Por Paulo Rosas Chávez / Especial para El Ciudadano
Todo sucedió esa noche en cuestión de segundos. Un tipo bajó del auto y se abalanzó sobre una mujer para arrebatarle su cartera. En medio de la calle, ella forcejeó con el ladrón y gritó por ayuda. Luis, que estaba a pocos metros, corrió hacia ellos e intentó evitar el atraco. No se veía nada porque estaba cortada la luz en toda la zona. El ladrón sólo atinó a disparar. La bala ingresó al cuerpo a la altura del hombro derecho. Luis cayó al suelo y el ladrón huyó en el auto que lo esperaba.
Desde la calle de enfrente, Néstor Zimbaldo lo vio casi todo. Corrió para auxiliar a la víctima. Cuando se acercó, vio que era Luis, quien yacía inconsciente: “Vi que no podía respirar bien. Tenía sangre en el pecho. Lo empecé a mover, a llamarlo por su nombre, pero no respondía. Empezó a agonizar muy rápido”. Minutos después, cuando llegó la ambulancia, Luis ya estaba muerto.
Esto ocurrió el viernes 7 de febrero, alrededor de las 9.05 (p.m.), cerca al cruce de las calles Cochabamba y Paraguay en el centro de la ciudad argentina de Rosario. Luis Becerra Serna era peruano y dos semanas atrás había cumplido 35 años.
Él llegó a la Argentina junto a sus padres y sus hermanos en 2008. David Becerra y Virginia Serna, sus papás, le aconsejaron que estudie algo, pues la educación superior es gratuita en Argentina. Pero él prefirió trabajar, y rápidamente empezó como vigilador y cuidacoches. Con el tiempo, se puso en pareja con Gabriela y tuvo una pequeña hija. Luis y Gabriela planeaban poner una verdulería juntos y ya tenían dinero ahorrado. Sin embargo, esa noche acabó con todos sus planes.
Por trabajar siempre en el sector informal, Luis nunca aportó al sistema jubilatorio. Por ello, su familia no recibe una pensión. Gabriela está tramitando su residencia legal para que ella y su hija, que nació en la Argentina, puedan recibir ayuda económica del Estado dada su situación. Pero, hasta que eso suceda, su día a día es complicado por no tener una fuente de ingresos económicos fijos.
El caso de Luis no es el único. Según información del último censo nacional argentino, de 2010, el 55,7 por ciento de peruanos que trabajaba en la Argentina no aportaba para una jubilación, es decir, pertenecía al sector informal. En ese momento, el total de la población peruana en Argentina era de 157.514 y, de estos, 113.672 tenían una ocupación.
Hoy en día la situación es más compleja. De acuerdo con estadísticas que maneja el Consulado de Perú en Buenos Aires, hay alrededor de 430.000 peruanos viviendo en la Argentina, de los cuales cerca de 350.000 residen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), es decir, más del 80 por ciento.
La migración peruana a Buenos Aires empezó con fuerza en los años 90. Perú se hallaba en una profunda crisis económica y social debido a la hiperinflación y al terrorismo que azotó al país en aquellos años. Ello ocasionó que miles decidieran buscar un mejor futuro en otros países.
Según el recién lanzado libro La migración peruana en la República Argentina (publicado por la Organización Internacional para las Migraciones – OIM), peruanos sin recursos para viajar a destinos como Estados Unidos o Japón decidieron emigrar a países de la región, como la Argentina y Chile.
La llegada en los 90
Una de ellos fue Rocío Mazuelos. Ella llegó a Buenos Aires en 1991 proveniente de Huancayo, una ciudad de la sierra peruana. Su esposo había llegado antes y había conseguido trabajo como mozo en un restaurante. El contexto económico que atravesaba la Argentina en ese entonces –la vigencia de una ley que igualaba un peso argentino con un dólar estadounidense– hizo que Rocío decidiera viajar también. Lo que no esperaba era la manera en que fue recibida.
“Una vez, estábamos en el [tren] subterráneo con mi esposo, íbamos a tramitar un documento y nos paró un policía. Nos pidió el documento y nos dijo que éramos ilegales. Nos puso contra la pared, como si fuéramos delincuentes, y le empezó a decir a la gente: ‘Estos son los que les roban. Mírenlos’”, dijo Rocío.
Pasó poco tiempo y consiguió trabajo como empleada doméstica en una casa que también le ofreció hospedaje. Sólo los domingos podía ver a su esposo, que también dormía en el restaurante donde trabajaba. En una de esas tardes libres conoció a una peruana que había sido engañada.
Ella le contó que le había pagado a un sujeto que le había prometido llevarla a Buenos Aires y conseguirle un trabajo. Pero, en realidad, lo único que hizo fue llevarla hasta la estación de ómnibus de la ciudad y dejarla ahí, a su suerte. Ella le dijo a Rocío que, desesperada, se perdió en las afueras de la ciudad y que una familia de argentinos se compadeció y le ofreció alimento y estadía temporal. Esta familia era de pocos recursos, pero no tuvieron problema con que Rocío y otros peruanos empezaran a reunirse ahí los domingos.
Con el tiempo, migrantes bolivianos y paraguayos llegaron también a ese lugar, ubicado al sur del barrio de Flores en Buenos Aires, y todos empezaron a construir sus casas con los materiales que encontraban en los alrededores. Así nació lo que hoy se conoce como el barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, antes conocido como la Villa 1-11-14. Rocío fue una de las primeras vecinas y actualmente integra la mesa de delegados. Según estadísticas, en el barrio viven más de 40.000 personas y los peruanos son hoy el tercer grupo migrante más grande, después de los bolivianos y paraguayos.
Al día de hoy, Rocío reconoce que la situación ha cambiado para los migrantes peruanos. Legislaciones emitidas después del 2003 han facilitado el trámite de la residencia argentina y el Estado vigila que no haya episodios de discriminación institucional similares al que ella, así como otros tantos, sufrieron en los 90.
Y, pese a que “en la calle sigue habiendo discriminación”, Rocío afirma que no es difícil para los peruanos conseguir trabajo. Eso sí, “muy pocos encuentran trabajo en blanco (formal)”. La mayoría de varones, dijo Rocío, “a la fuerza aprenden a ser albañiles” y “muchas peruanas trabajan en el sector textil, cosiendo en máquina, y en negro (en la informalidad)”.
Los peruanos en la Argentina hoy
La cantidad de peruanos en Argentina supera ampliamente la cifra medida por el censo del 2010. Con alrededor de 430.000 en todo el país, casi la triplica. En diálogo con Latin America News Dispatch, el cónsul General del Perú en Buenos Aires, Carlos Vallejo, señaló que los peruanos que emigraron a partir del 2002 lo hicieron “principalmente en busca de mayores ofertas laborales, educativas y culturales”.
La situación laboral de los peruanos varió mucho al comparar las cifras de los censos del 2001 y 2010. Según el primero, los varones peruanos se dedicaban más que nada a la industria manufacturera (14,2%), la construcción (16%) y al comercio mayorista y minorista y reparaciones de vehículos (26,5%), mientras que las mujeres, en su mayoría, se dedicaban al servicio doméstico (69%).
Para 2010, si bien se mantuvieron las tendencias en rubros como industria manufacturera (21,7%), comercio mayorista y minorista y reparaciones de automotores (19,3%) y construcción (9,3%) para los varones; y el servicio doméstico (34,5%) y el comercio (16,2%) para las mujeres; también aparecieron las actividades administrativas, la enseñanza y la salud como salida laboral tanto para varones como para mujeres.
Algo que también persistió, sin embargo, fue la informalidad. A partir de testimonios de peruanos recogidos por la OIM, esta institución considera que “la discriminación que padecen los y las migrantes peruanos en su acceso al mercado laboral está alimentada por las representaciones sociales que los construyen como trabajadores no calificados, sólo aptos para realizar las actividades laborales menos valoradas”.
La OIM añade que, debido a estos estereotipos y a los obstáculos para homologar diplomas escolares, “muchos trabajadores peruanos con formación terciaria o universitaria trabajan en la venta ambulante, porque no pueden acceder a otros puestos”. Además, remarcan que la falta de un contrato afecta el acceso a derechos y recursos como la salud, la jubilación, un crédito bancario o una tarjeta de crédito. En suma, la situación que hoy vive la familia de Luis.
Para Angélica Alvites Baiadera, socióloga y doctora en Ciencias Políticas especialista en migración peruana en la Argentina, la estigmatización de los migrantes peruanos, así como la de otros países sudamericanos, responde “a ciertos ritmos políticos y económicos del país”.
“Esto no quiere decir que no existan peruanos que cometan actos delictivos, sino que es algo que se pone en agenda cuando hay problemas sociopolíticos”, explica a Latin America News Dispatch.
En esa misma línea, Alvites sostiene que la relación de la comunidad peruana con la informalidad se construye a partir de dos líneas. Primero, que los sectores en los que recaen laboralmente, como la industria o el servicio doméstico, “tienen ya un alto porcentaje de informalidad”, con empleadores que abusan de una situación de irregularidad documentaria y se benefician del no pago de aportes. Y, segundo, que “el mercado laboral peruano tiene una alta tasa de informalidad”.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei) del Perú, en 2019 el empleo informal aparece con 72,6 por ciento mientras que el formal llega a 27,4 por ciento. Para Angélica, la situación laboral de origen de los migrantes va de la mano con “la necesidad de tener un trabajo para enviar dinero a sus familiar a Perú. Por eso aceptan ciertas modalidades de trabajo, no sólo informales, sino con alta cantidad de horas”.
Justicia divina
A poco más de un mes de la muerte de su hijo, David Becerra recuerda haberse sorprendido de la gran cantidad de personas, entre peruanos y argentinos, que llegaron al velorio y entierro de Luis. Muchas eran personas que lo conocieron por su trabajo como vigilador y que, al conocer su situación económica, ofrecieron rápidamente ayuda material a su familia.
Hasta el día de hoy, personas que conocieron de cerca a Luis tienen canales abiertos para llevar ayuda a Gabriela y su hija. David reconoce que, gracias a esa ayuda, su nuera y su nieta pueden sostenerse.
Sin embargo, teme que el caso de su hijo se cierre sin hallar al asesino ni a sus cómplices. Dice que muchas veces, por tratarse de la muerte de un migrante, se tiende a decir que fue un ajuste de cuentas entre delincuentes. Por eso, él se ha encargado de remarcar tajantemente que no fue así, que su hijo no estaba envuelto en actos delictivos y que lo mataron por querer ayudar a otra persona.
El fiscal Adrián Spelta, integrante de la Unidad Especial de Homicidios Dolosos de Rosario, tiene a su cargo el caso y dice que la identificación de los sospechosos se complica debido al corte de energía eléctrica que ocurrió esa noche. En diálogo con El Ciudadano, explicó que el apagón hizo que ninguna cámara de seguridad pudiera registrar el automóvil ni su patente. Pero dijo que están trabajando para obtener grabaciones de cámaras de calles aledañas que sí funcionaban esa noche y que, con suerte, los ayudarán a identificar alguna característica del vehículo. Para todo esto, no se ha establecido un plazo fijo de investigación.
Mientras tanto, David y su esposa esperan que se haga justicia con el caso de su hijo. “Y si no hay justicia, Luis solo la pedirá, porque las almas claman justicia. Eso es justicia divina. No sé si viene de Dios, pero justicia divina hay. Quiero que el alma de mi hijo sepa que estoy haciendo todo lo que puedo”.
*Agradecimiento a Fernando Manzano, doctor en Demografía e investigador del Conicet, por la ayuda con las estadísticas del censo del 2010
