Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha manifestado que la prioridad del gobierno es la creación de trabajo. Esta importante definición también ha sido confirmada por los principales ministros de su gabinete, quienes manifiestan en sus declaraciones la voluntad de cambiar el esquema económico especulativo y rentístico vigente por uno de producción nacional y creación de empleo privado.
Se entiende que no se trata de un objetivo fácil de cumplir. Los efectos de una consciente y decidida política de desindustrialización han generado un retroceso fenomenal en la capacidad de producción nacional, por lo que, cualquier intento de re-industrialización se enfrentará con numerosos obstáculos económicos y políticos, internos y, principalmente, foráneos. Es, por lo tanto, un difícil desafío que sólo se podrá lograr con fuerte decisión política y respaldo popular.
Dicho esto, resultan difíciles de comprender algunas decisiones importantes tomadas por el gobierno.
Para el caso, vale mencionar el aumento permitido del precio de los combustibles por parte de YPF, luego de haber llevado el precio sostén del petróleo (el denominado “barril criollo”) a 45 dólares, mediante el decreto 488, del 18 de mayo de 2020. Allí se menciona que “por el artículo 1° de la ley 26.741 se declaró «de interés público nacional» y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización, con el fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.
En el trimestre mayo-junio-julio, con el precio internacional utilizado localmente (“Brent”) del barril cotizando alrededor de los 20 dólares y la brutal caída de las acciones de las empresas petroleras por el precio negativo del barril ligero de Texas (“WTI”), YPF contó con una gran oportunidad de aumentar su participación y control en el mercado de combustibles. Sin embargo, el gobierno nacional dispuso la implementación de un precio sostén en 45 dólares, muy por encima del valor internacional, para asegurar y beneficiar a la producción de petróleo. Vale decir que, al mismo tiempo, perjudicaba a la cadena de valor que depende de este insumo estratégico, además de incrementar los costos de toda la producción nacional por el aumento concomitante que genera en el precio del combustible. De esa manera, todos los argentinos auxiliamos indirectamente las ganancias de multimillonarias empresas petroleras, ya que el costo del combustible se encuentra presente en todos los bienes que consumimos.
Pasado el mencionado período, en el trimestre junio-julio-agosto, el precio internacional del barril subió hasta superar el piso establecido. En el contexto de una gigantesca crisis económica mundial, que agravó la heredada por el gobierno colonial de Mauricio Macri; con la urgencia de volver a poner en marcha el sector industrial más las pequeñas y medianas empresas; con la pérdida de un millón de puestos de trabajo; y en medio de un proceso inflacionario que lleva casi 10 años, la decisión política fue aumentar el precio del combustible en el orden de un 4,5% a nivel nacional y 6% en el área metropolitana de Buenos Aires.
Es aquí donde se presenta la disyuntiva, puesto que, si bien la producción y exportación de petróleo sirve a la generación de divisas, el establecimiento de este mecanismo de promoción atenta contra “la creación de empleo y el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos”.
También allí se encuentra la principal contradicción, dado que un aumento en la capacidad productiva del país traería aparejado un proceso de industrialización, y éste abriría la posibilidad de sustituir el gran volumen de importaciones que representan la mayor sangría de divisas de la economía nacional. Sin lugar a dudas un proyecto de desarrollo en ese sentido conlleva beneficios sustancialmente mayores a la exportación de petróleo y sus derivados.
Al momento no se puede afirmar que el desenlace de este dilema haya tenido que ver con el pedido de renuncia del secretario de Energía, Sergio Lanziani, reemplazado por el diputado del Frente de Todos Darío Martínez. La falta de información acerca de este cambio de funcionarios, el primero de la gestión de Alberto Fernández, deja lugar a la sospecha, a pocas horas de otorgado el aumento de los combustibles en beneficio de la ecuación económica de YPF y las empresas petroleras.
Ante la preocupación que genera en algunos los déficits en YPF, vale preguntarse el objetivo estratégico de contar con este empresa clave, por cierto la más importante del país. El antecedente histórico ayuda a resolver esta cuestión, puesto que YPF (la primera gran petrolera estatal verticalmente integrada del mundo) fue creada por el coronel Enrique Mosconi ante la necesidad de iniciar un desarrollo industrial a escala nacional, y la negativa de las empresas inglesas y holandesas del momento de proveer combustibles a precios razonables.
En el año 1922, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, se crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) con el objetivo de lograr ser autosuficientes en materia energética e impulsar el desarrollo industrial nacional sin dependencia alguna de potencias extranjeras. Tan libre como ética, nacía la mayor empresa argentina.
Con el regreso de un gobierno nacional y popular, durante el primer gobierno peronista, la empresa 100% estatal cumplió un rol estratégico, logrando en nueve años incrementar la producción de petróleo un 70% y elevar el consumo y distribución de petróleo, de 6 a más de 14 millones de toneladas. La capacidad de las destilerías de YPF en el mismo período pasó de 8 mil metros cúbicos de tratamiento diario a 25.025.
Sirve también recordar el efecto que tuvo esta política sobre la industria naval, puesto que en ese período se renovó la flota de buques tanque propiedad de la empresa, incrementando la capacidad de transporte a 234.000 toneladas con 18 naves.
Ese crecimiento y desarrollo de la actividad petrolera mediante la YPF estatal estuvo asociado al objetivo de promover la actividad económica e industrial, a pesar de los problemas que existieron para desarrollar la exploración y extracción de crudo, entre otras cuestiones por el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, que, entre otros problemas, obstruyó el aprovisionamiento al país de trépanos y elementos para la actividad.
Hoy, como hace casi cien años, YPF es una herramienta clave para impulsar un desarrollo industrial que genere los puestos de trabajo que la Patria y el Pueblo tanto necesitan. Pero, también es cierta la multiplicidad de objetivos y las complicaciones para cumplir con todos. Por eso, la pregunta ordenadora es: ¿al servicio de quién se encuentra la principal empresa argentina?
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
