La semana pasada, en medio del desconcierto que generó la turbulencia cambiaria y los anuncios del ministro de Hacienda Hernán Lacunza, el gobierno nacional publicó el decreto 591/2019 que modifica la Ley de Residuos peligrosos. La norma flexibiliza las restricciones para el ingreso de «desechos de papel y cartón, chatarra ferrosa, chatarra de aluminio, desechos de material plástico y vidrios», proveniente de otros países.
Es decir, el decreto habilita la importación de basura y residuos, sin necesidad de ningún certificado de inocuidad sanitaria y ambiental como se exigía anteriormente. El artículo 2 del decreto modificado prohibía todo tipo de desechos “procedentes del reciclado o recuperación material de desperdicios que no sean acompañados de un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen”.
Especialistas en materia ambiental manifestaron su preocupación ante la medida, ya que podría significar una apertura al ingreso de residuos peligrosos. La no certificación por parte de autoridades ambientales, significaría una barrera menos para facilitar la contaminación del medio ambiente local.
Otra de las consecuencias del polémico decreto, es que puede atentar contra la actividad que llevan adelante desde cooperativas de cartoneros. Es que al ingresar material de afuera, los ambientalistas coinciden en que el precio de lo que los recolectores recuperan de los residuos, tenderá a bajar y quienes viven de eso, verán reducida su oferta.
