El Movimiento Todos por la Patria (MTP), liderado por Enrique Gorriarán Merlo, intentó copar hace 30 años el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 del Ejército, ubicado en la localidad bonaerense de La Tablada, en un sorpresivo ataque que dejó un saldo de 41 muertos y constituyó la última acción de envergadura en la Argentina del siglo XX emprendida por un grupo al que los medios dieron en llamar guerrilla. Aquella agobiante mañana del 23 de enero de 1989, el gobierno de Raúl Alfonsín se encontraba en su último año en un país que soportaba una crisis energética con cortes programados de electricidad y una economía que se encaminaba hacia la hiperinflación. Pasadas las 6, un camión de gaseosas, sustraído minutos antes por los atacantes en el Camino de Cintura, ingresaba por el portón de esa unidad militar con asiento en el partido de La Matanza, en el oeste del conurbano bonaerense. El grupo lanzó panfletos en la puerta del cuartel en los que se reivindicaba al coronel Mohamed Seineldín y al teniente coronel Aldo Rico, líderes de los levantamientos carapintadas que habían puesto en jaque a la administración radical en tres oportunidades (abril de 1987, febrero y diciembre de 1988, éste último apenas un mes antes de La Tablada). El denominado operativo “Tapir” debía concluir a media mañana de ese lunes, y el objetivo de Gorriarán Merlo –un ex jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que supervisó las acciones desde las inmediaciones de la unidad militar– pasaba por denunciar la inminencia de un golpe de Estado por parte de los carapintadas. Los integrantes del MTP creían que cuando la población tomara conocimiento que estaba en marcha una intentona militar contra la democracia se produciría una insurrección popular que reclamaría cambios políticos de fondo. Pero en su avance por el cuartel, los atacantes encontraron una férrea resistencia en el casino de suboficiales de la base, lo que generó una rápida intervención policial y el despliegue de más de 2000 efectivos del Ejército, que cortaron cualquier posibilidad de repliegue.
Fusilados y desaparecidos
En las primeras horas, reinó la confusión en torno a la autoría del intento de copamiento del cuartel, y sectores del oficialismo abonaban la hipótesis de que una acción carapintada se gestaba en La Tablada. Pero, a las pocas horas, desde el oficialismo se admitió que se trataba de un operativo del MTP, del que participaban antiguos militantes del ERP, la organización armada que había operado en la Argentina durante los años setenta. El Ejército rodeó la unidad y tendió un cerco sobre los atacantes, contra los que libró un combate que se prolongó durante 36 horas, con fuego de morteros y proyectiles disparados desde tanques.
El saldo final del combate de La Tablada –que significó incluso el bautismo de fuego para la infantería mecanizada que no había sido empleada por el Ejército en la guerra de las Malvinas– fue de 32 militantes del MTP muertos, en tanto que los militares tuvieron siete bajas y la Policía bonaerense dos. Las investigaciones posteriores pusieron en evidencia que buena parte de los atacantes fueron tomados prisioneros y luego fusilados por comandos del ejército y la policía. Otros fueron tomados prisioneros y nunca más volvió a saberse de ellos, pasando a ser desaparecidos en democracia.
Más allá de las hipótesis sobre un golpe cívico-militar que podía contar con el aval del candidato presidencial Carlos Menem, o las relaciones que tenía el entonces ministro de Interior, Enrique Nosiglia, con el dirigente del MTP Francisco Provenzano –capturado con vida en La Tablada, y luego desaparecido–, la acción terminó debilitando al gobierno alfonsinista, que ya venía jaqueado desde varios frentes, sobre todo desde lo que comenzaba a llamarse menemismo y el sindicalismo duro de los burócratas entronados luego de la dictadura eclesiástica-cívico-militar. Todos estaban dispuestos a hacérsela difícil al gobierno radical a la luz de algunas posturas que defendía: enfrentar al establishment –incluso con el poco consenso que tenía– de los grandes medios, el empresariado financiero y lo más recalcitrante del peronismo trasnochado del tipo Herminio Iglesias, aliado con gremios simpatizantes de las líneas políticas que coqueteaban con el poder de turno, el real y no aquel que ocupaba temporariamente el gobierno. También se develaría una serie de operaciones efectuadas por los servicios de inteligencia encaminadas a lograr impunidad para los militares implicados en el genocidio y probar la extrema debilidad del gobierno de Alfonsín.
El MTP y Gorriarán Merlo
Enrique Gorriarán Merlo y un grupo de ex militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) se sumaron en 1979 al proyecto de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Allí, por lo que se supo después, dieron los primeros trazos de lo que luego sería el Movimiento Todos por la Patria (MTP), que una década más tarde terminaría atacando el cuartel de La Tablada. Por lo que pudo saberse luego, incluso en una suerte de autobiografía en modo de entrevista, Gorriarrán trabajó en tareas de contrainteligencia para los sandinistas, organizó la policía del régimen revolucionario y dirigió un comando que, en 1980, ejecutó al derrocado dictador nicaragüense Anastasio Somoza, que se encontraba exiliado en Asunción, Paraguay. Con el retorno de la democracia en la Argentina, el miembro del buró político de la organización fundada por Mario Roberto Santucho comenzó a delinear la posibilidad de integrarse a la vida política del país en la nueva etapa que se iniciaba a partir del ocaso del partido militar luego de la derrota de Malvinas. Todavía en el exilio, Gorriarán Merlo comienza a promover en 1986 la fundación del MTP, que proponía la creación un movimiento amplio en el cual participaran sectores reformistas, cristianos y revolucionarios. Esa orientación política estaba presente en la línea editorial de la revista <Entre Todos<, que convocaba a “peronistas, radicales, intransigentes, cristianos, comunistas, socialistas e independientes por la liberación nacional”. Si bien en un principio la agrupación tenía una orientación de base y presentó incluso candidaturas en algunos distritos en las elecciones de 1987, a fin de ese año se produjo una ruptura con un sector encabezado por el teólogo Rubén Dri y el abogado y periodista Manuel Gaggero, quienes criticaron el carácter vanguardista y conspirativo que asumió el MTP. Un año más tarde, la agrupación comenzó a efectuar tareas de inteligencia sobre las actividades de los oficiales que adherían a las posiciones de los carapintadas, que habían encabezado alzamientos contra el gobierno alfonsinista. Tras el levantamiento del coronel Mohamed Alí Seineldín, Gorriarán Merlo, que en ese entonces era requerido por la Justicia por haber participado en acciones del ERP durante los años 70 pero sospechosa porque al mismo tiempo no hacía demasiado por juzgar a los implicados en el golpe de 1976, publicó una columna en el diario <Página/12< en la que llamaba a “resistir la amnistía y el golpe”. En el mismo diario, el abogado Jorge Baños denunció que estaba en marcha un golpe de Estado, y el 12 de enero de 1989 –once días antes del ataque a La Tablada– convocó a una conferencia de prensa en la que acusó al candidato presidencial del PJ, Carlos Menen, de orquestar una maniobra golpista junto a Seineldín y el histórico sindicalista metalúrgico Lorenzo Miguel. Baños, abogado de organismos de derechos humanos, resultó muerto durante el intento de copamiento al cuartel de La Tablada, y la suya fue una de las últimas declaraciones públicas del MTP.
El derrotero de los juicios: Nisman, falsedades y encubrimientos
Los juicios que siguieron como consecuencia del ataque al regimiento de La Tablada fueron observados en instancias internacionales, y las presuntas violaciones a los derechos humanos tras la recuperación del cuartel son actualmente investigadas en un proceso oral y público que se desarrolla en los Tribunales de San Martín. En la actualidad, el Tribunal Oral Federal Número 4 de San Martín lleva adelante un juicio en el cual está acusado el general Alfredo Arrillaga, jefe del operativo de recuperación de la unidad, por el homicidio de José Díaz. Entre los atacantes no hubo heridos, y cuatro de los integrantes del MTP que estuvieron en La Tablada se encuentran desaparecidos tras haber sido capturados con vida: Díaz, Iván Ruiz, Carlos Samojedny y Francisco Provenzano. Durante este juicio, que puede tener una sentencia en marzo, el ex suboficial del Ejército César Quiroga reveló que el Ejército “construyó una versión” sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron tras la recuperación del cuartel. Quiroga contó que en el juzgado de instrucción del juez Gerardo Larrambere, y ante la presencia del fallecido fiscal Alberto Nisman –que era secretario del magistrado–, debió modificar en 1990 su declaración inicial y refrendar la versión de que los cuatro desaparecidos se habían fugado de la unidad en medio del combate. La abogada Liliana Mazea, quien integra la querella, contó la importancia que tiene la declaración de Quiroga para demostrar que son ciertos los dichos de los testigos que sobrevivieron a la feroz represión. Hace 30 años que junto a organismo de derechos humanos vienen denunciando que es falsa la versión oficial acerca de lo sucedido durante la represión en el cuartel de La Tablada. “Luego de años de ser parte de juicios de lesa humanidad, de escuchar a los militares decir «no me acuerdo, pasaron muchos años» y otras mentiras por el estilo, apareció uno que confesó la verdad. Inédito”, dijo Mazea, según reprodujo el portal desaparecidosdelatablada.blogspot.com y subrayó que el militar retirado confesó ante el tribunal haber firmado una declaración testimonial, hace 30 años, a pedido de sus superiores para encubrir los fusilamientos y las desapariciones. La versión oficial, armada por el gobierno de Raúl Alfonsín y el Ejército, sostiene que José Díaz e Iván Ruiz fueron capturados y subidos a la ambulancia que conducía Quiroga. Y que luego éste se los entregó en custodia al suboficial Raúl Ricardo Esquivel, quien también estaba en el regimiento. Uno de los imputados en esta causa, que investiga la desaparición de Ruiz y Díaz, el militar Jorge Eduardo Varando, sostuvo hasta su muerte que Ruiz y Díaz huyeron del regimiento luego de matar a Esquivel. Las declaraciones del testigo llamado por la defensa sorprendieron al abogado del imputado en la causa, el ex general Alfredo Arrillaga, quien esperaba que Quiroga ratificara la declaración que figura en el expediente, tomada en agosto de 1990, en el juzgado de Morón que dirigía Gerardo Larrambebere junto a la secretaría de este caso de quien sería después fiscal de la causa Amia, Alberto Nisman. “Si no hubiera habido connivencia entre el juzgado de Larrambebere y Nisman, nunca podría haberse permitido que un testigo fuera con un auditor del Ejército”, dijo la abogada Mazea, quien agregó que la declaración inicial de Quiroga era opuesta a lo que le hicieron firmar. “El testimoniante primero sostuvo que no pasó lo que querían hacerle firmar, luego se van y el auditor del Ejército lo presiona para volver y que firme lo que se convertiría en la versión oficial”. Además, el sargento José Almada testimonió ante el TOF 4 de San Martín que hubo ejecuciones sumarias de varios de los militantes del MTP que fueron capturados con vida.
