Tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que busca profundizar sobre el estado de las causas penales en trámite contra jefes policiales por enriquecimiento ilícito, se llevó adelante una audiencia preliminar contra Omar Alejandro Pintón. El funcionario policial está investigado desde 2010 y este lunes se llevó adelante una audiencia dónde se adecuó el viejo trámite escrito al oral. La Fiscalía adelantó que pedirá tres años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito para Pintón y la jueza actuante dispuso un plazo de 10 días hábiles para que las partes tomen contacto con el expediente y ofrezcan prueba para el juicio.
Omar Alejandro Pintón fue el «habilitado» de la Unidad Regional II. Estuvo a cargo durante dos años de la jefatura de Administración y Finanzas. Desde dicha dependencia se emitían los fondos para los pago de insumos y algunos movimientos de dinero que derivaron en una investigación administrativa. En 2010 fue reemplazado en su cargo. Finalmente la investigación se judicializó.
Este lunes en una audiencia preliminar los fiscales Gonzálo Fernández Bussy y Carlos Covani pidieron la readecuación de la requisitoria de elevación a juicio (como se llamaba en el viejo sistema) a la acusación presentada en abril de 2018 y adelantaron que pedirán 3 años de prisión por enriquecimiento ilícito para el uniformado.
La jueza Silvia Castelli resolvió la readecuación del requerimiento acusatorio y tuvo en cuenta el pedido de la Fiscalía y la Defensa para conformar un tribunal pluripersonal que presida el juicio. Además fijó una nueva audiencia para el 17 de octubre y en dicho plazo ordenó a la Oficina de Gestión judicial subir a un soporte electrónico todas las actuaciones y documentos de la causa y diligenciar alguna prueba que requiere autorización judicial.
La tardanza judicial
El caso de Pintón se activa en medio de dos investigaciones policiales archivadas. La del ex jefe policial Osvaldo Daniel Toledo y el ex jefe Rodolfo Romero quienes fueron sobreseídos por prescripción por el juez Juan José Alarcón.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Daniel Erbetta impulsó, tras estos dos casos de prescripción, un pedido de informes sobre el estado de las causas contra funcionarios públicos por enriquecimiento ilícito que pasaron al nuevo sistema tras el final del sistema conclusional. A la vez se inició una investigación administrativa para saber por qué el trámite de las causas judiciales de estos dos jefes policiales tardaron tanto.
