Un proyecto que comenzó a discutirse en el Concejo que busca “transparentar” gastos y las relaciones entre los administradores de edificios y los consorcistas comenzó a generar polémica. La iniciativa promueve la digitalización y un formulario único para la liquidación de las expensas, además de la bancarización de los ingresos y egresos del consorcio. Cómo era de esperar, la idea es resistida por la Cámara de Propiedad Horizontal local, cuyos integrantes fueron al Palacio Vasallo en las últimas horas a presionar, haciendo eje en las supuestas “dificultades” e “inconveniencias” que traería la aplicación.
El proyecto es impulsado en el Concejo por Norma López (del Frente para la Victoria) y cuenta con el aval de los ediles Eduardo Toniolli (PJ), Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), Lorena Giménez (Partido del Progreso Social), Caren Tepp (Ciudad Futura) y es analizado por la comisión de Gobierno.
La propuesta de ordenanza, que se presentó bajo el nombre “Expensas Claras”, prevé hacer más transparentes las relaciones entre los administradores de los edificios y los consorcistas. Para esto establece que los primeros deberán rendir las expensas a través de un “modelo único de liquidación” en un formato digital a través de un correo electrónico, junto con los comprobantes y recibos de respaldo.
Además, se plantea que los ingresos y los egresos del consorcio deberán efectuarse a través de entidades bancarias en cuentas que pertenezcan al consorcio y no en efectivo.
“El objetivo es acceder en forma clara a qué es lo que se abona cada mes. Proponemos que la rendición de cuentas se haga con plantillas que sean similares en todos los consorcios, a la vista de lo que se está pagando”, reza la iniciativa.
El texto del proyecto también menciona que el nuevo sistema de liquidación de expensas “contendrá información detallada de los gastos de contratación y sueldos del personal, e incorpora datos que, por lo general, no se dan a conocer, como el estado patrimonial y los juicios que enfrenta el consorcio, entre otros”.
La iniciativa ingresó al Palacio Vasallo en abril, dos meses después de que (el 3 de febrero) se desatara el trágico incendio del edificio de Laprida 972, por cuya causa murieron dos personas. Luego del siniestro, que destruyó varios espacios comunes de la propiedad horizontal y que la Justicia determinó que había sido intencional, los vecinos supieron que el edificio no contaba con cobertura, pese que la administración del inmueble presentaba en el listado de las expensas el pago de un seguro a la empresa San Cristóbal.
La situación se sumó a la tragedia de las torres de calle Salta, tras la que también quedó bajo la mira de la Justicia la administradora, cuyos socios están procesados por el gravísimo siniestro que dejó 22 víctimas fatales, decenas de heridos, viviendas y comercios dañados o destruidos. Una zona de desastre, originada en trabajos sobre la red de gas de tres edificios.
A eso se suman multitud de presentaciones particulares que en forma casi cotidiana ingresan a la Oficina Municipal del Consumidor.
Pese a ello, representantes locales de la Cámara de Propiedad Horizontal (CPH) de la provincia salieron al cruce del intento de mayor regulación. La semana pasada fueron al Concejo para exponer su rechazo a la propuesta. Allí señalaron que, antes de ponerla en práctica, la Justicia debería darle una resolución de fondo al recurso de amparo que presentaron luego de que el Palacio Vasallo aprobara una ordenanza en 2012 que creó un Registro público de administradores de edificios.
Es que en la CPH también se niegan a estar inscriptos en el ámbito municipal. En una primera instancia, la Justicia rechazó esa solicitud, pero luego la Cámara en lo Contencioso Administrativo dio curso a la medida cautelar, por lo que la aplicación del Registro quedó suspendida. Ahora se aguarda un fallo definitivo.
Según los administradores de edificios, la ciudad de Rosario no está en condiciones de regular su actividad. Eso debería –señalan– legislarse a nivel provincial.
En tanto, en la reunión de comisión de Gobierno de la semana pasada, los representantes de la CPH cuestionaron (entre otros puntos) dos aspectos del proyecto que los ediles están estudiando.
Por un lado, Cesar Díaz Colodrero, integrante de la entidad, apuntó contra la digitalización de la liquidación de expensas.
“Es poca la gente que mira en profundidad y en detalle los gastos. En general miran en la boleta sólo lo que hay que pagar y luego la tiran. No tiene sentido digitalizarlo todo si nadie te lo lee. Además, en los edificios vive mucha gente mayor que no se maneja con internet y las nuevas tecnologías. Habría que analizar un poco más el tema”, explicó sus reparos.
A la par, Noemí Galussio, presidenta de la entidad, hizo eje en los supuestos “límites” que plantea la bancarización.
“Por ejemplo, en un edificio de sólo cuatro unidades, donde hay que pagar 125 pesos por departamento, no tiene sentido tener una cuenta bancaria. Debería ser un poco más flexible y no tan rígido el proyecto”, señaló.
Sobre el final de la reunión, los administradores se comprometieron a llevar una contrapropuesta dentro de los próximos 15 días. La idea sería tratar de llegar a una ordenanza consensuada, para que se cumpla en lugar de oponerle resistencia. Por lo pronto, la discusión recién está comenzando, pero al parecer la polémica ya se instaló.
El Concejo busca consenso para Nuevo Alberdi
Con mayor consenso, por la comisión de Gobierno del Concejo pasó y se aprobó en el recinto esta semana la creación de una instancia de conciliación para el conflicto por tierras en Nuevo Alberdi. La iniciativa, de autoría de Horacio Ghirardi con el respaldo de sus pares de todas las bancadas que integran el oficialismo, propone una hoja de ruta para avanzar, junto a los distintos sectores involucrados, en un acuerdo para lograr un “desarrollo armónico” en el sector.
Para ello el decreto aprobado pide al Ejecutivo municipal la realización de “un detallado análisis de situación del hábitat y los emprendimientos productivos” en la zona –entre ellos está el Tambo La Resistencia– que recopile información sobre “tipos de actividades económicas y productivas, datos sobre ocupantes de las tierras (refiriendo grupo y composición familiar, años de residencia en el lugar y situación respecto del inmueble), estudios técnicos de impacto ambiental e inundabilidad de suelos”.
En base a la información recabada la iniciativa pide que el Ejecutivo elabore “en un plazo no mayor a 30 días” una “propuesta integral” para toda la zona para “resolver de manera definitiva y concertada entre todos los actores involucrados la problemática de las familias allí afincadas informalmente”, también para “los emprendimientos productivos que requieran reconversión o traslado”, y finalmente para “el desarrollo urbanístico futuro de dicha área de la ciudad”.
