El represor y ex teniente primero Ernesto Barreiro, actualmente cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad, hizo apología de la tortura y admitió que el Tercer Cuerpo de Ejército tenía registros de las detenciones clandestinas realizadas en Córdoba durante la dictadura, pero aclaró que esos archivos “ya no existen”.
“Teníamos todo perfectamente detallado, con datos de cuántos prisioneros pasaron por (el centro clandestino de detención) La Perla. Pero esos archivos ya no existen. Y nosotros somos quienes más lamentamos su pérdida”, señaló Barreiro.
En declaraciones formuladas desde la cárcel, el ex militar aseguró que los archivos fueron destruidos por orden del por entonces jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Cristino Nicolaides y consideró que, “si hubiera (en la actualidad) documentos oficiales, servirían para establecer la verdad histórica de lo que ocurrió”.
En relación con las actividades que le tocó desplegar durante la última dictadura, Barreiro destacó que tanto él como sus subordinados tenían órdenes de obtener información sin considerar los métodos utilizados para tal fin.
“Nuestras órdenes eran obtener información como fuera”, manifestó en reportaje concedido desde la cárcel y publicado por el periódico español El Mundo.
“Hice lo que tenía que hacer. No estoy arrepentido. Pero hoy no volvería a hacerlo”, agregó el represor, actualmente procesado por 518 crímenes entre los que se encuentran 228 privaciones ilegítimas de libertad agravadas, 211 tormentos agravados, 13 tormentos seguidos de muerte, 65 homicidios calificados, 1 secuestro.
Barreiro criticó: “La incompetencia de nuestros mandos militares, de quienes tomaron las decisiones, porque era muy grande” y aseguró: “Algunos comprendimos que era una barbaridad hacer todo de forma irregular”.
En disidencia con la estrategia plasmada por sus mandos superiores, afirmó que “no tendría que haber desaparecidos, sino fusilados después de haber sido juzgados en consejos de guerra y condenados a muerte”, pero “no todos sino quienes lo merecían.”
Considerándose “un buen oficial de inteligencia, no un buen torturador”, justificó su accionar durante la dictadura, haber torturado, basándose en su condición de militar entrenado para cumplir órdenes.
“Nos preparan para matar y para morir. Nuestra conducta está condicionada para eso pero al piloto que arrojó la bomba atómica lo recibieron como un héroe, conscientes de las miles de personas que había matado, y a nosotros nos tratan como asesinos”, apuntó.
Barreiro se desempeñó en el Destacamento de Inteligencia 141 y durante dos años formó parte del siniestro Comando Libertadores de América, antes de ser el jefe de los interrogadores del campo de detención de La Perla.
En 1987 fue acusado de seis casos de tortura y uno de homicidio, pero se negó a comparecer ante la Justicia y encabezó el alzamiento militar de los “carapintadas”.
La práctica de la tortura fue eliminada en nuestro territorio por la Asamblea del año XIII (1813) por ser considerada inhumana y porque había sido ejecutada de forma discriminatoria, los nobles no eran torturados en la Edad Media. Sin embargo, la última dictadura militar decidió retomar esa nefasta experiencia contra los propios ciudadanos (entre ellos mujeres embarazadas).
Bignone y Riveros
Los represores Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros fueron condenados ayer a duras penas de prisión por el secuestro y desaparición del dirigente montonero Roberto Quieto y la apropiación de dos chicos, Gabriel Matías Cevasco y Martín Amarilla, hoy nietos restituidos.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín impuso 25 años y seis meses de prisión a Riveros, ex jefe de Institutos Militares, y 23 años al ex dictador Bignone, en el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo durante la última dictadura.
También fueron condenados los apropiadores Aída Blandina Pizzoni a cinco años y seis meses de prisión, Roberto Duarte a cinco años y Margarita Noemí Fernández a cinco años, mientras que los civiles Liliana Álvarez, Alicia Rodríguez y Jorge Buffe fueron absueltos.
El Tribunal leyó ayer la parte dispositiva del fallo, cuyos fundamentos se conocerán el próximo 17 de diciembre al mediodía.
“Estoy conforme con la actuación del Tribunal, en un proceso que considero inobjetable, en el que fueron consideradas las peticiones de cada una de las partes y se facilitó la presentación de pruebas y testigos”, dijo Guido Quieto, querellante en la causa por el secuestro de su padre, en declaraciones a Télam.
El debate comenzó el 17 de octubre último, a cargo de los jueces Héctor Sagretti, Marta Milloc y Daniel Petrone.
