estaba secuestrado y maniatado hacía tres días.
Una fuente policial dijo que la víctima tenía alrededor de 14 años y llamaron al Sies. El médico que llegó al lugar atendió al chico y diagnosticó quemaduras superficiales en ambas manos, en pierna derecha, abdomen y traumatismo facial con herida en labio superior, siendo trasladado al Hospital Vilela para una mejor atención.
Además en el operativo conjunto hecho por el Comando Radioeléctrico, la Policía de Acción Táctica y la Motorizada se secuestró un revólver calibre 22, 2 motocicletas robadas y otra por indagación de procedencia que estaban en el pasillo y tres personas fueron detenidas en una vivienda lindera. Se trata de Rodrigo Manuel G. (23 años), Elías Máximo C. (20) y Uriel Rubén (18), quienes quedaron en principio vinculados a una investigación penal a cargo de Sebastián Narvaja.
Desde Fiscalía informaron que se solicitaron actuaciones policiales para corroborar algunos datos aportados . Se realizará la audiencia de control de detención y la próxima semana tendrá lugar la audiencia imputativa.
Antes, fuentes policiales habían vinculado el búnker con «un hijo de Ariel Cantero», en presunta referencia al padre de Ariel «Guille» Cantero, conocido como Viejo y preso en la cárcel de Piñero.
Trata
Hace un mes, a poco de la implementación de la desfederalización del narcomenudeo, la fiscal Valeria Haurigot que integra la mesa de microtráfico del MPA describió sobre las situaciones de vulnerabilidad: «Apuntamos a las bandas que generen violencia altamente lesiva que impide la convivencia pacífica para quienes tiene que salir a trabajar. No buscamos ir contra el consumidor ni los eslabones fungibles (de la cadena de tráfico). Tenemos en cuenta las situaciones de vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes y mujeres en búnkeres en situación de trata de personas)”.
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La fiscal completó: “Apuntamos a los sectores intermedios y establecimos un sistema de traspaso de información con el fuero federal para los niveles más altos. Más abajo no nos interesa y responde a otra realidad”.
Una década atrás, cuando el fenómeno del búnker era relativamente nuevo, la Justicia federal optó por encuadrar la situación de tres decenas y media de víctimas de explotación -en su gran mayoría menores- dentro de estas bocas de expendio en la figura de trata de personas, ya que por ejemplo cumplían con turnos de hasta 48 horas en condiciones infrahumanas.
Una de las primeras causas se originó en agosto de 2011, cuando una mujer denunció que sus dos hijos, uno de ellos menor de edad, habían sido privados de libertad y que una amiga de uno de ellos había recibido un llamado de parte de un hombre que le solicitaba una suma de dinero por su rescate.
A los pocos días, pudieron escapar y declararon ante la Fiscalía Federal N°3 de Rosario. De esa manera, la Justicia determinó que la organización se dedicaba a la venta de drogas en distintos puntos de la ciudad, que utilizaban niños, niñas y adolescentes, a quienes habían mantenido encerrados en los búnkers y los obligaban, mediante amenazas, a vender droga a través de una ventana, en condiciones infrahumanas, sin baño, sin comida y en turnos de 12, 24 y hasta 48 horas.
En octubre de 2011 se realizaron allanamientos que arrojaron resultados negativos. Sin embargo, en abril de 2014 se realizaron nuevos procedimientos en cuatro búnkers y tres domicilios privados, en el marco de un megaoperativo. Como resultado, se secuestraron drogas y cuatro personas resultaron detenidas; tres de ellas luego fueron procesadas, en julio de 2015, por el delito de tráfico de estupefacientes (en la modalidad de tenencia con fines de comercialización), y a la vez junto con una cuarta por trata de personas con fines de reducción a la servidumbre.
