La impactante filmación del accidente ocurrido en la ruta 11, en la provincia de Buenos Aires, que casi todos los argentinos han podido observar por televisión, muestra no sólo la tragedia en sí misma, que dejó a un joven inocente muerto y a su familia devastada, sino la otra cara de la moneda, no menos fatal: la de esa Argentina en donde el orden y los valores fundamentales, están por el piso, arrebatados y agónicos de un lugar a otro, junto con la mugre y el polvillo causante de la alergia social más molesta. Es decir, una anomia tan asombrosa como perjudicial.
Un insensato alcoholizado, convertido en un asesino al volante zigzagueando en plena ruta; autos tratando de evitar la colisión; una policía con una desidia rayana en el incumplimiento de los deberes de funcionario público (¿rayana?), son parte del patético cuadro que muestra cómo están las cosas en ciertos aspectos en esta Argentina que hace alarde de fortificación económica, y se ufana de no haber caído en la desgracia europea. Ojalá que así sea y así siga todo en ese aspecto, y que en unos meses más la sociedad no deba asistir a un comprometido escenario si se corre algún velo. Pero la grandeza de un país, en todo caso, no sólo se mide en razón del estado de la estructura económica. Pero aquí, históricamente, ciertas situaciones y necesidades poco importaron.
Pero se expresa anteriormente, al describir el marco del accidente, que esa es apenas una parte del cuadro. Y sí, porque hay otros personajes en este paisaje nacional, además del alcoholizado conductor y de una policía negligente que incluso podría haber incurrido en un delito. Y esos personajes son ciertos jueces, por ejemplo, o algunos legisladores que no ajustan la legislación vigente a la realidad proverbial que algunos no quieren ver, o no pueden discernir en razón de anteojeras ideológicas o interesadas.
Hasta hace unas horas atrás, el delincuente (porque es eso y no otra cosa) que conducía la camioneta marca Chevrolet, seguía libre en razón de la norma legal vigente y de la particular visión del juez de garantías, que debe formar parte de esa pléyade de magistrados que en países más serios serían sometidos a juicios políticos, en razón de ser abolicionistas de la pena. Las garantías y derechos deben contemplarse y respetarse, desde luego, se le deben tales amparos a todo ser humano, incluso al más temible delincuente. Lo que se torna inaceptable, es que de la garantía se pase a la abolición del castigo justo para el que delinque, se propicie un festival de libertades y se invite a la impunidad a que tome el cetro y la corona, reine, y acontezca lo que se observa en este tiempo y este espacio nacional: los inocentes en sus hogares enrejados, los delincuentes sin mayores dificultades para actuar, los peatones arriesgando sus vidas en las esquinas de cualquier ciudad y los inescrupulosos al volante desentendidos de sus tropelías, porque nadie (o pocos) les exigen orden y respeto por normas que son elementales.
Anteayer los diarios y canales de todo el país daban cuenta de lo siguiente: “El juzgado de garantías II de Dolores, a cargo del juez Diego Olivera Zapiola y con intervención del fiscal Norberto Meglio Salmo, llevará la causa contra el conductor Juan Carlos Choquetito, de nacionalidad boliviana e imputado por “homicidio culposo agravado”. Las fuentes revelaron que las pericias realizadas a Choquetito determinaron que conducía una pick up Chevrolet S10 bajo “una importante intoxicación alcohólica” (tenía 1,72 gramos de alcohol por litro de sangre cuando lo permitido es 0,5).
Choquetito fue detenido, pero el 6 de enero salió en libertad, pues la figura jurídica aplicada contempla una pena de hasta cinco años y es excarcelable. Por ahora, Choquetito tiene prohibido conducir vehículos”.
Y allí, estimado lector, terminó el castigo para este homicida que acabó con la vida de un joven y arrojó en el dolor más desesperante a toda una familia.
