La investigación por el contrabando a Bolivia de material represivo sumó este domingo un nuevo documento que podría constituirse como prueba en la causa judicial, al conocerse una declaración firmada por un oficial de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en la que reconoce que el 13 de noviembre de 2019 se le ordenó «recoger» 40.000 municiones antitumulto que habían llegado desde Argentina.
El documento, difundido por Página/12 y al que también accedió Télam, está firmado por el jefe de subsección de Almacén Central Material Bélico de El Alto de la FAB, Wilfredo Chura Condori, y detalla que ese día se recogieron de un hangar del aeropuerto de El Alto «40.000 municiones antitumulto calibre 12/70, 50 granadas de gas de tipo CN, 19 granadas de gas CS, 52 granadas de gas HC, como también 18 sprays lacrimógenos MK9 y 5 sprays MK4».
El informe rubricado por Chura Condori está dirigido a un coronel de la misma FAB, se confeccionó hace exactamente un mes -el 15 de julio pasado- en razón de la investigación que se lleva a cabo tanto en Bolivia como en Argentina, y en su primer párrafo identifica al cargamento mencionado como «material antidisturbios procedente de la República Federal (sic) de Argentina».
En otro apartado del texto, el oficial de la FAB relata que se constituyó para «el recojo del material antidisturbios» por indicación de dos superiores, el subjefe del Departamento IV-Logística del Estado Mayor General de la FAB, coronel Oscar Gutiérrez, y del jefe de la sección de Material Bélico Mario Suárez Melgar.
El cargamento, sigue Chura Condori, «se trasladó al Almacén Central de Material Bélico con la presencia del subjefe del Departamento IV-Logística EMGFAB» (por el coronel Gutiérrez), y allí «se procedió a levantar un registro del material antidisturbio» que había llegado desde Argentina y que provenía de unas partidas producidas por la empresa estatal Fabricaciones Militares.
Esta revelación suma otra prueba que demuestra que en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 fuerzas armadas y de seguridad de Bolivia recibieron pertrechos represivos procedentes de la Argentina en el aeropuerto militar de El Alto, un cargamento que había llegado hasta allí en el avión Hércules C-130 que trasladó a La Paz a un contingente de once efectivos del grupo Alacrán de Gendarmería.
Ese avión transportó 70.000 municiones antitumulto, junto a las granadas de gases lacrimógenos y los sprays de gas pimienta, y para justificar tal cantidad de munición el jefe del grupo Alacrán comunicó que era lo que necesitarían para custodiar la embajada argentina en La Paz y la residencia del embajador en la misma ciudad, lo que no suena creíble.
De esas 70.000 balas antidisturbio calibre 12/70 que llegaron en el Hércules, 40.000 quedaron de este modo en manos de la FAB mientras que otras 26.900 fueron recibidas por la Policía boliviana, por lo que aún resta saber qué ocurrió con los 3100 cartuchos restantes, datos que surgen de la investigación administrativa que viene realizando el actual gobierno de Bolivia, a cargo de Luis Arce.
Otro documento incriminatorio que apuntaló la denuncia del contrabando es la carta que el entonces comandante de la FAB, Jorge Gonzalo Terceros Lara, envió ese mismo 13 de noviembre de 2019 a quien revestía como embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, para «agradecerle por la colaboración prestada a esta institución armada en el marco del apoyo internacional entre nuestros países debido a la situación conflictiva que vive Bolivia».
El informe conocido este domingo, en el que el oficial de la FAB Chura Condori consigna que recibió órdenes de trasladar los pertrechos represivos a un almacén de la fuerza, reafirma la hipótesis de que las pertrechos de Gendarmería fueron utilizados en la represión contra los manifestantes que denunciaban un golpe de Estado.
Mientras se difundía este documento, la investigación judicial por el presunto contrabando agravado se encuentra temporalmente sin juez ya que los tres magistrados que intervinieron hasta ahora -Javier López Biscayart, Alejandro Catania y Rafael Caputo, los tres del fuero Penal Económico- se excusaron y plantearon que todas las actuaciones referidas a estos hechos deben acumularse en una única causa.
