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Un año ha sido suficiente para conocer el no-plan para reorientar la economía nacional

Los vientos de cambio que se prometieron no están enfocados en torcer el rumbo de una economía incapaz de resolver los problemas básicos de la población, sino más bien de equilibrar el descalabro que dejó la gestión de Macri, analizan los autores sobre el primer año de gestión de Alberto Fernández

Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber

Fundación Pueblos del Sur (*)

Especial para El Ciudadano

 

Alberto Fernández está completando su primer año al frente del Poder Ejecutivo Nacional, tiempo suficiente pare hacer un balance de su gestión, pero también para conocer cuál será la orientación que le dará al resto del mandato. Obviamente, el contexto puede afectar y condicionar las formas de su ejecución (como de hecho ocurrió con la llegada del covid-19), pero no hay motivo para pensar que un evento pueda cambiar la idea sobre la que se fundamenta el desarrollo de la política económica de este gobierno. Los hechos convalidan esta afirmación.

Aunque el presidente Fernández se negó a compartir con los argentinos su plan económico (lo que hubiera implicado explicitar objetivos, medidas y resultados de su gestión) ha mostrado cuál es su propuesta en esta materia en cada una de las decisiones que tomó durante este primer año de gobierno. Incluso antes del aparición del covid-19 en Argentina, en oportunidad de su discurso a los legisladores en la apertura de las sesiones del Congreso de la Nación, ya se apreciaba que los vientos de cambio que se prometieron en la campaña presidencial no estaban enfocados en torcer el rumbo de una economía incapaz de resolver los problemas básicos de la población argentina, sino más bien de equilibrar el descalabro que dejó la gestión de Mauricio Macri. En ese discurso, que resultó ser el primer esbozo de la orientación económica del actual gobierno, el énfasis estuvo puesto en las exportaciones de los sectores tradicionales, en un claro mensaje a los acreedores de la deuda pública de que la Argentina no desharía el camino trazado por el gobierno anterior, aunque en la retórica partidaria el endeudamiento y la fuga de capitales fue uno de los principales argumentos en contra de la ahora oposición.

Alguno podría decir con cierta lógica que es difícil implementar cambios estructurales en medio de una crisis fiscal y externa tan grave como la que heredó este gobierno. Ciertamente que el margen de acción actual es realmente acotado, pero nuestras urgencias sociales y económicas no admiten medias tintas, ni especulaciones políticas, ni arreglos por interés, porque son millones los argentinos que siguen esperando aquel trabajo digno que la Argentina otrora les supo dar. Nadie que intenta llegar a un destino empieza su recorrido en el sentido contrario por más sinuoso que sea el camino. Hay muchas áreas y espacios concretos en los que sí se puede avanzar en dirección al interés nacional, y son muchas las decisiones que sí se pueden tomar para avanzar hacia un cambio estructural. Lo cierto es que este gobierno no plantea un cambio, ni siquiera pone en discusión aquellas cuestiones que hacen de Argentina una colonia subordinada al interés de la oligarquía financiera internacional.

Repasando las declaraciones públicas, el objetivo que el presidente estableció para la gestión del ministro Martín Guzmán fue reprogramar la deuda externa y estabilizar la economía, dos cuestiones relevantes de la coyuntura pero que no resuelven los problemas de fondo de la economía argentina, y que son el verdadero cáncer que genera dependencia, pobreza e injusticia social.

Estabilizar no implica cambiar. Estabilizar es ordenar las principales variables de la economía en torno a una estructura económica vigente. Pero si no se cambia radicalmente aquellas cuestiones que hacen que tengamos una economía fallida, que genera pobres, exclusión y dependencia, ¿por qué motivo deberíamos esperar que esos problemas se solucionen? Es lógico pensar que si no se plantea con claridad un cambio de los fundamentos económicos y del proceso de acumulación de capital, es porque el gobierno no aspira a terminar con los problemas que ya traía la economía argentina antes de la pandemia. Es que la inflación, el déficit fiscal, el gasto público innecesario, la dependencia externa, etcétera son los síntomas de una economía concentrada, primarizada, extranjerizada y liberalizada en muchos aspectos estratégicos, y aunque se pueda equilibrar momentáneamente la macroeconomía, no habrá crecimiento y desarrollo con justicia social.

Lamentablemente, en los medios se escucha reiterada y excluyentemente que el problema es el exceso de pesos en la economía, la falta de dólares y el gasto público; todas cuestiones que copan la agenda mediática para no tocar los intereses que generan los problemas de fondo.

Entiéndase bien, para dar curso de solución real a los problemas fundamentales y prioritarios de la economía argentina hay que avanzar, al menos, sobre los siguientes temas:

• Volver a una económica industrializada que permita producir una mayor cantidad de bienes y servicios básicos para nuestra población (tales como alimentos salubres, vestido, vivienda, agua potable, educación, salud, conocimiento) por una mayor cantidad de empresas nacionales, preferentemente pymes, diseminadas por todo el territorio nacional.

• Administrar en términos del interés nacional la logística de cargas y pasajeros, las comunicaciones y el sistema financiero, que hoy están en manos de empresas y personas que no tienen interés alguno en solucionar los problemas principales del pueblo argentino (a pesar de que sí se aprovechan de los recursos y el trabajo argentino).

• Terminar con el saqueo de los recursos naturales que los recurrentes gobiernos han permitido (por acción u omisión) y que, siendo patrimonio de todos los argentinos, son nuestra base de riqueza propia que nos permitiría seguir comerciando con el mundo hasta que logremos mejorar el aparato productivo para sustituir importaciones de mayor valor; puntualmente hablamos de los recursos minerales, la fauna marina, el agua dulce, el uso del suelo, los hidrocarburos y tantos otros recursos que se desconocen por decisión o inacción de un Estado cómplice de los intereses foráneos.

• Administrar el comercio exterior en términos de un objetivo política de creación de empleo, sustitución de importaciones y desarrollo industrial; obviamente, esto requiere el necesario apoyo financiero de una banca pública comprometida con el desarrollo nacional, y una política tributaria hecha para la creación de empresas y empleo, y no para favorecer a los grandes grupo económicos que, desde los 80 en adelante, han especulado con las crisis.

• Recuperar las empresas estratégicas del país (más allá de la forma jurídica, importa el sentido y la orientación de su producción) cuya importancia supera ampliamente al objetivo de rentabilidad (a pesar de que claramente pueden también alcanzarlo) ya que cumplen una función estratégica y social; tales como, la industria naval, aeroespacial, la química y petroquímica, la hidrocarburífera, la energética, entre otras que la Argentina supo desarrollar con éxito y a niveles internacionales.

La mirada política dice todo. Si el problema es el hambre, la desocupación, la injusticia social y la pobreza, las prioridades de gobierno no pueden estar en sintonía con las pretensiones de los acreedores internacionales que siguen dictando a su gusto e interés la agenda económica de nuestro país, sea cual fuere el color político del gobierno de turno… Esto es lo que está definiendo al gobierno del Frente de Todos, por más rótulo ideológico que se le quiera poner. Esto lo saben muy bien empresarios, trabajadores, jubilados y argentinos en general, que siguen esperando la liberación nacional para ser, de una vez por todas, una patria justa, libre y soberana.

 

(*) fundacion@pueblosdelsur.org

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