El fracaso de las políticas penitenciarias en materia de reinserción no está en discusión. Nadie sale mejor del encierro y sólo un pequeño porcentaje de presos tiene acceso a la educación o al trabajo. La vulneración de derechos dentro de las cárceles se ve reflejada en constantes presentaciones judiciales que dan cuenta de cómo es la vida detrás de las rejas, lo que empeora cuando se trata de mujeres. Sin embargo, el presupuesto que se invierte no es para nada menor. En Santa Fe hay 5.446 personas privadas de la libertad y, según cálculos oficiales, cada una implica un gasto de 17 mil pesos mensuales. “Es verdad que tenemos muchas limitaciones. Pero cuando empezamos la gestión, el 50 por ciento de los detenidos se encontraba alojado en comisarías. A mediados de 2016 redujimos ese número al 20 por ciento. Hoy, el 91 por ciento de la población penal santafesina está bajo la órbita del Servicio Penitenciario”, explicó el secretario de Asuntos Penitenciarios provincial Pablo Cococcioni.
“Fue una decisión. No podíamos tener una política más o menos seria si antes no sacábamos a todos los presos de las comisarías. Porque iba a impactar sólo en uno de cada dos presos. Primero había que incluir y unificar el régimen para que todos tuvieran las mismas reglas de juego. Ahora sí estamos sentando las bases para poder empezar a trabajar en la cárcel”, agregó.
Esa decisión, explicó Cococcioni, requirió una fuerte inversión en la obra pública con el traspaso de la Alcaidía de Policías al Servicio Penitenciario y la ampliación y creación de cárceles. La última, que está en obras desde el año pasado y se prevé su finalización para diciembre próximo, le cuesta al Estado santafesino 345 millones de pesos.
El nuevo complejo penitenciario está ubicado en la zona sudoeste de Rosario, en bulevar 27 de Febrero al 7800, y se prevé que allí funcionen la Alcaidía de varones y el nuevo Instituto de Recuperación de Mujeres, que actualmente se encuentra en Ingeniero Thedi 375, de barrio Refinería, en un edificio que no cumple con los mínimos requisitos para alojar mujeres con sus hijos pequeños.
“Hoy la estructura es imposible. Son dormitorios semicolectivos en dos plantas, sin luz ni ventilación. Por más herramientas que queramos agregarle, lo que el edificio no te da, la gestión no te lo agrega”, reconoció Cococcioni e hizo una comparación de género desde su lugar de gestión: “La penitenciaria mujer está hoy en peores condiciones que el empleado varón”.
17 mil mensuales por cabeza
Con todo, al Estado santafesino cada preso le cuesta un promedio de 17 mil pesos mensuales. Además de la obra pública, la cifra incluye los salarios de los empleados penitenciarios que ascienden a 3.300 en toda la provincia. “Necesitamos tres empleados cada cuatro detenidos”, continuó Cococcioni, quien no dejó pasar la deuda que mantiene la Nación por las personas privadas de la libertad por causas federales en territorio provincial ya que en Santa Fe no hay penales nacionales.
“La Nación fija el valor, que está muy lejos de ser un valor real, y nosotros el cupo”, refirió el funcionario que resaltó la necesidad de implementar una ley que regule el asunto, ya que hasta ahora se rige por un convenio de la época del gobernador Jorge Obeid. Según sus datos, el mismo establecía un cupo de 100 lugares que el año pasado su gestión bajó a 50, pero que de todas formas no se respeta: “Hoy tenemos 462 presos por causas federales, es nueve veces más del cupo establecido”, resaltó.
En esa línea explicó que el valor que fija la Nación por cada interno es de 9.000 pesos mensuales, cifra que de todas formas no paga ya que la deuda es histórica. “Acá hay claramente una depredación de la Nación a los recursos de la provincia”, afirmó Cococcioni.
10 millones
“Después de pelear y hasta presentar varios reclamos y amenazar con empezar a llevarle los presos y devolvérselos por la fuerza, hicieron un giro por una cantidad que parece mucho para el bolsillo humano pero en relación a lo que gasta el Estado provincial no es nada. Hace un mes nos giraron unos 10 millones de pesos que representan una vigésima parte de lo que deben”, subrayó.
“Que no haya penales federales en Santa Fe implica además, que a cada interno que se traslada de forma compulsiva a otra provincia se le estén vulnerando sus derechos. Consultado sobre ese punto, Coccocini no lo negó pero aclaró que no era parte de su competencia: “Nosotros entendemos que puede haber vulneraciones de derechos. Pero creemos que en cuanto a los detenidos federales la ley es clara”, desacó el funcionario.
“El Estado nacional se tiene que hacer cargo de generar la infraestructura necesaria para garantizar todos los derechos que tiene que garantizar. Y si no, tiene que convenir con las provincias, sentarse a dialogar, y ver de que manera, en condiciones de mutuo respeto se coordina para que se puedan tercerizar algunas cuestiones y compensarlas. Lo que no aceptamos es que nos enchufen 462 presos, no nos paguen, nos fijen el precio que quieran que no lo van a pagar de todas maneras, y después nosotros tengamos que salir a responder qué pasa con la mujer que la alejan de la madre y la alejan de los hijos. Eso es una situación injusta para la madre, pero también es injusta para la provincial”.
