Los trabajadores de cooperativa Fabricaciones Rosario, una firma recuperada que fabrica válvulas para la industria de GNC en vehículos, se movilizaron ayer frente a los Tribunales provinciales contra el pedido de desalojo emitido por el titular del Juzgado civil y comercial Nº9, Marcelo Bergia. Autoridades nacionales que se sumaron al reclamo lograron reunirse con el magistrado y señalaron que el encuentro fue “altamente positivo”. Las negociaciones continuarán el lunes de la próxima semana, con el objetivo de lograr un margen de tiempo prudente para quedarse en la propiedad que ocupan –por la que les piden 25 mil pesos por mes– o mudarse manteniendo la fuente de trabajo. Son 22 personas las que podrían quedar en la calle.
“Fábrica quebrada, trabajadores organizados en cooperativa”, dice la bandera que los trabajadores de Fabricaciones Rosario levantaron ayer. Es la misma que cuelga de la puerta de la fábrica y que los identifica en la lucha. Pasadas las 10.30, con la consigna levantada y el apoyo de otras cooperativas, se cortó calle Balcarce, y al compás de los aplausos reclamaron al juez Bergia que los recibiera. Finalmente ingresaron al despacho la diputada nacional Josefina González, del Frente para la Victoria; Cristian Recchio, gerente de Empleo y Capacitación Laboral de la delegación en Rosario del Ministerio de Trabajo de la Nación, y Esteban Mariño y Nicolás Mujico, ambos funcionarios del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Los cuatro, junto a la abogada representante de los trabajadores, Marcela Maccelari, destacaron la apertura de diálogo y señalaron que la reunión con el magistrado fue “muy positiva”. Se espera que la próxima semana vuelvan a reunirse para avanzar en las negociaciones.
Fabricaciones Rosario existe desde 1977 y se dedica a la producción de piezas del rubro automotor. Una década y media después, con la gran expansión del gas natural comprimido como combustible de vehículos y la industria asociada –sector del que la Argentina es líder mundial– la firma se concentró en la fabricación de válvulas de carga, de cilindro, electroválvulas, y fabricación de piezas de GNC para máquinas agrícolas y piezas “a pedido”. Es la menor de las sólo dos industrias del rubro en la ciudad, y su producción, considerada de “alta calidad”, abastece al mercado local y a clientes de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta.
La planta está emplazada en avenida presidente Perón 7415 y 22 personas dependen de su funcionamiento para vivir y mantener a sus familias. Todos son trabajadores metalúrgicos que, tras la quiebra en mayo del año pasado de la firma en la que revistaban en relación de dependencia, resolvieron ocupar la planta para evitar el retiro de maquinarias y avanzar en una alternativa para hacerse cargo de la producción. Cinco meses después, la Cooperativa de Trabajo Fabricaciones Rosario Limitada lograba la autorización del mismo juez Bergia para reabrir las puertas y retomar la producción. La actividad, monitoreada desde la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR, requirió además de la previa presentación un “plan de factibilidad” que los trabajadores elaboraron junto a miembros de la casa de estudios y entregaron al magistrado en junio.
Con una autorización “provisoria” por seis meses la cooperativa quedó como depositaria judicial de las maquinarias, a las que los trabajadores esperaban comprar con las indemnizaciones que les correspondían: algunos acumulaban más de 25 años de trabajo en la firma.
La autorización venció el 28 de febrero, ante lo cual los trabajadores pidieron un nuevo plazo de tiempo. Además, solicitaron una tasación de las máquinas para concretar la compra en la quiebra y poner su propiedad a nombre de la cooperativa. La inesperada respuesta fue un pedido de desalojo en diez días de las instalaciones de Presidente Perón, pese a que en menos de un año de cooperativismo, los trabajadores pusieron todas las deudas al día, la fábrica está en funcionamiento y cada mes depositan 3 mil pesos como fondo de garantía en una cuenta judicial. Ahora con todos los deberes hechos, esperan que el fiel de la balanza se incline a favor no sólo de ellos sino de un sector industrial clave para la ciudad.
La gran estafa
“La patronal primero dejó de pagar sueldos y aportes patronales, entre otras cosas; después cortaron la compra de insumos, no reinvirtieron fondos y finalmente se borraron”, detallaba uno de los miembros de la cooperativa cuando la planta de Presidente Perón al 7400 reabría sus puertas. Detalló también que desde la empresa les hacían a los 22 trabajadores, la mayoría de entre 40 y 50 años de edad, los descuentos por aportes previsionales, los seguros, la obra social de los metalúrgicos y la cuota sindical “pero después no los pagaban”.
