Por Ricardo Ragendorfer / Diario Tiempo Argentino
El caso no descuidó el sagrado protocolo de la sociedad del espectáculo. De hecho, su primer signo público fue el allanamiento del Café de los Angelitos con la prensa debidamente congregada en la esquina de Rivadavia y Rincón. Despuntaba la mañana del 29 de septiembre de 2017 y, como para administrar el suspenso de la trama, la información era deliberadamente escueta; a saber: allí se buscaban pruebas para una causa por narcotráfico y lavado de dinero a cargo del juez federal de Morón, Néstor Barral.
A continuación, desde el Ministerio de Seguridad, su entonces titular, Patricia Bullrich –junto al jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici–, dio una conferencia de prensa con el objeto de resaltar la magnitud de la hazaña en curso. «Esto da para una tercera parte de El patrón del mal», soltó con jactancia, antes de esgrimir un dato que sería del agrado de la audiencia televisiva: entre los involucrados estaba el ex jugador colombiano de Boca, Mauricio «Chicho» Serna, además de la viuda y el hijo del fallecido Pablo Escobar Gaviria, quienes residen en Argentina. A la vez identificó como «cabecilla» del asunto al empresario –también de aquella nacionalidad– Juan Bayron Piedrahita Ceballos; este –especificó la funcionaria– ya se encontraba preso por la misma causa en Estados Unidos. En este punto supo revelar que la DEA participaba en el desbaratamiento de semejante gavilla junto a la UIF, la AFI, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y, desde luego, los sabuesos a su cargo.
También se supo que ese día hubo otros 34 allanamientos. Y que fue detenido el presunto jefe local de la gavilla. Junto con su esposa, su contadora y su concuñado. Se trataba del abogado y empresario Mateo Corvo Dolcet. Fue el comienzo de su peor pesadilla.
Su vía crucis en realidad había arrancado en septiembre del año anterior al recibir el jefe de la Procunar, Diego Iglesias, una carta de la DEA firmada por un tal Steven Genevech. Allí –sin ninguna prueba de peso– se lo puso en conocimiento de la ramificación en la Argentina de una pesquisa por lavado de dinero que Piedrahita dirigía, diríase, por control remoto desde Medellín. Y su responsable local no sería otro que Corvo, de quien se adjuntó informaciones personales muy precisas.
Ahora se sabe que la elección de este como chivo emisario y los datos para convertirlo en tal fueron proporcionados nada menos que por ya célebre Marcelo D’Alessio, quien habría «caminado» a Corvo desde el inicio mismo del régimen macrista. Eso consta en una reciente presentación realizada por el hombre engarronado ante el juez federal Alejo Ramos Padilla. Y que puso a la luz –entre otras disfunciones de Estado– el sólido vínculo operativo entre el espía polimorfo y la ex ministra Bullrich.
El propio D’Alessio le confió el fisgoneo sobre Corvo –y su temprana ubicación– al periodista Rolando Graña, según su testimonio en el Juzgado Federal de Dolores, donde además aportó un audio de WathsApp. El gran pecado de Corvo fue haber articulado desde 2007 un proyecto inmobiliario a través de las empresas Insula Urbana SA y Pilar Bicentenario SA: construir una estación ferroviaria (en el kilómetro 46 de la Panamericana) y un centro de transferencia para pasajeros con un edificio de 920 cocheras. Entre los casi cien inversionistas que se asociaron al emprendimiento estaba Piedrahita, un empresario ganadero con reconocida trayectoria en Colombia.
Su nexo con Corvo fue María Santos Caballero y Sebastián Marroquín (las nuevas identidades legales de la esposa y el hijo de Escobar), quienes, sin violar ley alguna, cobraron una comisión del 4% de la transacción por haber establecido el contactos. Chicho Serna aparece en la historia por haberle vendido a Piedrahita dos propiedades. Y él pagó con esas escrituras su incorporación al proyecto de Corvo. Nunca hubo delito alguno entre estas cuatro personas.
Lo cierto es que durante su ya remota juventud, Piedrahita no fue ajeno al negocio de las drogas. Pero desde fines de los ’80, absolutamente todas sus actividades estuvieron en el marco de la ley. Eso no habría sido suficiente para que la DEA desistiera de presionarlo por su pasado. Porque –probablemente en contra de su voluntad– él colaboró con tal organismo entre 2007 y 2011. El hecho es que a cinco años de concluir tal lazo, la DEA se mostró interesada en reiniciarlo. Piedrahita se negó. Y la agencia norteamericana recurrió entonces a métodos más drásticos para persuadirlo. Como su extradición de Medellín a los Estados Unidos por el soborno a un agente norteamericano a raíz un tema impositivo. Esa es la razón por la cual él estuvo preso en aquel país mientras Corvo era encarcelado en Buenos Aires. Pero tanto en Colombia como en los EE UU no había ninguna denuncia en su contra por lavado de dinero o narcotráfico. En el marco de aquella «negociación», lo de Corvo fue apenas un «daño colateral».
En este punto afloran los artífices de su infortunio: el jerarca de la Procunar, Iglesias, quien a través de una grosera maniobra de fórum shopping, giró las actuaciones hacia su juez favorito, el doctor Barral. Y este satisfizo el encargo. Con la colaboración de la AFI (a través de informes sin firma y con datos falsos), la UIF, la ministra Bullrich, el falso abogado D’Alessio y el coro periodístico de siempre.
La impostura procesal continuó en la Argentina, aun cuando Piedrahita ya había vuelto a Colombia tras cumplir su condena por coima en los Estados Unidos. Cabe destacar que –a diferencia de lo que afirmaba Bullrich– ni antes ni después tuvo en esos países denuncia alguna por narcotráfico o lavado. Es decir, su cártel no existía.
Corvo languideció 133 días en el penal de Marcos Paz.
La revisión de su caso seguramente abrirá una nueva Caja de Pandora. «
La nueva promesa del espía
El falso abogado Marcelo D’Alessio aseguró que si habla, «se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo y contra Cristina». En diálogo con el programa Secreto de sumario, transmitido por Radio 10, dijo que cuando declaró fue «manipulado por personas que están vinculadas a la causa de Nisman y di los nombres de las personas que me contrataron para hacer una acción contra (Pedro) Etchebest, pero lejos de darme custodia para mi familia, (la exministra de Seguridad Patricia) Bullrich y (el exministro de Justicia, Germán) Garavano filtraron el hábeas corpus», aseguró D’Alessio. También dijo que a Garavano le dio «dos capacitaciones» sobre «mis especialidades, terrorismo y narcotráfico», y contó la causa que investiga la venta de Gas Natural Licuado «es toda un delirio» y puntualizó que estuvo cuatro horas con el fiscal Carlos Stornelli y «hablamos hasta de Flybondi».
