Un llamado al 911 alertó del robo de una bicicleta. Los asaltantes eran un hombre y una mujer. Asignaron personal policial en un móvil al lugar. Tas la descripción de los ladrones, los uniformados demoraron a una pareja que circulaba en moto con una bicicleta al lado. Los llevaron a la comisaría 10ª. Hasta allí fue la madre de la joven, quien denunció que uno de los policías que detuvo a la pareja le pidió 10 mil pesos para mejorar la situación procesal de su hija, y también que quería quedarse con el celular que le habían secuestrado. Este jueves, el uniformado fue imputado de incumplimiento de los deberes de funcionario y cohecho activo. Su defensor alegó que la denunciante le preguntó al policía “còmo podían hacer” y si bien no figuró el secuestro del celular en el acta, sostuvo que la entrega se hizo después porque su defendido se lo olvidó en el bolsillo. Pero no convenció al juez, que admitió la imputación y lo dejó detenido.
La tarde del lunes pasado un llamado al 911 alertó sobre el robo de una bicicleta en zona norte. Al lugar fue comisionado un móvil policial con dos uniformados. Jonatan Pascual, de 28 años, manejaba el patrullero. En Sabín y Darragueira, la víctima contó lo sucedido y brindó la descripción de los asaltantes.
Con las características de los ladrones, un hombre y una mujer que circulaban en moto, los uniformados patrullaron la zona y al llegar a Juan B. Justo vieron a una pareja en moto y con una bicicleta a cuestas.
Los detuvieron y por razones de jurisdicción llevaron el procedimiento a la seccional de Darragueira 1139. La mujer detenida llamó a su madre para avisarle mientras que una vecina también le contó que a su hija se la había llevado la Policía por un robo.
Verónica se fue hasta la dependencia. Según la imputación fiscal, allí la recibió Pascual y le preguntó si era la madre de la detenida. Apenas contestó, el policía le pidió 10 mil pesos para mejorar la situación procesal de la joven.
“Ya está todo arreglado, es para zafar a su hija”, le dijo el uniformado a la mujer, según consta en la denuncia, en la que agregó que el policía también le advirtió que se quedaría con el celular para comprobar si era robado, y luego se lo llevaría a su casa a cambio de un dinero más.
La mujer se negó y el uniformado insistió. Entonces, Verónica fue a hablar con el comisario. El jefe de la dependencia le dijo que realizara la denuncia o abriría una investigación de oficio. La mujer hizo la presentación que terminó con la detención del policía.
El procedimiento policial
El fiscal José Luis Caterina quedó a cargo de la pesquisa y en la audiencia de este jueves contó que hubo varias actas por el hecho. En la primera se cuenta la actuación pero no figura el celular secuestrado a la detenida, quien junto al hombre, ya fueron imputados por el robo.
La información sobre el celular tampoco figura en el acta de la detención de ambos, ni en otra sobre la cadena de custodia de otros objetos secuestrados, como una mochila, una cadenita y unas llaves. Aunque aclaró que tras la denuncia llegó un acta más: en ésta sí consta la cadena de custodia del celular de la joven detenida, pero llegó a la comisaría 10ª a través de otra uniformada, ajena a esa dependencia. Estaba firmada por el segundo policía que iba en el móvil.
El defensor oficial de Pascual contó que el celular que tiene su defendido es de alta gama, y tiene un valor mucho mayor que el de la detenida. Explicó que tras salir de la comisaría se dio cuenta de que le faltaba su celular y que en el bolsillo tenía el de la detenida, pero como los asignaron a un nuevo procedimiento, hicieron el acta de la cadena de custodia del teléfono en la comisaría 30ª y lo llevaron a la 10ª.
El defensor ofreció que esta situación se podría comprobar con el GPS de los móviles. Y sostuvo que fue la madre de la joven quien le habló a su cliente, y no a la inversa: le dijo que «conocía gente en la Fiscalía» y le preguntó «cómo podían hacer». Además, el letrado destacó el legajo de su defendido, de quien aseguró que no tiene antecedentes.
Tras escuchar a las partes, el juez Nicolás Foppiani admitió la imputación y dictó la prisión preventiva por el término de ley.