Un recluso de la Unidad Penal 1 de Coronda y su pareja, ambos de 28 años, fueron acusados este viernes por intentar extorsionar a seis comerciantes de la zona sudoeste, a quienes les exigían el pago de 250.000 pesos por única vez o cuotas de 50.000 a cambio de no balearle los locales. Las amenazas llegaron por Whatsapp la madrugada del lunes donde invocaban el nombre de «Los Cantero» y fueron en simultáneo. Al día siguiente, los investigadores hicieron una entrega controlada que terminó con un detenido en Oroño al 4000 y dos allanamientos donde cayó la joven. Luego, los pesquisas descubrieron que el hombre apresado, en realidad, era otra víctima, quien había vivido una pesadilla durante el fin de semana, ya que lo habían amenazado con balearle la casa si no pagaba 100.000 pesos. El juez Nicolás Foppiani aceptó la acusación de la Fiscalía y dictó para la pareja la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.
El fiscal Pablo Socca de la Unidad Especial de Balaceras estuvo a cargo de la imputación de este viernes al mediodía para Brian Figueroa, quien está preso en la cárcel de Coronda, y su pareja Carla P., por al menos seis tentativas de extorsión a propietarios de comercios, que están ubicados en bulevar Oroño desde el 4000 al 4800, amenazas y una extorsión consumada.
Voceros relacionados al caso indicaron que el lunes pasado por la madrugada, los comerciantes recibieron un claro mensaje por Whatsapp: «Hola te hablamos por lo siguiente. Estamos agarrando todo el barrio que está atrás de la fábrica y todos los comercios de Oroño y Seguí hasta Uriburu. Tienen que pagar $ 250 mil y no te molestamos todo el año, o $ 50 mil por semana. Eso es para no agarrarte a tiros todas las semanas, para no mandar a los pibes y agarrarte a alguien de ahí de tus trabajadores y darle un tiro, que no te lo prendamos fuego y muchas cosas más. Es una sola cuota, o si no pagás tenés problemas con la mafia. Atte. La Mafia. Plata o Plomo». Como pasa en muchas de estas amenazas, los extorsionadores decían que venían de parte de «Los Canteros», invocando así el apellido de los emblemáticos jefes de banda polirrubro del delito de Los Monos.
Las víctimas hicieron la denuncia ese mismo lunes y el fiscal ordenó medidas al personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para dar con los extorsionadores. Incluso a principios de semana uno de los comerciantes encontró una nota manuscrita que acusaba: «¿Qué hacemos, pagan o no? O tiramos tiro». Los pesquisas empezaron con un análisis de los registros que tomaron las cámaras de seguridad que están a lo largo de esas ocho cuadras y del número que partieron los mensajes. En una de las filmaciones advirtieron que una mujer en bicicleta era la que había dejado el escrito en el local, ubicado en las inmediaciones de Oroño y Doctor Riva.
También identificaron dos domicilios y determinaron que los mensajes de Whatsapp habían sido enviados desde un número que pertenecía a un recluso de la cárcel de Coronda. El sospechoso fue identificado como Brian Figueroa, un rosarino que purga una condena de 8 años y cuatro meses en el penal corondino por robo calificado por el uso de arma de fuego.
Con estos indicios, el próximo paso de los uniformados de la AIC fue organizar una entrega controlada y allanamientos simultáneos. Así, este martes se hicieron pasar por uno de los comerciantes y pactaron por mensaje de Whatsapp que pagarían los 50 mil pesos exigidos. La cita fue poco antes de las 15 en la esquina de Oroño y Doctor Riva. A ese lugar llegó un hombre y apenas tomó la bolsa nylon negra que supuestamente tenía el dinero fue detenido. Al sospechoso le secuestraron 50 mil pesos que llevaba en una mochila junto a un celular.
Además, otra brigada de la AIC hizo los allanamientos en viviendas de San Nicolás al 4000, de la zona sudoeste, y en Maradona al 5400, del extremo oeste. En esta última dirección fue apresada Carla P., pareja de Brian y que luego sería identificada como quien iba en bicicleta y había dejado la nota amenazante, describieron los voceros judiciales.
La otra víctima de extorsión
La pareja fue acusada por las seis tentativas de extorsión a los comerciantes y el fiscal también le sumó un hecho consumado debido a que los pesquisas comprobaron que el hombre, de nombre Diego y de 32 años, que había sido detenido en la entrega controlada era, en realidad, una víctima más.
El martes y una vez que fue trasladado a la sede la AIC, Diego contó que su pesadilla empezó el viernes 13 de enero pasado cuando comenzó a charlar por Facebook con una usuaria. Las conversaciones pasaron de la red social a Whatsapp y en una de las charlas la víctima le dio la dirección de su casa, acaso con la ilusión de concretar un encuentro personalmente.
Pasaron unos minutos y Diego recibió una llamada por Whatsapp donde una voz masculina lo amenazó con balearle la casa si no pagaba 100 mil pesos. Para agilizar el trámite, el interlocutor ofreció una cuenta bancaria para que hiciera efectiva la entrega de dinero por transferencia. Además, el extorsionador aseguró sus dichos mandándole una foto del frente de su casa.
Diego estuvo a merced de los extorsionadores todo el fin de semana: el viernes por la noche entregó a Carla la suma de 20 mil pesos en la esquina de avenida Francia y bulevar Seguí y el sábado al mediodía se encontró con la joven otra vez en la estación de servicios de Ovidio Lagos entre presidente Quintana y Biedma para pagarle 30 mil pesos. Ese día, Diego negoció que entregaría una bicicleta, en concepto de «garantía», mientras conseguía el resto del dinero.
El domingo le dio la bici a Carla, quien estaba con otra mujer aún no identificada, en la esquina de bulevar Avellaneda y Centeno. Quedaron en que el martes terminaba de abonar su «deuda».
Ese día, los extorsionadores se volvieron a comunicar para avisarle que antes de entregar los 50 mil restantes tenía que pasar por la esquina de Oroño y Riva para buscar una bolsa con plata. Una vez que tuviera ese dinero, le avisarían la dirección que tenía que ir. El raíd de Diego terminó el martes con su detención y una vez que el fiscal corroboró sus dichos fue liberado al día siguiente, describieron las fuentes del MPA.
Con estos indicios, el fiscal Socca sumó a la pareja de haber planeado la seducción de esta víctima para poder extorsionarla y por las amenazas recibidas.
Tras escuchar a las partes, el juez Foppiani aceptó la acusación y le dictó para la pareja la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir dos años hasta el juicio oral.
