Por Ricardo Ragendorfer – Agencia Télam
El 30 de noviembre de 1991 siete presos se fugaron del penal de Villa Devoto, hasta entonces, una jaula inexpugnable.
Para concretar esa hazaña –nunca mejor dicho– “libertaria”, socavaron, casi a dentelladas, un extenso túnel que empezaba en el hospital penitenciario, con salida sobre la calle Bermúdez, junto al muro principal de la cárcel.
Resultó significativo el apuro de sus autoridades por tapar ese pasadizo, de extremo a extremo, con la carga completa de varios camiones inyectores de cemento. En tanto, de los prófugos no había ni el más mínimo rastro.
Meses después, uno de ellos se comunicó conmigo por teléfono; aquella llamada derivó en un encuentro con él. Entonces, en un aguantadero al que fui conducido tabicado, el tipo me contó los detalles del asunto. Especialmente, uno: el osario que encontraron al cavar el túnel, una fosa común llena de restos humanos que, según él, podrían venir del tiempo de la última dictadura.
Y después, diría:
–Mirá, yo no soy creyente. Pero creo que en esto de la fuga, los espíritus de los muertos nos ayudaron. Y es ahí donde nace mi deuda con ellos. Porque yo, estando en medio del túnel, les pedí ayuda… en joda, se las pedí. Porque estaba desesperado. Pero ellos quizás nos ayudaron para que pudiéramos vivir y contar sobre la gente muerta que está abajo. Yo prometí que lo iba a contar. Y si no lo hago ahora no lo cuento más.
Esa crónica, que incluía su relato completo, fue publicada por la revista mensual Página/30 en junio de 1992, bajo el título “El túnel de los huesos”.
Ya en el invierno de aquel año, el entrevistado fue abatido en un tiroteo con la policía durante el repliegue de un asalto bancario. Era nada menos que César Barthogaray (a) “Kiko”, un pistolero de fuste.
«El túnel de los huesos»
En 2011 fue estrenada –si mal no recuerdo, en un cine de Belgrano– la película “El túnel de los huesos”, de Nacho Garassino, obviamente basada en aquella crónica. Entre los asistentes se encontraba el famoso Hugo “La Garza” Sosa, uno de los protagonistas de la fuga y colaborador del filme.
Fue cuando me confió un detalle de mi entrevista con Kiko que yo, por cierto, desconocía:
–Para ir esa vez a verte, él y yo tiramos una monedita. Y ganó Kiko.
Cabe destacar que dicho largometraje reactualizó el misterio que pesaba sobre los restos óseos hallados por los evadidos.
Después de la publicación de mi crónica, descarté –en base a la revisión de archivos– que se tratara de presos políticos. Porque durante la dictadura, en Devoto no hubo desapariciones forzadas entre cautivos a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional). Se trataba entonces de presos comunes. Pero me era imposible precisar cuándo y en qué circunstancias fueron asesinados. Ese interrogante perduró en mí por casi dos décadas.
Lo cierto es que la exhibición del filme –que estuvo en cartel por varias semanas– descerrajó la respuesta, a través de uno de sus espectadores: Hugo Cardozo, un sobreviviente de la llamada Masacre del Pabellón Séptimo, sin duda el asesinato masivo más sangriento de la historia penitenciaria argentina, ocurrido el 14 de marzo de 1978.
Su saldo “oficial”: 64 muertos. Pero él sabía que hubo muchos más (entre 80 y casi 100), y que éstos eran los que yacían en el túnel. Tal fue su certeza cuando la película aún no había concluido.
Idéntica impresión tuvo otra espectadora: la abogada Claudia Cesaroni. Ella sabía de dicha matanza por dos libros: “Crónicas de muertes silenciadas”, de Elías Neuman, y “Los derechos humanos en el otro país”, una antología de textos que incluye “Testimonios del otro país”, de Daniel Barberis.
De manera que Kiko no se había equivocado: los muertos del túnel eran víctimas de la última dictadura.
Cardozo entonces se contactó con Garassino, y éste hizo el puente entre él y Cesaroni. Tal fue el comienzo de una epopeya judicial. De hecho, esa carnicería había pasado a la posteridad con el antojadizo título de “Motín de los Colchones”, sin que hubiera un “rechifle” previo.
Pero tal era la versión “oficial” del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de los años de plomo. Y así en aquel momento lo caratuló la justicia ordinaria, antes de archivar la causa en cuestión.
En realidad todo se inició con una requisa inusualmente violenta, a raíz de un pedido de los presos para ver una película por el televisor del pabellón. Ello derivó en una sinfonía de gases, balazos y fuego.
Entrevistado por Telam, Cardozo reconstruyó en este 2022 aquellas circunstancias:
“Había más cantidad de guardias que de costumbre, y con garrotes; los golpes no paraban y nos defendíamos como pudimos. Ahí empezaron los gases y los tiros de ametralladora. Nosotros tratamos de tapar la entrada al pabellón con camas y colchones. Ellos seguían disparando, y tirábamos lo que teníamos a mano: papas, pilas. De pronto veo que detrás de mí pasan un calentador que golpea la pila de colchones. Los guardias volcaron un tanque de kerosene. La lengua de fuego llegó al piso y ahí empezó el infierno. El calor era infernal y nos faltaba el aire. Me colgué como pude de una ventana para respirar algo de aire puro y los veo disparar ahí también. La piel se nos ampollaba. Veía a mis compañeros caer. Agarré una toalla mojada, me tapé la cabeza y me tiré al piso. Desperté a las dos horas y ya no había fuego. Mis compañeros estaban cocinados, asfixiados, rotos a golpes o baleados”.
Los diarios reflejaron la masacre. En un primer momento se dijo que eran 44 los muertos. En 1979, el juez Jorge Valerga Aráoz sobreseyó provisoriamente a los penitenciarios involucrados en la matanza.
A más de tres décadas de aquella resolución, Cesaroni hizo desarchivar aquel expediente para remitirlo a la justicia federal con el propósito de que lo sucedido fuese declarado un “crimen de lesa humanidad”. La causa fue a parar al juzgado de Daniel Rafecas, quien de inmediato la reabrió, pero caratulándola como “grave violación a los derechos humanos”.
Sin embargo, en 2014, por una apelación, la sala I de la Cámara Federal de la Capital –integrada por ese entonces por Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler– ordenó a Rafecas que la instruyera bajo la figura requerida por la querella. Y éste ya dispuso cuatro procesamientos: el del ex director del penal, prefecto Juan Ruíz, el del ex jefe de Seguridad Interna, alcaide Horacio Galíndez, y el del ex celador, Gregorio Zerda, mientras que el restante, el ex jefe de Requisas, Claudio Sovage, murió en febrero.
Kiko Barthogaray había cumplido con creces su promesa.
