Hace un año, un policía de civil quiso detener a un ladrón en el microcentro rosarino y lo logró. Pese a que el joven estaba desarmado le dio dos tiros por la espalda y adulteró la escena: plantó un arma al lado del cuerpo malherido y escribió en el acta que cayó en un enfrentamiento. El muchacho sobrevivió de milagro pero la verdad no se conoció por él, a quien el juez Hernán Postma le negó la palabra en la misma audiencia que lo rechazó como querellante, sino por una filmación que registró la “tentativa de homicidio” y la “falsificación de documento público”, dos delitos que le imputaron al agente. Recién este martes el joven baleado pudo ser escuchado por el juez Guillermo Llaudet de la Cámara de Apelaciones que le restituyó su derecho a ser querellante, revocó el fallo de Postma por “arbitrario” y le corrió las costas a la defensa.
Ezequiel Torres, abogado del joven baleado, celebró que por primera vez se hayan respetado los derechos de su defendido y dejado de lado los “obstáculos formales” que había planteado la defensa del suboficial de policía Maximiliano Agustín Córdoba (31) para que la víctima no pueda constituirse como querellante.
“Hace tres meses, el juez Postma no lo dejó hablar. Violó los derechos constitucionales de mi cliente ya que la participación de las víctimas en las audiencias es un derecho”, dijo Torres a El Ciudadano tras recordar que el argumento planteado para que el juez rechace la querella fue que el poder que el muchacho le firmó a su abogado “no cumplía con todas las formalidades requeridas”, pese a que ambos estaban dentro de la sala de audiencias para remendarlo de forma oral. “Hubo una resolución arbitraria por parte del juez”, remarcó Torres.
Finalmente, en la audiencia de este martes el muchacho de 27 años fue escuchado y no solo pudo expresar su voluntad de accionar penalmente contra el policía que “le tiró a matar”, sino también reclamar atención médica en su lugar de detención y un tratamiento adecuado para superar las lesiones provocadas por los balazos. El joven purga una condena desde agosto pasado a cuatro años y medio de prisión por la tentativa de robo de febrero de 2018 en la que fue baleado, unificada con una pena anterior de tres años.
La fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci no se opuso a que el joven sea querellante tras señalar que si bien el poder tenía algunas deficiencias, la víctima se encontraba presente en el recinto como para subsanar las falencias. La primera actuación de Bartocci en esta causa le valió un grave cuestionamiento ante su superior Patricio Serjal por “mala práctica judicial” dado que le tomó declaración al joven baleado sin la presencia de un abogado, agravado porque sus dichos fueron puestos en duda por los defensores públicos que actuaron en ese momento.
Con todo, el juez Llaudet resolvió dejar sin efecto la resolución de primera instancia, constituir como querellante a Facundo Olivieri y cargar en la defensa las costas que el juez Postma le había endilgado a la víctima.
El falso enfrentamiento que terminó en la detención del suboficial Córdoba ocurrió poco antes del mediodía del martes 13 de febrero de 2018, feriado de carnaval. Córdoba, quien trabajaba en la seccional 2ª de Rosario, estaba de servicios pero sin el uniforme cuando vio a un muchacho salir al trote de un supermercado chino con un arma y correr hacia una moto detenida en Maipú y Mendoza, donde otro joven lo esperaba al volante. Según consta en una filmación incorporada como prueba en la causa, el policía bajó de un auto, dio la voz de alto y se identificó. El muchacho tiró el arma en la esquina y corrió asustado hacia calle San Martín. Mientras huía de espaldas y desarmado, el policía le disparó para luego adulterar la escena y fingir un enfrentamiento a tiros que nunca existió.
A raíz de las imágenes el policía fue detenido e imputado por tentativa de homicidio y falsificación de documento público pero consiguió un arresto domiciliario luego de pagar una fianza de diez mil pesos.
