Ya pasaron más de cuatro años desde que Rosario empezó a sufrir atentados contra edificios públicos o domicilios de empleados estatales vinculados a investigaciones narcocriminales. Además de cobrarse vidas humanas en sangrientas disputas barriales, las bandas empezaron a mostrarle su poder de fuego a la sociedad entera y a sembrar miedo ostentado total indiferencia ante la muerte cotidiana. Las balaceras no sólo intimidan y matan a rivales, en su mayoría jóvenes de sectores populares. También arrasan contra cualquiera que se cruce en su camino o que sea alcanzado por el incierto destino de una bala.
El atentado de la madrugada de este miércoles contra los Tribunales Federales de Rosario, ubicado en bulevar Oroño al 900, se inscribe como parte de esa nueva y violenta modalidad. Alrededor de las 3.30, una persona que se desplazaba a pie baleó la garita de seguridad del edificio judicial que se encontraba vacía.
La saga de atentados contra edificio públicos y domicilios particulares de empleados del poder judicial y policial comenzó en mayo de 2018 y en su gran mayoría fueron atribuidos a la banda Los Monos, cuyos cabecillas y miembros, ya que hacía días que habían recibido altas condenas en el juicio de la llamada megacausa.
Más tarde siguieron otros ataques mentados por su rival Esteban Lindor Alvarado, donde además de balaceras se registraron notas firmadas por «la mafia» y hasta hubo cabezas decapitadas de animales como parte de esos mensajes mafiosos.
Tres meses de terror
El 29 de mayo de 2018, dos domicilios que habían pertenecido al juez Ismael Manfrín fueron baleados casi en simultáneo. El magistrado había presidido el tribunal penal de primera instancia que condenó a la banda Los Monos.
Casi un mes más tarde, el 19 de junio de ese año, otro atentado hizo blanco en la casa de Juan Carlos Vienna, quien se había desempeñado como juez de Instrucción en esa megacausa a partir de la investigación del homicidio de Martín “Fantasma” Paz, asesinado en septiembre de 2012.
Un día después, el 20 de junio de 2018, Braille al 1400, uno de los domicilios que había pertenecido al policía Ariel Lotito, quien trabajó a la par del juez Vienna en el armado de la causa contra Los Monos, fue baleado. La vivienda de Gálvez al 5600 de otro uniformado que participó activamente en esa pesquisa, Luis Quevertoque, también fue atacada a tiros días después, el 1° de julio de 2018.
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Durante la pesquisa hubo varias denuncias de corrupción contra ambos policías e incluso contra el juez Vienna, aunque fueron desestimadas. Más tarde, la Justicia encontró pruebas contundentes contra Quevertoque, quien terminó condenado como miembro de la banda liderada por Esteban Lindor Alvarado.
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Ese mismo mes, el 13 de julio de 2018, balearon la casa del papá del juez Vienna, ubicada en Laprida al 3600. Dos semanas más tarde, los días 26 y 27 de julio, le llegó el turno a dos domicilios que había ocupado la jueza Marisol Usandizaga, una de las integrantes del tribunal que condenó a Los Monos, en Zeballos al 2500 y Dorrego al 1600.
También ese mes, el día 29, se registró un atentado a tiros contra la casa de un prefecto vinculado a las pesquisas contra Los Monos.
Agosto comenzó con un doble atentado. El día 4 balearon el Centro de Justicia Penal, de Sarmiento al 2800, y la fachada de un edificio ubicado en Libertad al 300, donde había vivido la jueza Usandizaga.
Al día siguiente, las balas llegaron a Tarragona al 700 bis, una vivienda que había pertenecido a la jueza de Segunda Instancia Carolina Hernández, quien por entonces había sido designada para revisar la condena a Los Monos.
Otra vivienda ubicada en Buenos Aires al 1700, que también había pertenecido a la jueza Usandizaga fue baleada el 10 de agosto.
Mientras que tres días después, los plomos impactaron en un edificio de calle San Luis al 1400 donde había vivido la camarista Gabriela Sansó, otra de las juezas que debía revisar la condena contra Los Monos como parte del Tribunal de Segunda Instancia.
Al día siguiente, el 14 de agosto, dispararon contra la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que por entonces funcionaba a metros de los Tribunales provinciales, en Montevideo al 1900.
Le siguió un atentado con granada el 28 de agosto al predio de Lamadrid al 500 bis, donde funcionaba la ex Policía de Investigaciones (PDI), actualmente renombrada como Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Por esa saga de atentados que sembró terror durante tres meses fueron condenados Guille Cantero a 22 años de prisión además de tres personas que respondían a sus directivas: Daniel “Teletubi” Delgado, Matías “Pino” César, y Leandro “Chulo” Olivera.
“Con la mafia no se jode”
A fin de 2018, una nueva ola de atentados parecía darle continuidad a la banda liderada por el clan Cantero, pero más tarde se supo que los mismos habían sido mentados por Alvarado, su histórico rival. Parte de esos ataques forman parte de la condena a prisión perpetua que recayó sobre Alvarado en junio pasado.
Esa segunda saga comenzó el 10 de diciembre de 2018 con dos atentados en simultáneo en el Centro de Justicia Penal y en los Tribunales provinciales. En ambos edificios públicos dejaron el cartel: “Con la mafia no se jode: Esteban Alvarado”.
El 19 de diciembre de 2018 dispararon contra la puerta del Concejo Municipal de Rosario. Casi un mes después, el 14 de enero de 2019, una empleada del MPA encontró la cabeza de un perro en la puerta de su casa de barrio Martin, el mismo domicilio que balearon dos semanas después.
La modalidad de atentar contra viviendas y edificios públicos continuó hasta la fecha, aunque la autoría de muchos de esos ataques no siempre se pudo adjudicar a los cabecillas de las dos grandes bandas enfrentadas o a sus cédulas.
En ese marco, el 10 de enero de 2020 balearon la oficina de Asuntos Penitenciarios de avenida Pellegrini y Alsina, cuyas instalaciones volvieron a ser baleadas en enero y mayo de este 2022.
También durante este año hubo atentados en unidades penitenciarias. Se trata del complejo carcelario ubicado en bulevar 27 de Febrero al 7800 que fue baleado dos veces. El 22 de mayo los tiros fueron dirigidos al área de la Oficina de Recepción de Detenidos y el 20 de septiembre acribillaron el frente del penal de mujeres.
En septiembre también atentaron contra el Centro Municipal de Distrito Sur ubicado en Uriburu y Buenos Aires. Ocurrió el día 4 de este mes cuando un ciclista abrió fuego y dejó un cartel dirigido Guille Cantero.
Diez días después, la puerta de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez fue baleada por un motociclista.
