El sábado, alrededor de las nueve de la mañana, policías del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpieron en una casa de Rawson al 1800 de Villa Albertina, en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, a partir de una orden de allanamiento pedida por el fiscal Carlos Baccini de la UFI 15 de Lomas de Zamora, con el pretexto de recuperar electrodomésticos robados de la Escuela Secundaria N°26.
La orden de allanamiento no daba más precisiones y losefectivos, de acuerdo a lo denunciado por La Garganta Poderosa, irrumpieron en la casa equivocada y balearon con postas de goma a un adolescente de 17 años en la cara provocándole la pérdida de un ojo. Los padres del menor exigen el apartamiento de los efectivos y que “el Estado se haga cargo de esta injustificada violencia institucional que destruyó la vida de una familia entera”.
Según el relato de Nelson Cabrera, padrasto de Ignacio Seijas, baleado por el Grupo de Apoyo Departamental, que publicó La Garganta Poderosa, los agentes lo tiraron al piso, lo esposaron con unos precintos y le pisaron la cabeza. También apuntaron las armas reglamentarias contra su pareja, quien además llevaba en brazos a la hija de dos años. Ignacio, el otro hijo de la mujer, salió de su habitación sosteniendo el cuchillo que usaba como picaporte. No tuvo tiempo de explicar nada.
“Él estaba durmiendo, escuchó todos esos ruidos, abrió la puerta de su pieza con un cuchillo que funciona como picaporte y un policía, sin mediar palabra, le disparó en la cara. Le tiraron a matar sin dar la orden de alto ni intentar reducirlo, directamente le reventaron el ojo derecho”, relató Cabrera.
El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Gandulfo, pero por la gravedad del impacto, realizado a corta distancia, los médicos no pudieron salvarle el ojo.
“No encontrando lo que buscaban, irrumpieron en las casas de los vecinos y le secuestraron ollas y otros elementos para justificar su inoperancia policial”, destaca el comunicado difundido por los padres de Ignacio en las redes sociales, en donde además exigen “el apartamiento de la fuerza de los policías involucrados en el hecho; y que el Estado se haga cargo de esta injustificada violencia institucional que destruyó la vida de una familia entera”.
Según la versión de los policías, el disparo se realizó “en forma intimidatoria” luego de que el adolescente apareciera desde su habitación con el cuchillo en la mano. La investigación del accionar de los efectivos quedó en manos del fiscal Sebastián Bisquert de la UFI 8 de Lomas de Zamora Especializada en Violencia Institucional.
El Subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno, y la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Eva Asprella, se reunieron con la familia del menor para ponerse a disposición e impulsar el proceso judicial contra los policías.
Los funcionarios consideraron que “los agentes habrían actuaron de manera arbitraria no sólo por el uso de la fuerza desplegada, sino porque también habrían ingresado a domicilios no requeridos por la orden de allanamiento, secuestrando bienes personales de los habitantes y construyendo una versión que intentaría justificar su accionar irregular”.
