Pedro Avalos nació en San Nicolás de los Arroyos en 1955, ocho meses antes del golpe contra el presidente Juan Domingo Perón. Sus padres se mudaron a Misiones. Tuvo poliomielitis al año de edad, se sometió a 19 operaciones y como secuela de la enfermedad quedó cuadripléjico. En esos años, la autodenominada Revolución Libertadora había sacado de circulación los pulmotores porque tenían la imagen de Evita. Aprendió a convivir con su movilidad reducida y la adversidad lo persiguió: la última dictadura cívico militar lo mantuvo en cautiverio seis años y lo sometió a torturas. Nada lo venció, y hoy es un referente en los reclamos por los derechos de los discapacitados.
Avalos es abogado, y el vicepresidente de la Conjub, la Confederación de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del país que contiene a entre 6 y 8 mil centros de jubilados de la Argentina. Coordina además el movimiento «Ciudad accesible” y es miembro del «Observatorio de los derechos de la Discapacidad» de la Ciudad de Buenos Aires. hay más: participa de la Secretaría de Discapacidad de la CTA de los Trabajadores.
El último censo de 2010 arrojó que en la Argentina hay 5.114.000 millones de personas con algún tipo y grado de discapacidad. Demasiados y con poca atención por parte del Estado.
Avalos enumera los reclamos por los que pelea: la necesidad de una cobertura de salud para el 40 por ciento de la población con algún tipo de discapacidad, y que Nación cumpla con el cupo del 4 por ciento en el empleo del sector público, porque hoy sólo llega al 0.98.
No son los únicos. Insiste con el pedido de que se otorguen los permisos de kioscos inclusivos en edificios públicos y estaciones de transporte del todo el país. Sólo se habilitaron 100 de los 2 mil disponibles.
“Hoy hay más de 800 personas esperando desde hace más de 25 años y sólo se han adjudicado 100 lugares, o sea 100 puestos de trabajo», reprochó Avalos.
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En Rosario, funciona un kiosco inclusivo en el edificio de Correos de Córdoba al 700. Está gestionado por una asociación de personas con discapacidad visual, recordó el vicepresidente de Conjud.
Nacido en el 55
Pedro nació en San Nicolás de los Arroyos en el primer mes de 1955. Sus padres –un juez de primera instancia y una ingeniera que trabajaba en la Municipalidad– fueron desplazados de sus trabajos por la dictadura que derrocó a Perón. Tuvieron que irse de la ciudad bonaerense y se mudaron a Misiones, donde vivían los abuelos maternos.
Avalos tenía un año cuando se produjo la epidemia de poliomelitis del 56. Contrajo el virus y sufrió las consecuencias de esa enfermedad infecciosa producida que ataca la médula espinal y provoca atrofia muscular y parálisis.
Muchos pulmotores tenían todavía grabada la cara de Evita, y el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu los sacó de circulación en los centros públicos de salud, lo que complicó el acompañamiento de los afectados.
A Pedro la enfermedad le afectó los cuatro miembros y lo dejó cuadripléjico. Pasó por 19 intervenciones quirúrgicas en Buenos Aires.
Incluir no es separar
Avalos cursó la escuela primaria en Misiones. Una maestra iba a su casa todos los días. La secundaria la hizo en un colegio común.
Cuando lo cuenta, recuerda que hay una reforma a la ley de Discapacidad pendiente de tratamiento en el Congreso. Uno de los puntos plantea que los niños con discapacidad puedan ir a cualquier escuela. “Incluso los chicos con síndrome de down deberían poder ir a colegios con otros chicos sin discapacidad en lugar de escuelas especiales. Deben existir las escuelas especiales y ser usadas sólo en los casos en que los padres, el alumno o el maestro lo requieran”, dijo.
“Las escuelas especiales se corresponden en muchos casos con una actividad comercial. No todas, pero sí en su mayoría, y viven de los recursos del Estado”, lamentó.
Políticas que suman discapacidad
Terminada la secundaria, con un padre que había sido juez, Avalos decidió estudiar abogacía. Tenía que viajar a Corrientes. Pudo avanzar en la carrera porque podía viajar gratis en micro. Pasaron muchos años desde entonces, y lo que ve es un retroceso: hoy sólo pueden subir dos personas con discapacidad en un micro de 54 asientos y cuatro si tiene más de 54 asientos.
“Nos están negando la vigencia de los pasajes de mediana y larga distancia a millones de ciudadanos invocando una norma que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia”, señaló Avalos sobre un derecho perdido. “Las personas con discapacidad sólo acceden a un boleto si lo solicitan con uno o dos meses de anticipación y, en la mayoría de las ocasiones, cuando llegan a la ventanilla les dicen que ya no hay más».
Nacido y crecido con dictaduras
En 1976 fue detenido por los militares y estuvo preso hasta 1982. Pasó los dos primeros meses de encierro con los ojos vendados junto a otros compañeros, durante los cuales sus victimarios los sometieron a torturas sistemáticas. “Te pedían nombres y si no los dabas te seguían torturando”. Estuvo primero en el penal de Candelaria, en Misiones. Los siguientes tres años en Resistencia. Después en Caseros, en Rawson y en La Plata.
Pedro saca lo positivo de esa etapa negra. Se enfoca en la solidaridad que nace de las mini sociedades que construyó junto a los otros detenidos. “Para mí fue muy duro, porque necesito de los aparatos ortopédicos y era muy engorroso estando privado de libertad. Para bañarme, por ejemplo, me vi obligado a dar algunos pasos sin aparatos. Pero en las situaciones más dramáticas adquirí esas habilidades. Otros aprendieron a leer dentro de los centros de detención”, recordó ante El Ciudadano.
Cuando salió en libertad gestionó su pase a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y allí terminó la carrera de abogacía.
La movilidad de la lucha
La lucha contra las políticas públicas regresivas en discapacidad marcaron la vida de Pedro desde hace muchos años. Los últimos, debió redoblar esfuerzos. “Hay que hacer algo, (el presidente Mauricio) Macri se apropió de los 100 millones de dólares del fondo solidario conformado por los aportes de los trabajadores”, arremetió.
Avalos confía en la aprobación de una nueva ley de pensiones en discapacidad y en que el gobierno nacional reintegre –si no en la actual, en la próxima gestión– los mil millones de dólares que sustrajo por medio del decreto 908 de 2016.
«Exigimos además la inmediata derogación de la resolución 1231 tomada por Macri en sus últimos días de gobierno –publicada el 6 de septiembre último–, con la que deja sin prestaciones a las personas con discapacidad que residen lejos de los grandes centros urbanos, a la vez que establece metodologías unificadas en las prestaciones ajenas a las necesidades específicas de cada persona, con el miserable fin de ahorrar unos pesos en transporte, mientras en 2016 este mismo gobierno robó a la discapacidad 1.000 millones de dólares para colocarlos en bonos de la bicicleta financiera (decreto 908)», denunció.
«La reciente resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud tiene mucho olor a venganza por la derrota en las Paso, y además vulnera la ley 24.901 de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral para Personas con Discapacidad, y a los tratados internacionales en la materia», afirmó el hombre que también integra el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de CABA.
«El gobierno insiste en su ataque a las personas con discapacidad, universo que nuclea a más de 5 millones de argentinos, y ahora las personas con mayor necesidad de rehabilitación, se ven obligadas a ajustarse a solo tres sesiones a la semana, con el miserable fin de ahorrar monedas, y sin considerar las necesidades particulares de la persona en tratamiento» agregó Pedro.
Visita a Rosario
Pedro Avalos visitó varias veces la ciudad de Rosario. La última fue el jueves por la mañana donde dio una charla y habló sobre la problemática que existe y los reclamos presentados al gobierno nacional.
“Ayer me acordaba la primera vez que estuve en Rosario por estos temas, en el 2013. Nosotros en el 2014 junto con otras personas con discapacidad lanzamos un plan federal de inclusión laboral”, recordó Avalos.
Atención y consultas
Pedro Avalos atiende de forma gratuita todos los lunes en el tercer piso de Cerrito 236, en Buenos Aires, a personas sin recursos, jubiladas y dicapacitadas para abordar temas relacionados a juicios y amparos.
Para el resto del país, se puede consultar vía WhatsApp al 1137620347.
