Por: Ezequiel Nieva
La diputada provincial Claudia Saldaña pidió que el fallo de la Justicia que fija nuevos límites para la fumigación respecto de los centros urbanos –ratificado el mes pasado y que tuvo origen en una presentación realizada por vecinos de San Jorge y organizaciones ecologistas– sea incorporado a los expedientes que se están debatiendo en las distintas comisiones de la Cámara de Diputados. No será un trámite fácil y ya en la sesión del jueves pasado Saldaña sufrió un revés, cuando planteó que se vote sobre tablas su pedido, lo que fue rechazado por los legisladores del oficialismo.
Para la diputada del bloque del Frente para la Victoria, en lugar de debatir qué cambios se deben introducir en la ley vigente sobre agroquímicos –que lleva el número 11.273 y es conocida como “ley de fitosanitarios”–, lo ideal sería elaborar una nueva norma a partir de una mirada que no excluya el aspecto productivo pero que a la vez tenga en cuenta el medio ambiente y el impacto de los productos químicos sobre la salud humana. Saldaña comentó, en diálogo con El Ciudadano, que se están juntando firmas para que el gobernador Hermes Binner haga extensivas a toda la provincia las disposiciones adoptadas por la Justicia para el caso de San Jorge.
El fallo
En diciembre último, la Justicia fijó en 800 metros respecto de las poblaciones la distancia obligatoria que se deberá respetar para la aplicación de agroquímicos vía terrestre –con los llamados “mosquitos”– y en 1.500 metros el límite para las fumigaciones aéreas. “Nos parece un fallo muy importante”, opinó la diputada. “Plantea un antes y un después en cuanto a la legislación de la provincia. Claramente establece el principio precautorio y las pruebas no las tienen que dar las víctimas sino que la provincia y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) tienen que comprobar la no toxicidad de los agroquímicos. Para nosotros es muy importante que, en cada una de las comisiones (de la Cámara baja), se incluya ese material”.
—Pero le respondieron que no. ¿Por qué el oficialismo no lo quiere hacer?
—Creo que son excusas: dicen que hubiera sido un largo trámite y que la Corte (Suprema de Justicia de la provincia) nos hubiera dicho que no. Pero yo creo que quienes tenemos la responsabilidad de legislar en la provincia tenemos que contar con ese material. Si hay una verdadera conciencia en la lectura de ese fallo, tiene que incidir en el resultado de la modificación de la mal llamada ley de fitosanitarios.
En diciembre, unos días antes del fallo, se discutió en las comisiones de la Cámara de Diputados una serie de cambios a la ley 11.273. Hubo un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente en el que se sugería a municipios y comunas –que son quienes tienen la potestad de fijarlo– que el límite para la fumigación terrestre quedara en 300 metros. Pero luego la Comisión de Asuntos Constitucionales modificó lo acordado antes y bajó la distancia a 200 metros. “Hay localidades que hoy tienen una franja de protección de 500 metros, como San Genaro. Yo en aquel momento me opuse a los 200 metros porque creo no podemos retroceder”, señaló Saldaña.
La diputada kirchnerista agregó: “Los distintos actores que estamos en el tema estamos juntando firmas para que el gobernador haga extensiva esta resolución (se refiere al caso de San Jorge) a todos los centros urbanos de la provincia. Si no, vamos a seguir indefensos ante los productores que indiscriminadamente utilizan estos tóxicos sin reconocer que afectan a la salud”.
— ¿Usted considera que se debe legislar ya mismo y no esperar los estudios del gobierno y de la UNL?
—Creo que nosotros tenemos que aplicar ese principio precautorio en las leyes vinculadas al derecho ambiental. Por lo tanto, yo no esperaría: seguiría estudiando el tema y debatiéndolo dentro del recinto. Nosotros sacaremos nuestras conclusiones; si la provincia o la universidad llegan a otras conclusiones, que se hagan responsables de eso. Nosotros como cuerpo legislativo y como parte del Estado tenemos que aplicar ese principio (precautorio) y hacernos cargo de la resolución. No tomar como excusa para no tratar el tema el hecho de esperar las resoluciones de otro poder.
—El glifosato es un producto permitido por el Senasa, que es el organismo nacional que se encarga de regular en la materia. ¿Cómo piensan lograr que se cambie la calificación del glifosato?
—Yo soy consciente de que este modelo productivo fue gestado por el propio Estado. Uno puede decir Estado menemista, neoliberal o vinculado con el Proceso, porque esto viene de larga data. Y hoy está muy fuerte este modelo productivo. Yo veo el esfuerzo que está haciendo el Estado nacional en función de alentar la agricultura familiar. Tanto es así que se han creado organismos dentro del gobierno nacional para hacer estudios y fomentar estas alternativas. Ahora, si no tomamos conciencia de que este modelo productivo, tal cual está, lo que va a hacer es comprometer a las generaciones venideras, no vamos a poder ir generando lo nuevo. Hay que admitir la toxicidad (del glifosato), y eso no lo tiene que hacer sólo el Senasa sino también la provincia. El fallo es muy claro; la responsabilidad es de todo el Estado: comunas, municipios, provincias y Nación.
Consenso
Saldaña confía en lograr el consenso suficiente como para abordar el debate por la legislación de agroquímicos desde una perspectiva que incluya lo ambiental. “Lo que estoy planteando es que analicemos este modelo productivo y si realmente compromete al ambiente, como estamos viendo que ocurre, pongámonos de acuerdo, provoquemos una legislación acorde y alentemos políticas que permitan estimular otro modelo productivo, que no comprometa al medioambiente ni a la salud pública”, agregó.
Debate en stand by
Por lo demás, el debate está “en stand by”, según definió la diputada. “El oficialismo, que tiene mayoría en la Cámara, ha dicho que va a esperar los estudios de la provincia y de la UNL para ver qué dice el juez”. Su bloque –el Frente para la Victoria– no quiere meterse en la discusión por las reformas a la ley 11.273 sino que propone eliminarla y reemplazarla por una nueva. “Hay que tomar medidas concretas y rápidas, no permitir la fumigación aérea, porque no hay barrera que detenga la contaminación. Esto está en la atmósfera; lo respiramos”, añadió Saldaña.
“Lo que nosotros planteamos es que hay que tomar conciencia. Para modificar esta situación hay que lograr medidas integrales. Nosotros tenemos elaborado un proyecto de reconversión agraria. No pretendemos dejar sin ingresos al Estado, porque la exportación de soja de alguna manera también aporta al crecimiento. No es la intención que mañana dejemos de producir soja; la intención es que empecemos a producir desde un modelo alternativo. Por eso planteamos una reconversión agraria a mediano y largo plazo. No se trata de poner parches”, concluyó.
