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Un ex jugador de Central fue condenado como jefe de una banda dedicada a las apuestas ilegales

La banda operaba a través de la página web Aconcagua Póker. El acusado reconoció su jefatura en la organización ilícita y fue condenado a 3 años de prisión domiciliaria y el pago de 2 millones de pesos en multa

El ex jugador de fútbol de Rosario Central y contador de profesión, Marcelo Toscanelli fue condenado a cumplir tres años de prisión domiciliaria y a pagar una multa de 2 millones de pesos como uno de los jefes de una asociación ilícita dedicada al juego clandestino en el norte provincial. La Fiscalía sindicó como el otro líder al empresario Fabricio Ciamporcero, quien enfrenta la misma acusación. La sentencia llegó este martes tras el reconocimiento de su responsabilidad mediante un acuerdo abreviado que homologó el juez Martín Gauna Chapero.

La investigación por juego clandestino en formato on line comenzó en diciembre de 2019 en la ciudad de Vera y estuvo a cargo del fiscal Regional de Reconquista, Rubén Martínez junto a los fiscales Gustavo Latorre y Nicolás Maglier. Los pesquisas detectaron que en un bar de aquella localidad se realizaban apuestas ilegales a través de medios electrónicos y telefónicos y determinaron que detrás había una organización delictiva que operaba a través de una página con apariencia de estar radicada en Europa.

En noviembre de 2020, los fiscales pidieron una serie de allanamientos entre ellos en la oficina contable rosarina de Toscanelli, ubicada en el edificio Alto Buró de Junín y Theddy, de Puerto Norte. Tras lo cual presentó un escrito poniéndose a disposición pero no se entregó.

El grupo operaba a través de la página Aconcagua Póker, que según la fiscalía tiene permiso para operar en Santa Fe. Según pudieron determinar a los apostadores se les instalaba una aplicación en un dispositivo electrónico y obtenían un usuario para acceder al sitio web y poder apostar.

“Para jugar, los usuarios eran contactados por personas que integraban un tercer nivel dentro del grupo delictivo. Se los denominaba cajeros, y eran quienes les cargaban crédito a los usuarios, en función del dinero en efectivo que esos usuarios les pagaban”, contó el fiscal.

Se entregó uno de los sindicados cabecillas de la red de juego clandestino

“Un eslabón más arriba que los cajeros estaban los encargados de llevar la contabilidad o facturación de las cuentas virtuales de cada uno de esos cajeros. Estos operadores eran una segunda línea en la asociación ilícita, operaban desde Rosario y se ocupaban de realizar la facturación, controlar el movimiento de dinero y la recaudación final. También tenían a su cargo todo tipo de trámite administrativo”, detallaron desde la acusación. Y agregaron que “había una cuarta línea que estaba integrada por personas que generaban los usuarios y las contraseñas; realizaban encargos y concretaban tareas operativas que eran pedidas por los cajeros”.

Entre los implicados además del ex futbolista y el empresario se identificaron algunos policías y otros civiles que cumplían distintos roles dentro de la organización. Según la Fiscalía, Toscanelli estaba sindicado como uno de los cabecillas de la organización junto a Ciamporcero y según estimaron eran quienes lavaban los activos ilegales a través de compra de caballos de carreras, inmuebles, embarcaciones y vehículos de alta gama.

Así el contador y ex jugador de fútbol junto al empresario encabezaban una asociación ilícita dedicada a la explotación de juego clandestino vía web. Para el fiscal “daban las órdenes sobre las metodologías administrativas y operativas para el desenvolvimiento de la organización, y disponían de los mayores beneficios económicos del fruto de las ganancias ilícitas obtenidas”.

El fiscal Nicolas Maglier, con acuerdo de la defensa de Toscanelli, a cargo de Paul Krupnik presentaron un acuerdo abreviado ante el juez Gauna Chapero. El convenio estuvo consentido por el ex jugador de fútbol, quien reconoció su responsabilidad como uno de los jefes de una asociación ilícita y por el delito de organización y explotación de juego ilegal.

En la presentación, propusieron una condena de tres años de prisión de cumplimiento domiciliario y el pago de una multa de 2 millones de pesos más una inhabilitación absoluta, explicó una fuente vinculada al caso. El acuerdo fue homologado por el magistrado, quien dictó la sentencia condenatoria.

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