Hace tres años, una banda de policías que entraba a robar a domicilios particulares con órdenes de allanamientos apócrifas cayó in fraganti en medio de un falso operativo en una vivienda del barrio Barranquitas de Santa Fe. Entre los cuatro uniformados que a golpes de puño y culatazos amenazaban al dueño de casa para que le entregue sus ahorros estaba Oscar Adrián “Tripa” Celer, un agente de 43 años que terminó condenado a cinco años de cárcel por ese hecho. Ahora, el ex policía será sometido a un juicio oral y público por enriquecimiento ilícito en una causa donde la Fiscalía solicitó que se lo embargue por casi cuatro millones de pesos. También tiene reservado un banquillo en la Justicia Federal en un caso que lo tiene procesado por ser la pata local de una banda narco paraguaya.
Riqueza sin justificar
Cuando Tripa Celer fue detenido el 6 de noviembre de 2017 durante el falso allanamiento que montó junto a sus cómplices para irrumpir en una vivienda y apretar a sus moradores, ya hacía cuatro años que su patrimonio era investigado. Ahora, esa pesquisa llega a juicio oral de la mano de los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, quienes solicitaron cuatro años de cárcel por enriquecimiento ilícito y el pago de una multa de 3 millones 789 mil pesos.
Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el pedido forma parte de una causa iniciada en 2013 que detectó inconsistencias en el patrimonio de Celer cuando aún era suboficial de la Policía de Santa Fe. El planteo tuvo lugar este miércoles durante la audiencia preliminar al juicio realizada ante la jueza Susana Luna.
“En enero del año pasado, la división de Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos de la Policía le requirió que justificara el aumento extraordinario de su patrimonio en esos cinco años”, informaron los fiscales en referencia al periodos desde 2013 a 2017. “A pesar de su obligación de hacerlo por su condición de funcionario público, no lo hizo”, indicaron.
Desproporcionado
Hernández y Jiménez recordaron que la investigación se inició a raíz de una denuncia anónima de diciembre de 2013. “La División de Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos recopiló información de los bienes y deudas del imputado, y de allí surgió el pedido de justificación del incremento patrimonial”, explicaron.
También señalaron que “una vez reunido el material probatorio se le requirió al imputado que justifique la procedencia de los fondos utilizados para la adquisición de los bienes. Si bien realizó un descargo en enero de 2019 no acompañó ningún documento respaldatorio que lo sustente”.
De esa manera enumeraron que en esos cinco años el entonces policía realizó transacciones con tres automóviles, dos camionetas, un cuatriciclo, una motocicleta, dos embarcaciones y un inmueble de 374 metros cuadrados ubicado en Sauce Viejo”. Agregaron que también es propietario de otros bienes, entre ellos, un inmueble en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Los fiscales dijeron estar ante un incremento patrimonial “apreciable y desproporcionado que representa más del doble del total de los ingresos que percibió como funcionario policial durante los cinco años relevados”. A modo de ejemplo explicaron que “aún percibiendo el triple de lo que recibía en carácter de salario, no llega a justificar su incremento patrimonial”.
Durante la audiencia, los fiscales detallaron la fórmula que utilizaron para actualizar los montos no justificados a enero de 2020 y decidieron solicitar un embargo por 3.789.842,12 de pesos.
El antecedente condenatorio del policía y la causa que tiene pendiente en la Justicia Federal por narcotráfico completaron los argumentos de la Fiscalía para concluir que las riquezas que el ex policía no pudo justificar hayan sido fruto de sus actividades ilícitas. Ahora, sólo resta fijar la fecha del juicio oral y sortear al juez que presidirá el debate, agregaron los voceros del MPA.
Sin orden judicial
Según la Fiscalía, Celer firmó en un acuerdo abreviado una pena a cinco años de cárcel por el delito de tentativa de robo calificado por ser en poblado y en banda; por el uso de arma de fuego; y por ser miembros de una fuerza de seguridad por el falso allanamiento del 6 de noviembre de 2017.
Los otros integrantes de la banda que lo acompañaban eran los policías Cristian Basilio Gutiérrez, de 40 años; Leonardo Abel Velázquez, de 33, y Exequiel Sebastián Romero, de 37.
El cuarteto entró con los uniformes oficiales a una casa ubicada en barrio Barranquitas de Santa Fe en la que realizaron un allanamiento sin orden judicial. Los vecinos fueron quienes llamaron al 911 y cuando llegaron más policías del Comando Radioeléctrico se encontraron con sus colegas que revolvían el domicilio a punta de pistola y sin ninguna orden que los avalara.
Droga paraguaya
Hace un año, la Justicia federal procesó a Celer acusado de traficar durante 2017 cargamentos de marihuana y cocaína a Santa Fe por medio de una organización narcocriminal con base en Paraguay. De esa manera, Celer fue señalado por ser la pata local del santafesino radicado en Paraguay conocido como Gordo Pascuala.
El procesamiento fue dictado en noviembre de 2019 por el juez federal Francisco Miño, quien hizo lugar al pedido del fiscal Walter Rodríguez.
Entre los elementos probatorios se encuentra el celular que le secuestraron a Celer al momento de su detención, donde hay 13 mensajes de whatsapp en el que intercambia mensajes con el Gordo Pascuala radicado en Paraguay.
“Vamos a ver cómo sale este trabajo. Una vez que vos lo hagás y después yo te prometo uno que lleva 1000 kilos y armas”, dice uno de los mensajes.
Además del contrabando de drogas y armas, se presume que Pascuala era quien le enviaba información de los vendedores de drogas en la capital provincial que el policía Celer visitaba con su banda para “mejicanear” con falsos allanamientos.
Según la investigación del fiscal Rodríguez, Celer traficó estupefacientes y armas de guerra desde Paraguay con el objetivo de comercializarlos. Y por esos delitos fue procesado.
