La existencia de personas privadas de la libertad alojadas lejos de sus ciudades de arraigo es frecuente en Santa Fe. Sólo en Coronda hay unos 800 rosarinos cuyas familias deben costearse los gastos de viaje para poder visitarlos, o para llevarles comida, lo que sólo autorizan en días distintos. Para la Defensoría Pública provincial, esa distancia es un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención porque “impide cumplir con la finalidad resocializadora de la pena”. Así lo expresaron en un habeas corpus colectivo y correctivo en favor de todos los internos que se encuentran detenidos en esas condiciones. La denuncia judicial tuvo su respuesta inmediata por parte del Ministerio de Seguridad que expresó en una conferencia de prensa su total desacuerdo. El conflicto deberá resolverse en la Justicia.
La defensora provincial del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) Jaquelina Balangione y el defensor regional Jorge Miró presentaron una denuncia de habeas corpus colectivo y correctivo en favor de las personas privadas de su libertad alojadas en penales ubicados en ciudades que no son las de su arraigo “por constituir un agravamiento ilegítimo en las formas y condiciones de detención”.
Según explicaron en el escrito, “la situación actual desconoce la dignidad de toda persona privada de su libertad, impide cumplir con la finalidad resocializadora de la pena, resulta violatoria del principio de intrascendencia de la pena e importa una verdadera discriminación y un serio agravamiento de las condiciones de detención”. Detallaron que todo ello tiene un “sólido respaldo jurídico en las normas previstas tanto en Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, en la Constitución Nacional y en la Ley de Ejecución Penal, como así también en Recomendaciones de Organismos Internacionales y Reglas y Principios sobre personas privadas de su libertad”.
En la misma línea hicieron referencia al decreto provincial 4127/16 que establece el régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad y consagra “el derecho al contacto familiar”. El mismo refiere que si el lugar de alojamiento no coincide con la residencia familiar deben ser admitidos los traslados. Sin embargo, los mismos “son imposibles de realizar porque la capacidad de las unidades penitenciaras se encuentran saturadas”, según un relevamiento realizado por la Defensoría Pública.
A fin de subsanar o corregir la violación de las normas vigentes, los defensores pidieron por medio del habeas corpus “que la Justicia habilite una instancia de diálogo con autoridades del Servicio Penitenciario de Santa Fe y con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas a efectos de arribar a una solución permanente al problema denunciado, previéndose además medidas transitorias que aseguren el vínculo familiar”.
En ese sentido explicaron que “la experiencia diaria refleja el sacrificio y los recursos que los familiares deben destinar para afrontar los gastos de traslados y por ende, generar y sostener el vínculo ante la falta de contacto familiar, afectándose otras garantías como el interés superior del niño para el caso de hijas e hijos menores de edad y otras situaciones que hacen trascender la pena del imputado a terceras personas”.
Rechazo total
Desde el Ministerio de Seguridad que encabeza Maximiliano Pullaro, el planteo fue rechazado de inmediato. En conferencia de prensa, la directora de relaciones institucionales del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Lucía Masneri, expresó su total su desacuerdo. En primer lugar, dijo que el pedido de traslado de los internos a sus ciudades de origen “afecta gravemente la seguridad no sólo en el interior de los penales sino de todos los santafesinos en general”. Al respecto aclaró que la medida implicaría trasladar un mínimo de 800 personas desde la ciudad de Coronda a Rosario, lo que además implicaría tener que hacinarlos porque “800 cupos no es número para nada menor, es literalmente la mitad de Piñero y la mitad de Coronda”.
En relación a los obstáculos que implica para los familiares viajar para visitarlos, expresó que “de ninguna manera se ven afectados los vínculos familiares”. Así mencionó que el sector sur de la cárcel de Coronda, donde están alojados los rosarinos, recibió en dos meses 5000 visitas.
“Es evidente que los vínculos familiares se sostienen a la perfección. Y además están garantizados a través de comunicaciones telefónicas y escritas”.
La funcionaria sintetizó la negativa en que “no hay lugar para traerlos” y manifestó que el habeas corpus representa “un paso atrás en todos los avances que hace el Ministerio de Seguridad alrededor de la política penal en general”.
