“No vamos a perseguir el consumo personal. Hoy en Rosario no se genera una causa o un traslado a comisaria por este tipo de tenencia”. A mitad del 2024, la fiscal Valeria Haurigot, integrante de la mesa de microtráfico creada por la ley de desfederalización santafesina sorprendía a quienes la escuchaban en el auditorio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Es que, según las estadísticas oficiales y aun con el fallo Arriola, marcando la inconstitucionalidad de las penas por consumir, en los últimos 12 años se iniciaron sin interrupción un total de 9.467 causas por consumo personal de drogas a personas en Santa Fe. ¿Qué había cambiado?
En diciembre, a pocos días de asumir el nuevo gobierno, la Legislatura santafesina aprobó la adhesión a la ley nacional de desfederalización del narcomenudeo, que define el paso de los delitos en la ley de drogas con menores penas del fuero federal al fuero provincial. Desde el principio de 2024 se vio la intención de la nueva administración de marcar un antes y un después. Principalmente, al destruir puestos fijos donde se vendía droga –mal llamados “bunkers”– y compartiendo los videos de esa destrucción en redes sociales y medios de comunicación afines.
En paralelo, y sin igual espectacularidad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) empezó otro trabajo: el de capacitar a los más de 160 fiscales y a las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho de Santa Fe en los nuevos criterios de persecución criminal, actualizando también su guía de actuación frente a delitos vinculados a drogas.
Respecto a los nuevos criterios, definieron que deben perseguir solo la venta y no la tenencia para consumo, atendiendo a 4 niveles de prioridad. El primero, cuando esté vinculado a otros delitos, se usen armas de fuego o sean en puestos fijos o “búnkers”. El segundo, cuando se trate de facilitación donde participen menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad. El tercero, cuando ocurra en mercados abiertos, como parques, y en especial, si hay menores de edad. El cuarto y último se centra en otras formas de alterar la tranquilidad pública.
Esto significa que en la práctica la Policía santafesina, al encontrar a una persona con escasa cantidad de droga de venta ilegal como cannabis, cocaína o éxtasis, entre otras, y sin ningún otro indicio de que fuera a venderla, no pude detenerla. Incluso, si se trata de una persona con hasta 40 gramos de cannabis y que está inscripta en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), la Policía no puede secuestrarle la sustancia. Tiene que devolverla.
Este cambio significa, además, que el Estado dejará de gastar un promedio de 2 mil dólares por cada causa por consumo personal (tal como estimaron desde la organización Reset) y, que, en general, terminaban siendo archivadas.
Para dialogar sobre este cambio en la cultura judicial y policial de Santa Fe, la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich dialogó con El Ciudadano.
–¿Cómo trabajaron en este primer año de la mesa de microtráfico?
–Tenemos dos formas de investigar estos delitos, donde varía el abordaje. Por un lado, tenemos una guía de actuación para los casos reactivos, es decir, los que llegan por flagrancia en los que la policía levanta el teléfono y los atiende el fiscal de turno. Por el otro lado, tenemos el trabajo proactivo, donde de todo lo que recibimos iniciamos investigaciones, análisis y decidimos, con base en prioridades, qué caso llevar adelante. La decisión fue priorizar los mercados de droga relacionados con las violencias extremas, que están atravesados por otros delitos como homicidio o extorsión. No vamos a perseguir solo la venta de estupefacientes, sino a la economía ilegal y sus consecuencias sociales. Por eso es importante la coordinación con los fiscales federales.
Teníamos que estar a la altura de lo que estaba pasando en Santa Fe y en Rosario, con 400 muertos al año y 800 heridos de arma de fuego, donde claramente había disputas por el mercado ilegal de drogas, entre otras disputas territoriales.
– En mayo la fiscal Valeria Haurigot dijo: “No vamos a perseguir el consumo personal. Hoy en Rosario no se genera una causa o un traslado a comisaria por este tipo de tenencia”. En un año de esta nueva política criminal, ¿se cumplió esto?
– Correcto. Es un lineamiento que está desde el primer día de la vigencia de la ley, donde lo incluimos en una guía de actuación para fiscales y fuerzas de seguridad. El consumidor no genera un legajo. Pero lo cierto es que somos una organización de 167 fiscales en distintas partes de la provincia y si bien está claro y escrito, es un trabajo continuo con la Policía y sus actuaciones reactivas de reafirmarlo. Por eso, es importante la labor de los fiscales de flagrancia que atienden la consulta.
Además de que es un lineamiento que está en la ley, fue una decisión de quienes trabajamos en la mesa de microtráfico porque, más allá de no coincidir con el objetivo a perseguir, impacta en la carga de trabajo. No voy a abrir legajos a personas que consumen, sabiendo que incluso ese legajo fiscal les puede dañar en su vida.
– ¿Cuál fue el porcentaje de requerimientos de las fuerzas de seguridad que llevaron a causas?
– De todo lo que ingresó este año terminaron siendo un promedio del 15%, un número demostrativo de qué priorizamos perseguir. No es que todas las denuncias que llegan se transforman en un caso penal y lo persigue. Pero sí nos sirven como información para analizar.
– ¿También instrumentaron un convenio con Reprocann para que desde las fiscalías en turno pudieran comprobar si la persona a la que le había encontrado cannabis estaba dentro de este permiso? ¿Cómo funcionó? ¿Les giraron muchos casos de personas con Reprocann?
– No hemos tenido muchos casos de consultas policiales en relación con personas con Reprocann. En localidades pequeñas hemos advertido personas que escudándose en esa autorización comercializaban, pero no en un número relevante.
– Si le persona tiene Reprocann, ¿las fuerzas de seguridad le devuelven la droga que llevaba? ¿Y si se trata de otra droga, pero que a criterio del fiscal es para consumo personal, también se le devuelve?
– Si la persona tiene Reprocann vigente y no surgen indicios de que esté comercializando estupefacientes, la directiva desde el MPA es no secuestrar el material, siempre que se encuentre dentro de los límites y términos de la autorización del Reprocann (NdR: 40 gramos o 6 unidades de goteros de 30 mililitros de aceite o preparados con cannabis).
Si se trata de cualquier otro estupefaciente en poder de una persona autorizada por el Reprocann, no se devuelve. Si bien existe una aplicación extensiva del fallo Arriola a los fines de la priorización del MPA, se debe recordar que la tenencia para consumo sigue siendo delito.
– ¿Qué criterio de cantidad aplicaron para otras drogas de venta ilegal (cocaína, éxtasis, hongos, etc) para desestimarlas como tenencia para consumo personal?
– No ha sido un problema porque no han sido muchos los casos. No hemos estandarizado las cantidades. Es una discusión que tenemos en marcha con la Fiscalía federal. Sabemos que en Salta sí lo tienen taxativamente definido: cuánto es consumo personal, cuánto es tenencia simple, cuánto es comercialización. Nosotros vemos cada caso concreto y si tenemos una duda consultamos con la Justicia Federal. Este diálogo también nos permite evitar conflictos de competencia que hacen más lentas las investigaciones.
– Santa Fe llega a la desfederalización casi 20 años después de su sanción a nivel nacional y en ese tiempo varios distritos fueron sumándose a la ley. ¿Qué creen que se aprendió a esas experiencias anteriores?
– Ninguna provincia lo abordó como nosotros. Incluso porque el marco legal en Santa Fe lo habilitó, dando criterios de disponibilidad y selección de lo que vamos a investigar y superando la idea de que tenés que investigar todo. Incluso a quienes consumen. Se ha criticado a algunas provincias que desfederalizaron porque se ha dicho que no traen respuestas reales. Desde el MPA pusimos esto en marcha para impactar en las violencias extremas y creemos en los resultados. Lo que ha hecho Santa Fe es innovador, distinto y está en condiciones de compartir esa experiencia con otros distritos.
– ¿Qué sería lo más importante para compartir?
– No ir a los mercados ilegales porque sí. Concentrar información, analizar y actuar en función del objetivo de persecución penal. En nuestro caso, de los mercados que generaban violencias. Es necesario tener tu propia investigación e imputar. Entonces, podés salís de la agenda reactiva y acompañar investigaciones en lo más alto de la cadena de tráfico con el fuero federal.
– ¿Cuál es el principal objetivo para 2025?
– Sostener estos lineamientos de trabajo, de actuación, de criterio de prioridades y ayudar a bajar los niveles de violencia. Queremos seguir afianzando esta forma de trabajar con todos los fiscales en el territorio y la Policía. También queremos avanzar en lugares de la provincia que quizás no tienen los niveles de violencia de Rosario o la capital, pero que también necesitan de abordajes que lleven tranquilidad.
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