El Tribunal de Concepción del Uruguay, integrado por María Evangelina Bruzzo, Fabián López Mora y Melisa Ríos condenó al sacerdote Marcelino Ricardo Moya a 17 años de cárcel por abuso sexual y corrupción de menores. El religioso fue declarado culpable de promoción de la corrupción agravada y abuso sexual simple agravado en concurso real. Sin embargo, Moya permanecerá libre hasta que la sentencia quede firme.
Tanto los fiscales Mauro Quirolo y Juan Manuel Pereyera, como los querellantes Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso habían pedido la pena de 22 años de cárcel para Moya, más la accesoria de prisión preventiva en una unidad penal hasta que la condena adquiera firmeza.
El cura fue denunciado el 29 de junio de 2015 por dos jóvenes, el médico Pablo Huck, y Eduardo Frutos, un estudiante de Derecho en los Tribunales de Paraná ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull. Pero la investigación fue derivada a la Unidad Fiscal de Villaguay, y quedó en manos de la fiscal Nadia Benedetti, que no pudo participar de la acusación en el juicio por cuanto ahora está con licencia por maternidad. Su lugar fue ocupado por los fiscales Mauro Quirolo y Juan Manuel Pereyra.
Moya llegó a Villaguay como vicario parroquial y docente del Colegio La Inmaculada: permaneció entre 1992 y 1997. Y ese lapso cometió los abusos. El médico Pablo Huck sostuvo: “A los ojos de hoy, me es difícil entender las cosas. En ese momento, yo era un pibe, y a mí me hablaban de dogmas y de pecado, y el referente espiritual que yo tenía, que tenía mi familia, me practicaba sexo oral, me masturbaba. Era muy fuerte”, dijo entonces.
Dos años después de aquella denuncia, el 29 de junio de 2017, el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, hizo lugar al pedido que formularon en forma conjunta la fiscal Nadia Benedetti y los querellantes Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, y elevó el expediente a juicio oral.
La resolución de Zaburlín fue recurrida por la defensa, peroel 31 de julio de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el planteo de prescripción formulado por los abogados defensores y confirmó la elevación a juicio.
