Un sumariante de la seccional 9ª fue condenado a un año de prisión por haber falsificado firmas para devolver dos motos, un utilitario y una moto de agua, incautados en la causa que investiga el crimen de Luis Hereñú ocurrido en mayo de 2015 en inmediaciones de la Cooperativa de Pescadores de Frondizi y Nansen. Los vehículos habían sido secuestrados como evidencia debido a que los testigos apuntaron que la víctima fue herida dentro del local tras protagonizar un tiroteo. En la investigación del crimen hubo un gran hermetismo, aunque los trascendidos relacionaron el enfrentamiento con un tema de drogas donde está relacionada una banda que opera en el norte como en el sur.
Luis Hereñú tenía 26 años cuando fue asesinado de tres balazos el 21 de mayo de 2015 en la zona norte. El hecho tuvo varias secuencias. La primera fue a las 13.30, cuando se desató una balacera dentro del predio de la Cooperativa de Pescadores frente al parque Alem. Se terminaron de escuchar los disparos y los testigos vieron que varios vehículos salieron a toda velocidad: una moto con tres ocupantes (uno de los cuales sería Hereñú herido de muerte), una Renault Kangoo roja y otro auto de color oscuro y de alta gama alemán, nunca estuvo claro si era un Audi o BMW. Minutos después y a cinco cuadras, un llamado a la Policía advirtió sobre el pase del herido de la moto a la Kangoo. El lugar fue Artigas al 300. Lo dejaron en la puerta del hospital Alberdi, y luego una ambulancia lo llevó Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde Hereñú llegó sin vida.
Detrás del mostrador de la cooperativa, los pesquisas secuestraron tres vainas calibre 9 milímetros y otra intacta. En una pared interna había impactos de bala, lo que hizo presumir un enfrentamiento. Sin embargo, a los pocos minutos, una mujer que se presentó como secretaria del espacio desmintió con enojo esa versión y reiteró que el asesinato había ocurrido afuera. La mujer mostró una mancha escarlata en la parte trasera para fundamentar sus dichos.
La pesquisa quedó a cargo del fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Miguel Moreno, quien ordenó incautar los vehículos: la Renault Kangoo, una moto Guerrero Queen C 125, otra Guerrero G110 y una moto de agua Kawasaki Jetsky Ultra 300 con su correspondiente tráiler de traslado. Todos estos vehículos quedaron en la seccional 9ª, con jurisdicción en la zona.
Allanamiento en la 9ª
Según se desprende de la causa, el 28 de julio de ese año el sumariante Ariel Acosta –ahora condenado– falsificó firmas en los documentos y entregó los vehículos a Melisa T., la secretaria de la cooperativa, quien fue hasta la comisaría en compañía de Jorge P., otro empleado.
No pasaron 24 horas y el fiscal se enteró de la devolución de los vehículos. Moreno ordenó un allanamiento en la comisaría de Joaquín V. González al 900 junto a las detenciones del jefe Danilo Villán y del sumariante Acosta, quienes fueron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario, falsedad de documento público y encubrimiento de un asesinato. Una de la hipótesis del fiscal fue que los propietarios habían pagado al sumariante por la devolución y una de las pruebas fueron los 26 mil pesos que se encontraron en la casa de Acosta.
El 31 de julio cuando fue la audiencia imputativa, Acosta declaró ante la jueza Mónica Lamperti y reconoció haber cometido un “error”. Su excusa fue que “hacía 48 horas seguidas que estaba trabajando” y tenía a 13 presos a cargo.
El sumariante dijo que había visto a la coimputada en la causa sólo cuando ésta había ido a declarar por el crimen cometido en la cooperativa, donde trabaja como secretaria. “No sabía si era un documento apócrifo. No soy quién para saberlo. Esta gente me dijo que los mandaron del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Al otro día me llamó el comisario y me dijeron que quedaba detenido. No tenía por qué desconfiar”, dijo el imputado y agregó que la plata en su casa era por el cobro de un seguro de un auto.
En esa instancia, el comisario Danilo Villán quedó en libertad debido a que no hubo pruebas que lo relacionaran con la entrega de los vehículos.
Por su parte, la secretaria recuperó la libertad al pagar una caución de 120 mil pesos, al igual que Jorge P., el cual aportó 20 mil pesos.
El juicio
Tras la imputativa, el sumariante Acosta quedó en prisión por 30 días y luego continuó el proceso en libertad tras pagar 21 mil pesos de caución. Por tratarse de un funcionario de las fuerzas de seguridad, la causa pasó del fiscal de Homicidios Miguel Moreno a su par de Violencia Institucional, Karina Bartocci.
Fue en ese marco que ayer, ante la magistrada Raquel Cosgaya, la fiscal Bartocci y la defensa de representada por María Selene Coronel y José Luis Giacometti, presentaron un acuerdo abreviado: Acosta fue condenado a un año de prisión condicional por el delito de encubrimiento agravado, falsedad ideológica y material de instrumento público.
Además, la magistrada ordenó que el policía se capacite sobre la legislación penal y procesal, formación de Derechos Humanos y sobre el rol policial. Tiene que cumplir 60 horas de capacitación y entrega en un plazo de dos años el correspondiente certificado.
