El Juzgado Civil y Comercial de la 7ª Nominación a cargo de Marcelo Quiroga autorizó un contrato de locación entre el Hospital Italiano y la Asociación Mutual Casa del Médico. La decisión implica la explotación por al menos 20 años de la entidad. La decisión judicial tuvo en cuenta la opinión de la comisión interventora del hospital, del gremio de la Sanidad y de la sindicatura del concurso preventivo que apunta la entidad para evaluar los distintos oferentes que presentaron ofertas ante el juzgado de Quiroga. Con la profundización en las propuestas, el magistrado resolvió inclinar la balanza hacia el grupo de origen rafaelino.
Si bien no se conocieron aún los pormenores de la resolución, en un comunicado de prensa se informó que el juez tomó en cuenta que este gerenciador reconocerá la antigüedad de los trabajadores, pagará sueldos atrasados y mantendrá las prestaciones a los afiliados de Italmedic.
El Hospital Italiano es una entidad, con fuerte arraigo en la ciudad aunque las malas decisiones y la administración deficitaria la llevaron al borde del precipicio. En 2008 se presentó en concurso de acreedores y en 2010 se llegó a un acuerdo fructífero con los acreedores por los 45 millones de pesos que debía la entidad. Pero lo que parecía una tabla de salvación no resolvió los problemas de la institución. Los desmanejos e irregularidades en su administración no cesaron; de hecho la deuda post concursal es importante y difícil de establecer ante la falta de constancias contables.
Ello derivó en la intervención de la Inspección General de Personas Jurídicas, que en septiembre de 2015 se presentó ante el juez Marcelo Quiroga, a cargo del concurso, e informó una serie de violaciones al estatuto e irregularidades en la administración; por ejemplo, en el último tiempo no había contabilidad y se cedieron facturas a una mutual, lo que derivó en una causa civil que busca la nulidad de esas operaciones.
Ante esta presentación el juez resolvió la intervención del hospital y la conformación de una comisión que intentó reordenar la institución. Luego de algunos meses, este órgano interventor concluyó que la autogestión era inviable.
Gerenciamiento
Este informe abrió las puertas al gerenciamiento. Es así que aparecieron tres grupos empresarios que hicieron sus propuestas. Ellos fueron la Asociación Mutual Argentina, de Fernando Riccomi, propietario de la prepaga Medycin; Rafael Díaz, cofundador y director del Instituto Cardiovascular Rosario, que luego bajó su ofrecimiento y entonces el mismo estudio jurídico que lo representaba acercó otra propuesta, de una mutual en formación vinculada con el grupo Villavicencio, y la Casa del Médico Mutual, cuyo referente es el empresario rafaelino Carlos Tita, que hace algunos años desembarcó en el negocio de la medicina de la ciudad a través del gerenciamiento del sanatorio Julio Corzo.
Ante estas propuestas el juez solicitó a la comisión interventora, al gremio de la Sanidad y al síndico del concurso preventivo su opinión sobre los oferentes. Cada parte dio su punto de vista y, de esta manera, se llegó a la conclusión de cederle la administración del Italiano por los próximos 20 años a la Casa del Médico Mutual, decisión que el juez dio a conocer ayer a través de un escueto comunicado, que no ahondó en razones.
Ahora la comisión interventora celebrará con la Casa del Médico Mutual un contrato de locación de bienes muebles e inmuebles para la explotación del Hospital Italiano.
Si bien no trascendieron los detalles de las obligaciones que asumirá la mutual, es sabido que el juez pretendía del gerenciador que se comprometiera a respetar la antigüedad de los empleados, a pagar los sueldos atrasados y que mantuviera las prestaciones a los afiliados de Italmedic.
En el sindicato de la Sanidad lo tomaron con cierta cautela
Juan Martino, secretario general de la Asociación Trabajadores de la Sanidad (Atsa) sede Rosario, explicó a El Ciudadano que el sindicato se notificará en las próximas horas en Tribunales de la decisión que tomó el juez Marcelo Quiroga de autorizar a la Asociación Mutual Casa del Médico para que se haga cargo de una nueva administración del Hospital Italiano de Rosario.
“A partir de allí veremos cuándo y cómo empieza la nueva gerencia y cómo se harán los contratos, entre otras cuestiones. Luego de la resolución, haremos una conferencia de prensa.”, resaltó Martino, quien recordó que ese centro de salud cuenta con 380 empleados.
“Todavía deben salarios del mes de enero y febrero, pero esa liquidación ya está hecha a través del Ministerio de Trabajo. Nos tendremos que sentar a hablar para ver cómo asumen ese compromiso”, concluyó Martino.
Santa Fe debe pagar un juicio
El máximo tribunal de Justicia del país condenó a la provincia de Santa Fe a pagar unos 40 millones de pesos a la Obra Social para la Actividad Docente (Osplad). Se trata de la cobertura que tenían los docentes de escuelas nacionales en Santa Fe antes de la ley Federal de Educación, por la que el sistema pasó al ámbito provincial en la década del 90.
La semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación atendió el reclamo de la obra social por deudas de aportes que debió hacer el Estado santafesino. En detalle, Santa Fe deberá pagar 33.253.000 pesos por la deuda de aportes y 6.600.000 por intereses y los gastos de costas. El gobierno encabezado por Miguel Lifschitz tendrá 90 días para oponer excepciones de pago.
La decisión fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
Osplad es la obra social que tenían los docentes de escuelas nacionales hasta la década del 90, cuando pasaron a depender del sistema provincial. Son pocos los afiliados en Santa Fe, ya que la mayoría se pasó a la obra social de los empleados públicos de la provincia de Santa Fe del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos). La sede de Osplad en Rosario queda en España 467.
