En Santa Fe, la Igualdad, el Género y la Diversidad tienen su propio Ministerio. El 27 de mayo pasado, el gobierno provincial le dio esa jerarquía a la cartera que encabeza Celia Arena. Así, dio un paso más en el proceso que se inició en 2015, después del primer Ni Una Menos, con la creación de dos subsecretarías, la de Género y la de Diversidad Sexual, que en 2019 fueron unificadas y promovidas al rango de Secretaría. La permeabilización y fortalecimiento de la perspectiva de género en los distintos niveles del Estado son tendencias claras que han sido conseguidas, principalmente, por el esfuerzo y militancia de los movimientos feministas. Arena, ahora ministra, dijo a La Cazadora: “Yo siempre hago hincapié en que claramente la institucionalización que tienen hoy las políticas de género y diversidad tienen su origen en la gran presencia del movimiento organizado de mujeres que ocupó las calles, las universidades, los centros comunitarios. En la Argentina esto fue muy fuerte históricamente, y a partir del 2015 más que nada se impulsó en la agenda pública”.
El 11 de diciembre de 2015, el recién electo gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, anunciaba la ampliación del del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe con la incorporación de dos subsecretarías: Políticas de Género y Diversidades Sexuales. Exactamente cuatro años más tarde, Omar Perotti, que acababa de asumir la gobernación, unificaba y jerarquizaba estas áreas de trabajo asignándoles el rango de Secretaría. El 27 de mayo pasado, Perotti entendió la necesidad de dar un paso más, y transformó ese espacio en un Ministerio que depende directamente del Ejecutivo provincial.
¿Qué implica específicamente esta modificación? Para Arena significa continuar con una clara decisión política que se tomó al comienzo de la gestión. “Es muy importante que el Presidente y las autoridades máximas de las provincias hayan tomado esto con una decisión profunda de avanzar en políticas de igualdad para resolver las brechas que hay. En ese sentido es clave ponerlo en un plano total de igualdad con el resto de los ministerios”, afirmó. Más allá del aspecto simbólico de este cambio, la ministra expresó que tiene que ver con entender que se debe desburocratizar y eliminar la mayor cantidad de pasos posibles en las medidas que tengan que ver con estas temáticas.
Arena explicó a La Cazadora que hay tres pilares que subyacen a todas las decisiones sobre políticas de género y diversidad: la institucionalización, en relación a la instauración y formalización de programas y proyectos que abordan estos asuntos; la transversalización de la perspectiva de género en todos los niveles del Estado; y la territorialización. “La territorialización no entendida como «el gobierno provincial decide las políticas y los gobiernos locales la instrumentan», sino que nosotros tenemos líneas de acción. Después, cómo lo consolidamos en cada uno de los territorios, es un trabajo articulado con los gobiernos locales y con las organizaciones”, desarrolló la funcionaria. Además, añadió que la instrumentación es llevada a cabo teniendo en cuenta las particularidades de cada lugar y con una introducción siempre con los actores locales, sobre todo en una provincia tan extensa y diversa como la santafesina.
Para la titular del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, una de las formas de institucionalización de las cuestiones de género es la inmersión de esta mirada en lo que ella define como el “instrumento más duro de gobierno”: el presupuesto. “¿Esto que implica? Entender que los presupuestos no son neutrales porque pueden servir para el objetivo de reducir brechas o para agrandar las desigualdades si no se tiene una mirada precisa”, definió.
Trabajar en un Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) no implica, para Arena, programas presupuestarios que específicamente vayan dirigidos a las mujeres y diversidades, sino poder evaluar con esa perspectiva a todos los programas de los distintos ministerios. “Monitorear cómo, por ejemplo, un programa como la Tarjeta Única de Ciudadanía impacta diferenciadamente. Nosotros tenemos metas físicas definidas en cada uno de esos programas. Esto también sirve para definir si la decisión que tomamos es la correcta o si hay que modificarla, mejorarla, cambiarla”, manifestó.
“Hay una desigualdad que está en la base del resto de las desigualdades, que es el tema de las tareas de cuidado, que mayoritariamente llevamos adelante las mujeres, y entonces eso afecta nuestras trayectorias laborales y nuestros proyectos de vida”, expresó la ministra, y añadió que por tal motivo definieron el programa Cuidar Santa Fe, que tiene que ver con capacitación, formación, relevamiento y diagnóstico de los espacios de cuidado. “Es un trabajo a través de una mesa interministerial. Ese programa también está dentro del PPG. Son programas de lo más diversos y la idea este año es incluir 30 programas presupuestarios, que es bastante ambicioso”, puntualizó.
Respecto de la elaboración de registros y sistematización de datos sobre las problemáticas de género y diversidad, Celia Arena remarcó que para ella es muy importante el trabajo que realizan las organizaciones que registran la cantidad de femicidios, pero que el Estado es quien tiene una responsabilidad mayor. “Es clave tener este dato, pero también saber qué pasó antes de que esas personas acudieran al Estado, dónde el Estado falló antes, y hacer un seguimiento para saber qué pasa una vez que interviene la Justicia. Para nosotros es fundamental trabajar sobre la ruta crítica de la denuncia y ajustar. Sabemos que es una enorme responsabilidad aceitar los mecanismos para tener un Estado unificado ante las víctimas. Es un trabajo arduo porque en estos temas intervienen muchísimas áreas de distintos poderes”.
En el contexto de la pandemia provocada por el Covid-19 hubo un recrudecimiento de las situaciones de violencia de género: debido a las medidas de aislamiento las mujeres tuvieron que convivir con sus agresores. “Hubo un primer momento en donde fue muy complejo ver cómo hacíamos como Estado en sus distintos niveles para ver que estas mujeres pudieran acceder a estos espacios de protección o a las denuncias. La procuraduría de la Corte estableció un mecanismo digital por WhatsApp, lo mismo que las fiscalías y que el Ministerio de las Mujeres de la Nación con el 144. En la provincia de Santa Fe se estableció como servicio esencial todo el sistema de protección integral contra las violencias y se exceptuó del aislamiento a las mujeres que tuvieran que trasladarse por su seguridad o para hacer las denuncias”, relató la ministra.
Acerca de la transversalización de las perspectiva de género en los distintos niveles del Estado, Arena cree que la Ley Micaela -que establece la capacitación obligatoria en género para todos los funcionarios públicos que integran los tres poderes del Estado- es una herramienta enorme a la hora llevarla a cabo. “Más allá de que capacitamos a todos los funcionarios y funcionarias políticas, para nosotros no es un curso teórico, ni para adquirir conocimientos desde este punto de vista solamente. Lo que buscamos con esto es interpelar nuestras propias prácticas, entender que como agentes públicos y estatales, con las decisiones que tomamos, podemos cerrar o agrandar brechas, entender la responsabilidad que tenemos desde ese lugar. Por eso el año pasado capacitamos a 270 gobiernos locales y a sus equipos de género para que quede capacidad instalada, y avanzamos en convenios con organizaciones sindicales, con clubes”, aseveró.
“Es algo muy especial de Argentina esta Ley Micaela. Cómo se transformó un hecho de tanto dolor, como un femicidio, en una Ley, en algo tan disruptivo y transformador. Es entender el avance en clave de derechos humanos. Es una ley no en clave punitivista, sino que hace eje en la prevención. Si nosotras capacitamos, formamos, damos el debate, estamos previniendo, transformando. Si esto se extiende y se trabaja con profundidad, es una manera de contribuir a menos violencia”, planteó la funcionaria.
En los seis años que pasaron desde el primer Ni Una Menos, dentro de los distintos poderes del Estado hubo movimientos. Desde el Ejecutivo en los distintos niveles se crearon secretarías y ministerios, desde el Legislativo se sancionaron leyes como la ILE, cupos laborales, paridad, la Ley Micaela. ¿Es posible que el Poder Judicial haga el mismo recorrido? “En eso Santa Fe es pionera: la capacitación obligatoria en perspectiva de género y diversidad a todas las personas que aspiran a ingresar al Poder Judicial de la provincia. El proceso se lleva adelante en el Consejo de la Magistratura para la selección de todos los cargos de magistrados o funcionarios y funcionarias judiciales, en todos los fueros. El año pasado hubo una primera edición que terminó el 25 de noviembre, en la cual se capacitaron más de 300 personas”, declaró Arena. Para la titular del Ministerio, hay casos en donde claramente aún falta perspectiva de género, pero afirmó que empiezan a percibir un cambio, donde debe haber un compromiso claro del Poder Judicial para seguir avanzando. “Muchas veces claramente la vida de las mujeres tiene que ver con las decisiones que se toman en este ámbito”, apuntaló.
En este mes de junio se está debatiendo en el Congreso de la Nación, la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans, que tuvo media sanción en Diputados y ahora espera la aprobación del Senado. En la provincia de Santa Fe, existe una ley en este sentido, que está aprobada y reglamentada desde fines del 2020. “Hay un dicho que dice que las leyes son producto de su tiempo, de lo que está pasando. Se toman las demandas sociales y se plasman en leyes, cuando hay colectivos que aparte militan tanto, con tanta presencia, como hicieron estos movimientos los últimos años en nuestro país. Si uno mira un poco atrás, la Ley de Identidad de Género fue una ley maravillosa”, dijo. Hay leyes que palpablemente cambian vidas, y en referencia a esto la funcionaria opinó: “A veces con las legislaciones es muy difícil visualizar eso, porque son cuestiones más de forma. Pero en esto, como la de Matrimonio Igualitario, claramente son el marco para cambiar vidas. Esta cuestión que siempre digo, que nos gusta tanto a los peronistas: «para que reine en el pueblo el amor y la igualdad». Que se apruebe esto a nivel nacional es muy importante porque además de reflejar lo que pasa y las luchas que hay en la sociedad, también tienen un papel disruptivo, darle centralidad a temas que es importante trabajar con políticas públicas”.
“Nosotros también tenemos un compromiso, más allá de la instrumentación del Cupo Laboral en la provincia, en avanzar con políticas de igualdad. Ante el alto grado de vulneración de derechos de estos colectivos, hay algunas cuestiones sobre las que nos parece prioritario trabajar y por eso tenemos en marcha ya un EEMPA inclusivo en la ciudad de Santa Fe, que estamos poniendo ahora en marcha en Rosario y en Reconquista, porque nos parece fundamental que puedan completar su trayectoria educativa”, explicó Arena.
La ministra apuntó que más allá de crear estos espacios, que fueron una demanda de muchas personas de la diversidad porque se habían sentido excluidas en su momento y querían un ámbito cuidado con docentes que tuvieran una formación inclusiva, a la vez están trabajando con los equipos de educación para que todos los EEMPA y todos los ámbitos educativos en todos los niveles sean inclusivos.
