La causa que lleva adelante por la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos a cargo de los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y Gisela Paolicelli contra una banda de extorsionadores vinculada con el juego ilegal, que tiene como principal acusado a un lugarteniente del líder de Los Monos Ariel «Guille» Cantero, tuvo derivaciones que involucran a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación.
El empresario Leonardo Peiti, que contaba con una orden de captura en su contra y se entregó el pasado miércoles en la ciudad de Cañada de Gómez, fue imputado este viernes en el Centro de Justicia Penal y prendió el ventilador. El hombre declaró como arrepentido e involucró al fiscal Gustavo Ponce Asahad y a su superior, el fiscal Regional Patricio Serjal. Dijo que le pedían un pago mensual de entre 4 y 5 mil dólares para brindarle información y protección, contó su defensor. El empresario recuperó la libertad tras la audiencia por orden de la jueza Valeria Pedrana.
Peiti, que enfrenta una causa por juego clandestino en Melincué, fue imputado este viernes como miembro de la banda de extorsionadores que tiene como organizador a Maximiliano «Cachete» Díaz, que entre otros hechos está involucrado en la balacera al casino City Center que terminó con el crimen de Enrique Encino en enero pasado y por la tentativa de extorsión a un financista. Entre el público estuvo presente el fiscal General Jorge Baclini.
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El abogado Angelo Rossini contó que su cliente es un empresario del juego que tiene licencia en algunas provincias del norte y en Santa fe, y tras escuchar la sindicación fiscal pidió declarar como arrepentido y contó como supuestamente dos fiscales de la ciudad, Gustavo Ponce Asahad y su superior Patricio Serjal, le pedían plata a cambio de información y protección.
Contó que alguna vez su padre estuvo relacionado con el juego clandestino y se lo vinculó a su cliente, pero Peiti tiene licencia para la explotación del juego en distintas provincias y por ello le exigían dinero, siempre según el letrado, quien añadió que el contacto lo mantuvo con Serjal, que lo derivó a Ponce Asahad y pagaba entre 4 y 5 mil dólares por mes.
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El abogado agregó respecto de las imputaciones contra su cliente que no pertenece a ninguna banda, lo que discutirán en el juicio, a lo que sumó que con el jefe policial retirado Alejandro «Pipi» Torrisi, también imputado, tiene una amistad desde hace años. En cuanto a la tentativa de extorsión al financista dijo que también lo une una amistad con ese empresario y resaltó la total inocencia de su cliente en todos los hechos imputados, aseguró.
El letrado recalcó la gravedad institucional del caso, donde dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación están involucrados como personas que pedían dinero a cambio de protección, siempre según el relato de su cliente. Dijo que los investigadores “deben tomarlo y erradicarlo”, concluyó.
Al declarar como arrepentido la expectativa de la pena a imponer se reduce a la mitad. Por este motivo el empresario se fue en libertad, contó un fuente fiscal. Además la jueza Pedrana dispuso una fianza de 2 millones de pesos, la que se devolverá tras trabarse un embargo a una propiedad por 10 millones de pesos, prohibición del salir del pais y presentarse semanalmente a la Oficina de Gestión Judicial por el plazo de ley.
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