“Yo no creo en la Justicia. La justicia la hago yo todos los días recordando a mi hermano y con eso salgo pelear para saber la verdad y para que nunca le pase a ningún otro pibe lo que le pasó a Pichón”. Esa fuerza, la de la militancia que descubrió con la muerte de su hermano, es la que mueve a Luciana Escobar desde hace un año, cuando vio por última vez a su hermano Gerardo “Pichón” Escobar, que apareció una semana después sin vida en las aguas del río Paraná.
En este primer aniversario, la Multisectorial Justicia por Gerardo Escobar, ayer a la tarde llevó adelante un festival por los derechos humanos y contra la violencia estatal en la plaza ubicada frente a los Tribunales provinciales, en Oroño y Pellegrini. Las actividades comenzaron a las 12 con un almuerzo popular y a la largo de la tarde se llevaron adelante distintos paneles en los que se debatió sobre “Violencia estatal en dictadura”, “Violencia estatal en democracia” y “Las herramientas para construir justicia popular”. Detrás de los disertantes de los paneles, una cortina de carteles recordaba las caras de una decena de jóvenes asesinados. Después, hubo radio abierta y tocaron murgas y bandas en vivo.
Entre las banderas con el rostro de Pichón y de otras víctimas de la violencia institucional, el centenar de asistentes escuchó las palabras de su hermana Luciana, la maestra de la escuela nocturna a la que asistía, académicos y militantes de organizaciones sociales, a los que también se sumaron los familiares de otras víctimas que iban desde la represión de 2001 hasta los casos de gatillo fácil más reciente. Todos coincidieron en un denominador común entorno a las investigaciones: todos los poderes del Estado se encubren entre sí.
El crimen de Pichón Escobar puso en la mira el boliche after La Tienda, el último lugar donde fue visto con vida, y a varios patovicas y policías que trabajaban en el local nocturno. Pichón tenía 23 años y trabajaba en la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad. El jueves 13 de agosto del año pasado salió con amigos, estuvo en el cantobar Bogart, de Santa Fe y Presidente Roca, y de ahí partió con otro joven hacia La Tienda, en Tucumán 1119.
Su compañero lo perdió de vista y, cuando salió, el patovica Cristian Vivas le dijo que Gerardo ya se había ido. Una semana después, su cuerpo apareció en las aguas del río Paraná. En ese lapso, el mencionado empleado de seguridad fue demorado porque de su casa salió la última señal de GPS del celular de Pichón. Pasaron más de diez días y este empleado de seguridad, de 36 años, fue imputado como autor del crimen de Gerardo. Sus compañeros de trabajo en el after, además de los empleados policías, ambos de 32, fueron acusados de encubrir el asesinato.
La semana pasada la investigación por la desaparición y muerte de Gerardo tuvo un nuevo traspié judicial luego de que juez federal Marcelo Bailaque resolviera que no hay pruebas suficientes para incriminar a los imputados.
A pesar de este nuevo letargo de una investigación que comenzó mal –la denuncia sobre la desaparición de Pichón no tuvo eco y eso hizo que perdieran días valiosos de recolección de pruebas–, el abogado Salvador Vera, representante junto con su colega Guillermo Campana de la familia de Pichón, adelantó que mañana presentarán la apelación del sobreseimiento y también la recusación del magistrado por mal desempeño.
Entrevistada por El Ciudadano, Luciana Escobar contó que organizaron la jornada de ayer con el fin de recordar “la alegría con la que Pichón iba por la vida” pero también para mostrar “cómo las familias salen a luchar y se juntan con otros para luchar”.
En este sentido, Luciana dijo: “Cuando te encaminás en una lucha así, te das cuenta que no sólo estás luchando por tu causa, sino por las causas de otras familias”.
Según la joven que se define hoy como una militante, en este primer aniversario logró transformar el dolor por la muerte de su hermano en lucha. Respecto a la resolución de Bailaque, Luciana dijo que cuando se enteró, se le vino todo abajo: “No podía reaccionar, no me salían las palabras. Y al otro día me levanté y dije «si yo no sigo en pie va a quedar todo en lo que dijo este juez y la causa de mi hermano se va a cajonear». Por eso voy a seguir luchando”.
Además, la muchacha se refirió a los dichos de Cristian Vivas, principal sospechoso en la causa, que habló públicamente hace unos días y dijo que es inocente. “No puedo creer que haya comparado lo que estamos pasando nosotros con lo que pasó él detenido. Está en todo su derecho a hablar, yo siempre lo respeté, a pesar de que me he bancado un montón de cosas adentro de Tribunales como el maltrato de sus familiares, o de los barrabravas que se han metido a amenazar. Yo estoy segura que ellos son parte y responsables de lo que le pasó a mi hermano y eso tarde o temprano, cueste lo que cueste, lo vamos a demostrar”.
En cero
Desde el hallazgo del cuerpo, los abogados Vera y Campana pidieron que la causa pasara a la Justicia federal, debido a que se trataba de un caso de desaparición forzada de persona, que involucraba a fuerzas policiales.
En el mismo sentido se había pronunciado en septiembre pasado el defensor provincial Gabriel Ganón, pero esto fue rechazado por el juez Luis María Caterina, en sintonía con la postura de los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria.
Pero en las audiencias posteriores las pruebas apuntaron fuertemente a la participación de las fuerzas policiales de la seccional 3ª en el encubrimiento del crimen, por lo que la Fiscalía se sumó al pedido de la querella y solicitó que pase al federal.
Para diciembre, el juez Caterina declaró la incompetencia de los Tribunales provinciales. A pesar de la negativa de la defensa, que cuestionó incluso la existencia de una muerte violenta, el magistrado hizo lugar al reclamo al entender que existe la posibilidad de una participación de personal policial en el hecho. En marzo pasado, la jueza de Cámara Georgina Depetris confirmó lo dispuesto por Caterina. En primera instancia la Justicia federal rechazó la desaparición forzada, lo que fue revocado por la Cámara de ese fuero.
