El gobierno nacional dio por terminado el debate sobre los tarifazos en servicios públicos.
Esa es su voluntad, lo cual no necesariamente signifique que apacigüe el descontento y se esfumen los litigios abiertos en tribunales en la mitad de las provincias argentinas.
Los topes dispuestos para el gas, de 400% para clientes residenciales y 500% para empresas y comercios, parecen una buena noticia si se compara con el incremento inicial. Sin embargo siguen siendo impagables. Es más, el anuncio de esos máximos conlleva una condición que lo relativiza: son aplicables en función del cuatro tarifario vigente antes de las subas, de manera retroactiva al 1º de abril y siempre considerando un mismo nivel de consumo, pero si es mayor, la suba podría perforar con facilidad el techo dispuesto.
Con la electricidad el gobierno apenas si ofreció una reducción del 20% del incremento para 393 empresas electrointensivas de todo el país. La modificación es más simbólica que práctica, como lo reflejaron representantes de empresarios y comerciantes con abundantes comparaciones al estilo de “nos dijeron que nos íbamos a morir y ahora tenemos que estar contentos porque sólo nos van a cortar las piernas y los brazos” o “en lugar de tirarnos del décimo piso ahora nos vamos a tirar del quinto, pero igual nos vamos a morir”.
El gobierno reculó algo con respecto al gas, pero casi nada la electricidad. La explicación es que en el primer caso absorbe todo el malhumor y el efecto de los recursos de amparo por sí mismo; en la segunda, le transfiere costos políticos y económicos a las provincias.
En el gas, el Estado nacional es socio en la extracción y poder concedente en el transporte y distribución, por lo tanto las medidas cautelares que frenan las subas en todo el país lo afectan directamente.
En el caso de la electricidad es lo contrario. La distribución está en manos de las provincias, que la operan por sí misma o por concesión, pero en cualquier caso son ellas las que se vieron forzadas a absorber el costo social y económico del tarifazo, financiando tarifa o asumiendo con fondos propios los subsidios que la Nación da de baja, además de mayores pérdidas por los enganchados sociales y hurto de energía.
El macrismo reversionó así el “federalismo invertido” del que tanto se habló en los últimos años.
Manos vacías
El gobernador Lifschitz quedó dentro del lote de gobiernos provinciales que no recurrió a la Justicia y apostó por la vía política. Los resultados no fueron demasiado satisfactorios.
Más aún, esta semana un juez provincial de Rosario deberá decidir si a pedido de una multisectorial frena el aumento que la EPE trasladó a sus clientes. Si la respuesta es favorable al amparo colectivo en base a la ley 10.000 significará un serio problema, porque la empresa seguirá pagando 1.000 por ciento más caro el kw en el mercado mayorista pero no podrá facturar parte del sobrecosto a sus clientes. Tiembla el esquema que los gobiernos del Frente Progresista sostienen desde hace años: subsidio del presupuesto provincial para cubrir el déficit operativo de Aguas Santafesinas y autofinanciamiento vía tarifa para la EPE.
Las desprolijidades del gobierno nacional no terminaron con el tope autoimpuesto. Ahora viene todo un proceso de instrumentación práctica, desde la readecuación de la facturación hasta la devolución de montos para quienes ya pagaron (como lo refleja esta edición de El Ciudadano en la sección Ciudad). Y eso que nadie puede aún garantizar que no vaya a haber más cambios, ya que ninguno de los gobernadores (menos los del sur donde calefaccionarse no es un opción) que impulsó amparos hasta ahora se comprometió a desistir de las medidas judiciales solicitadas.
Política en el desierto
El panorama que entrega el gobierno nacional no es demasiado favorable para la misión que tienen que cumplir los principales alfiles del PRO en Santa Fe. Los diputados Roy López Molina y Federico Angelini caminan la provincia y se esfuerzan por mantener viva la llama de la esperanza.
También ellos se aferran al milagro del segundo semestre, que de a poco se está pateando para 2017. Están haciendo política con las manos vacías y una mochila llena de malas noticias. Las expectativas decrecen por goteo. Y los comunicados de prensa desbordantes de esperanza que describen a pequeños y medianos empresarios confiados en que “estamos mal pero vamos bien”, que aguantan estoicos la caída del consumo, la competencia de importados y los tarifazos, en algún momento se agotan.
Nunca podrán superar a la realidad si esa realidad no gira a corto plazo.
Esos operadores caminan la provincia, visitan empresarios e intendentes y se esmeran en tender puentes con el gobierno nacional. A veces consiguen que los funcionarios les habiliten reuniones en Buenos Aires. Allá van hombres de negocios y jefes comunales, pero de Buenos Aires abundan las promesas y escasean las soluciones. En otras oportunidades, los tiempos se extienden demasiado, o porque hay ministros y secretarios que aún no aceitaron debidamente el funcionamiento de sus carteras o porque otros intereses cierran puertas que desde el territorio intentan abrirse.
Sancor y más allá
En este último caso parece encuadrar la difícil situación de Sancor, donde al día de hoy no sólo el presidente no recibió a las autoridades del gigante lácteo, sino que surgen dudas sobre qué piensa la Casa Rosada del asunto.
Cuando el ministro de Agroindustria Buryaile aseguró que no le interesa que Sancor deje de ser cooperativa, ¿reflejó la posición de su ministerio o de todo el gobierno?
Es razonable que se desconfíe de una empresa en eterna crisis y que a lo largo de su historia requirió varios salvatajes (al igual que su principal competidora), pero tantas dilaciones y la ausencia de posicionamientos claros tienden un manto de sospechas y dudas.
El caso de Sancor se vuelve más complejo de lo que es en tanto queda atrapado en el juego de tensiones entre los gobiernos provincial y nacional.
Su suerte involucra como mínimo a dos provincias, decenas de pueblos y ciudades, y miles de trabajadores y productores agropecuarios en un área geográfica donde el Frente Progresista y el PRO disputan palmo a palmo el electorado.
Mientras tanto el vuelo en círculo de los buitres sobre “La gran empresa láctea argentina” es cada vez más bajo.
