El comisario mayor retirado Osvaldo Raúl Bejarán, que prestó servicios en la fuerza de seguridad provincial entre los años 1978 y 2008, quedó a un paso de enfrentar un debate bajo acusación de enriquecerse de manera ilegal: esta semana se realizó una audiencia preliminar donde el fiscal Gonzalo Fernández Bussy adelantó que pedirá una condena de 3 años de prisión, inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y una multa del ciento por ciento del valor del enriquecimiento.
Por un informe de la Secretaría de Control de Seguridad de la ex División Judiciales, que data de 2009, se inició una investigación administrativa contra el retirado comisario mayor Osvaldo Raúl Bejarán que derivó en una investigación judicial en el viejo sistema penal santafesino.
El uniformado ingresó a las fuerzas de seguridad en febrero de 1978 y se retiró en septiembre de 2008, plazo en el que tuvo dos matrimonios. Tras una larga instrucción, el uniformado fue procesado en 2016 por la entonces jueza Alejandra Rodenas, luego de que un peritaje determinara que sus ingresos no eran compatibles con su patrimonio.
En octubre de 2018 se puso fin a la tramitación de causas con base en la vieja normativa procesal y todas las causas pasaron al nuevo sistema penal. Una de ellas fue la de Bejarán, que quedó en manos del fiscal Fernández Bussy.
La investigación penal
De acuerdo con el procesamiento la investigación se dividió temporalmente en dos, según el plazo que duró el primer y segundo matrimonio de Bejarán. El primero se circunscribió a los años 1992-2002. Según un informe, en ese tiempo adquirió: un Renault 19 nuevo, un Renault Magane modelo 2000, una Ford F 100 y un inmueble e invirtió en mejoras edilicias en su casa por una suma de 50 mil pesos.
El segundo período investigado va desde 2003 en adelante, cuando tras un divorcio se quedó con un Renault Clio, según fuentes judiciales. Compró una chapa taxi y dos autos, uno de ellos modelo 2003. Al año siguiente otro auto y una propiedad, en 2005 un Fiat Uno, en 2006 un Renault Clio y al año siguiente otro Clio diésel. En 2008 constataron que adquirió un Chevrolet Corsa y una Blazer, también un Mini Bus, cuenta la resolución.
Según el peritaje los gastos, que incluyeron compras con tarjetas –incluso en el exterior– y la adquisición de bienes, más cinco cuentas bancarias en distintos bancos no resultaron acordes con los ingresos del uniformado –que según el fallo se integraban por su sueldo en la fuerza, el taxi y los servicios adicionales que prestó en distintas instituciones–, el jefe retirado sumó a su justificación de ingresos donaciones hechas por sus padres que según la causa no fueron documentadas.
El perito concluyó que los fondos disponibles por Bejarán no alcanzan para justificar su incremento patrimonial. Dijo que durante los años 2002, 2003 y 2004 el informe patrimonial fue negativo, por lo que no se justifica la compra de la chapa de taxi ni el resto de los bienes adquiridos en esos años, cuenta la resolución. Este fue el argumento de la ex jueza Rodenas para procesarlo.
Preliminar
Este jueves se llevó adelante una audiencia preliminar de juicio, donde la defensa de Bejarán solicitó el sobreseimiento, planteo que fue desechado por la jueza Silvia Castelli. En cambio tuvo por adecuado el requerimiento de elevación a juicio por parte de la Fiscalía, que adelantó que pedirá tres años de cárcel más una multa del ciento por ciento de monto del enriquecimiento e inhabilitación absoluta. Si bien faltan algunas acuerdos probatorios y recepciones de documentos e informes, el caso se encamina, tras más de una década, al juicio oral y público.
