Un proyecto del bloque de Cambiemos en el Concejo Municipal trajo fuertes repercusiones y levantó polémica en la ciudad. La iniciativa prevé duras sanciones para todas aquellas organizaciones sociales o personas que cometan contravenciones o delitos en el marco de manifestaciones públicas. La norma contempla multas de más de 16 mil pesos para quienes corten una calle, la pérdida de los subsidios que reciban por parte del municipio y la solicitud a provincia y Nación para que también les eliminen los beneficios. La propuesta fue duramente cuestionada por gremios y distintas fuerzas políticas locales.
La iniciativa ingresó el viernes pasado y será debatida en comisión apenas se inicien las sesiones ordinarias, previstas para el mes próximo. La propuesta lleva las firmas de los concejales Carlos Cardozo, Agapito Blanco, Renata Ghilotti, Germana Figueroa Casas y Agustina Bouza y destaca que «tiene como principal fundamento sancionar a quienes mientras reciben alguna prestación económica por parte del municipio, cometan contravenciones o delitos en ocasión de manifestaciones públicas».
En cifras
El proyecto expresa claramente que «toda acción u omisión que impida, obstaculice o perturbe la inspección o actuación de los agentes municipales, será penada con una multa de 200 a 400 Unidades Fijas (UF) o arresto de hasta 15 días.
Cabe destacar que una UF equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial. La página web del gobierno provincial lo fija a los fines de calcular los montos de multas por infracciones viales, en $ 40,79. Así, hacer un piquete en pleno centro de la ciudad podría implicar una multa de hasta $ 16.316.
La iniciativa de Cambiemos va más allá y dispone que «en los casos en que el autor de la mala conducta cometida en ocasión de manifestaciones públicas o personas jurídicas a la que pertenezca reciba una prestación económica por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, la misma será suspendida».
Además, contempla que «los beneficios, subsidios o aportes de cualquier naturaleza municipal que reciba el responsable del delito o contravención y la persona jurídica a la que pertenece, serán embargables a los fines de la indemnización y reparación correspondiente».
Respuestas
La iniciativa fue duramente cuestionada este lunes por dirigentes sindicales locales. Laura Ferrer Varela, secretaria General del gremio que nuclea a los docentes universitarios, señaló que esa organización “está en contra de la criminalización de la protesta y en consecuencia en contra del proyecto que entró al Concejo, que castiga a aquellos que reclaman por la defensa de sus derechos”.
“Estamos en contra de cualquier tipo de represión y las sanciones son una manera de reprimir. Esto demuestra una vez más el pensamiento de este gobierno y de todo Cambiemos, que atenta contra las expresiones populares y no quiere oír el reclamo de los que menos tienen”, señaló, a su turno, Marcelo Liparelli, el titular del gremio de la Sanidad local.
Por su parte, Sergio Ricupero, secretario Gremial del Sindicato de Gastronómicos de Rosario, manifestó: “Este proyecto es una barbaridad, algo para el pobre que la está pasando mal no se queje. Es quitarle el derecho a la protesta de los sectores que menos tienen”.
Mientras que Walter Palombi, referente del Sindicato de Trabajadores del Correo e integrante del Movimiento Sindical Rosarino (MSR), calificó a la propuesta como “aberrante”.
“Viene de un espacio político al que las medidas de ajuste que implementa solo les cierra con represión. Son proyectos demagogos que seguramente serán rechazados por todo el arco político del Concejo. Las calles son del pueblo y no nos van a sacar de ahí hasta derrotar este modelo de exclusión”, añadió.
En tanto, Antonio Donello, titular de la UOM Rosario, arremetió contra la iniciativa al señalar que “merece todo el repudio al querer cortar derechos y sesgar la libertad de expresión”.
“Cambiemos debe entender que vivimos en democracia y no en dictadura. Las movilizaciones y cortes de calle –en tanto sean necesarias- se tienen que seguir haciendo, siempre previendo cuestiones básicas como permisos y respeto hacia el otro. La UOM está totalmente en contra de este mamarracho que proponen los ediles macristas”, agregó Donello.
La defensa
En tanto, a la hora de defender la iniciativa, el edil Carlos Cardozo apuntó contra los grupos que, según su criterio, “usan a la gente para extorsionar al Estado”.
En diálogo con la emisora local Radio 2, el concejal consideró al piquete como “una forma de manifestación política que se vio en la crisis de 2001 y que se ha desnaturalizado”.
“Algunas organizaciones se siguen valiendo del piquete para conseguir cosas de los Estados municipal, provincial y nacional. Son intermediarios entre la gente que necesita ayuda alimentaria o social y se aprovechan de la debilidad de estas familias para continuar con su accionar”, agregó.
Cardozo dijo luego: “Nuestra idea no es criminalizar o estigmatizar la protesta social sino avanzar con sanciones a las organizaciones. Y que la ayuda llegue directamente a la familia”.
El concejal diferenció de los cortes de calle que hacen agrupaciones como Barrios de Pie o la Corriente Clasista y Combativa, a los que acusó de extorsión, del último acto crítico del Movimiento Sindical Rosario (el viernes pasado), por ejemplo.
“Hay que separar la paja del trigo. Hay que garantizar la libertad y el derecho de expresión, eso está clarísimo. También hay que garantizar ese derecho si hay una manifestación espontánea de vecinos que se cansaron porque hace 48 horas que no tienen luz”, sumó el edil.
