Flavia Campeis / Especial para El Ciudadano
El represor sanlorencino Pedro Alberto “Pili” Rodríguez, condenado en 2013 por delitos de lesa humanidad, solicitó salidas transitorias a la prisión domiciliaria de la que goza, para trabajar como asesor de uno de los sindicatos más importantes del Cordón Industrial.
Junto al pedido de su abogado, ingresó la semana pasada al ministerio Público Fiscal una carta firmada por el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (Soea), Pablo Reguera, en la que avaló el pedido para que quien fuera histórico asesor de ese gremio, vuelva a sus funciones.
Salida laboral
En el pedido realizado a la justicia por el abogado Gonzalo Miño se expresó que será “una salida de laboral de dos veces por semana, por espacio de tres horas: los días miércoles de 16 a 19 y los jueves de 15 a 18, para cumplir funciones de asesoramiento en el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, sito en calle Córdoba 1125 de la ciudad de Puerto General San Martín”.
Adjunto a esto, se envió una carta del secretario general de Soea, donde se manifestó el deseo del sindicato de poder contar con el asesoramiento de Rodríguez en “materia gremial y políticas dada su vasta trayectoria en el campo gremial, (y porque) cuenta con la suficiente sapiencia y experiencia para tales fines”.
Además, la carta aclara que “por tal actividad, este gremio no sólo ofrece una pequeña retribución dineraria sino también la capacidad mobiliaria para realizar las mismas, como también asumir la responsabilidad de su traslado y posterior regreso a su domicilio, a fin de garantizar suficientemente su sujeción al proceso penal que afronta”.
Pasado nefasto
En 1973 el joven abogado Pedro Alberto “Pili” Rodríguez se convirtió en el asesor letrado del Sindicato Unido Petrolero del Estado (Supe) y en diciembre de ese año ingresó a la municipalidad de San Lorenzo como asesor legal del intendente Reinaldo Vivas.
Con poder creciente en el sindicato y en la municipalidad, Rodríguez se acercó e investigó a los militantes sociales de la región, especialmente a los ligados al sindicalismo combativo.
El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 destituyó y encarceló al intendente sanlorencino; junto con él se retiró la mayoría del gabinete, menos Rodríguez, que fue ratificado y ascendido por decreto de la dictadura, a director de asuntos jurídicos del municipio y se le otorgó la categoría más alta como empleado municipal sin mediar antigüedad.
Un día después del golpe, Pedro Rodríguez señaló desde un auto a Manuel Casado, el delegado del sindicato de empleados municipales de San Lorenzo, quien fue secuestrado y torturado en el Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán.
El caso de privación ilegítima de la libertad, torturas y tormentos fue el primero que llegó a juicio entre todas las atrocidades cometidas en el Cordón Industrial durante la los años de represión.
Cuando terminó la dictadura, Rodríguez dejó su cargo en la municipalidad el mismo día que se fueron los militares, pero siguió asesorando al Supe y luego al poderoso sindicato de Aceiteros que desde la década del 70 creció paralelamente al sector de la agroexportación. Sólo dejó de asesorar a este sindicato con su detención en 2014.
En los 90 Rodríguez fue un exponente del menemismo, actuando como secretario de gobierno del intendente Armando Traferri (hoy senador provincial) y luego diputado provincial.
En 1997 recibió la primera denuncia por delitos de lesa humanidad y en 2004 esa denuncia fue ratificada por el propio Manuel Casado. Por ese entonces había sido electo concejal pero su cargo quedó cesante al quedar detenido por 72 días.
Sin embargo cuatro años después se volvió a presentar como candidato al concejo y fue electo en 2009, cuando no pudo asumir ya que impugnaron su cargo por estar procesado.
Condenado
En agosto de 2013 “Pili” Rodríguez fue condenado a ocho años y medio de prisión por el secuestro, torturas y tormentos cometidos contra el delegado de los trabajadores municipales de San Lorenzo, Manuel Casado.
Desde 2014 permaneció detenido dos años en el penal de Marcos Paz y con los beneficios para represores que propició el gobierno de Mauricio Macri, el abogado sanlorencino obtuvo la prisión domiciliaria y desde ese entonces goza de los lujos de su mansión en el country Solares del Carcaraña en la localidad de Oliveros.
Cabe recordar que junto a él fueron condenados los militares Rubén Cervera (ya fallecido) y Horacio Maderna. La sentencia para Rodríguez en los Tribunales Orales Federales de Rosario fue histórica, ya que fue la primera vez que un civil cómplice de la dictadura recibió la misma condena que los militares juzgados en la misma causa.
Además, Rodríguez aún se encuentra procesado en la “Causa de los Trabajadores”, donde se espera que se juzguen las responsabilidades sobre la totalidad de los 19 desaparecidos y asesinados del Cordón Industrial durante el Terrorismo de Estado.
El plus sindical
Cuando Rodríguez obtuvo la prisión domiciliaria, habiendo pasado los 70 años, la Cámara de Casación lo justificó por su “crítico” estado de salud y porque padecía “una patología psiquiátrica depresiva y un trastorno adaptativo a su condición de detenido bajo régimen carcelario”.
Ante la solicitud de salidas laborales, el fiscal federal Adolfo Villate que entiende en la causa consideró que “la razón de ser de que durante la dictadura estuviera en la municipalidad estaba vinculada a su conocimiento del ámbito sindical, por lo que advertimos que es llamativo que se lo invite a participar en un sindicato cuando casualmente el conocimiento del mundo sindical es algo que se puso de manifiesto cuando fue juzgado, era el plus que tenía él en la función que le asignó la dictadura en la municipalidad de San Lorenzo”.
A la vez que remarcó que “otra cosa que nos parece ilógica es que justifican las salidas transitorias laborales para cumplir un trabajo técnico jurídico, cuando el motivo de la detención domiciliaria era que él supuestamente tenía padecimientos psiquiátricos, lo que nos parece que cumplir un rol de asesor no se comparece con ser enfermo psiquiátrico”.
En este sentido, el fiscal remarcó que “vamos a pedir algunas medidas previas para ver el estado de salud actual, por lo que si está en situación de trabajar, no estaría más su situación de detención domiciliaria y podríamos pedir que vuelva a situación de cárcel común”.
Provocación
Inmediatamente conocida la noticia, diferentes organismos de derechos humanos repudiaron la solicitud. Desde el Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial, organismo que propició la causa por la que Rodríguez fue condenado, emitieron un comunicado que considera que “la decisión de Pablo Reguera (es) una provocación” y manifestaron que “la posición del actual secretario general es coherente con la forma de proceder desde un principio, ya que hace más de diez años, en 2009, dicho sindicato amedrentó las manifestaciones llevadas a cabo frente al concejo de la ciudad”, recordando las movilizaciones en contra de la asunción de Rodríguez como concejal.
“Entendemos que desde espacios como los sindicatos se debería empatizar con los trabajadores y con los familiares de las víctimas. Por el contrario, desde el sindicato, jamás han reivindicado ni recordado al dirigente gremial aceitero Roberto “Potongo” Camuglia”, remarcaron. Justamente la familia de Camuglia también tomó con sorpresa la noticia, a la que consideraron “una verdadera vergüenza e indignante”.
Del lado de los desaparecedores
El diputado Carlos Del Frade, quien conoce de cerca el Cordón Industrial, expresó: “Cuestiono cualquier intento de dejar pasar por alto lo que significaría darle libertad a un hombre juzgado por delitos de lesa humanidad y por haber participado de la desaparición especialmente de trabajadores”.
Del Frade recordó que “Rodríguez siempre estuvo vinculado a negociaciones con la cámara de industrias aceiteras, con lo cual su punto de vista no va a estar a favor de los trabajadores, sino que favorece más a los desaparecedores”.
En este contexto, donde el asesoramiento podría tener que ver con la situación de Vicentín, el diputado rememoró que esta “es una empresa que todavía tiene que dar respuesta en la justicia por 22 desaparecidos de la dictadura, por eso más que nunca tiene validez nuestro propuesta de un proyecto bicameral de seguimiento de las responsabilidad de las grandes empresas en el terrorismo de Estado” y concluyó que “no hay que olvidar que uno de los desaparecidos del Cordón es el trabajador aceitero Roberto “Potongo” Camuglia”.
