Esteban Alvarado cayó preso en febrero de este año en la localidad cordobesa de Embalse Río Tercero tras la llegada de Rosa Capuano, quien hasta no hace mucho tiempo fuera su esposa en los papeles. Los investigadores hicieron foco en ella y se enteraron que iba a la provincia mediterránea. Así llegaron a este hombre que era buscado por instigar el homicidio del prestamista Lucio Maldonado, quien al ser arrestado intentó desligarse de su Iphone 8 tirándolo al agua pero los policías de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) lograron recuperarlo. La Fiscalía pudo, a través de la sede estadounidense de una empresa israelí, recuperar del aparato 4.600 mensajes del servicio de mensajería Telegram que utilizaba para comunicarse, organizar y dar órdenes a su grupo de pertenencia, dice la acusación.
Ese teléfono funcionó desde diciembre último y le bastó a la Fiscalía para recolectar la evidencia con la cual llevar a la banda mixta a una imputativa por asociación ilícita. Este jueves fue el turno de la pata económica del grupo. Muchos de ellos, especialmente las mujeres, son prestanombres y algunos de los hombres fueron señalados como la mano de obra que usaba Alvarado para llevar adelante sus negocios ilícitos, explicaron los funcionarios.
Las cinco mujeres, entre ellas Rosa, quedaron acusadas como integrantes de la asociación ilícita y la jueza Silvia Castelli les dictó la libertad con reglas de conducta. Los cinco hombres que se sentaron en el banquillo también recibieron esa calificación y la magistrada les dictó la prisión preventiva por el plazo de 59 días, a excepción de Alvarado que ya cuenta con una medida cautelar sin plazo, igual que otro civil y cuatro policías apuntados bajo la misma figura delictiva.
Logística e inteligencia
Para la Fiscalía, Esteban Lindor Alvarado es el jefe de una asociación ilícita que funcionó desde el 7 de septiembre de 2018 hasta el 29 de abril de este año y tenía tres estamentos. El primero estaba compuesto por aquellas personas que obtenían los medios materiales necesarios para cometer delitos y los ejecutaban. También proveían de armas y vehículos a la organización, pagaban por los trabajos ilícitos que otros realizaban para el grupo, hacían tareas de inteligencia, identificaban e intimidaban personas para lograr un beneficio ilegal, explicaron.
Dos de las personas que para la Fiscalía conforma este estamento fueron imputadas este jueves. Se trata de Carlos Argüelles, el dueño de un taller mecánico acusado de brindarles una apariencia legal a los vehículos que quedaban a disposición de la banda. Era el encargado de “emponchar” los autos, según los fiscales.
También le asignan a Argüelles haber ayudado a desviar la investigación del crimen de Maldonado, secuestrado de su casa de barrio Tablada y asesinado en noviembre pasado, al manipular uno de los celulares truchos que intentaron infiltrar en la investigación para deslindar responsabilidades del caso en Leandro «Chulo» Olivera, un hombre cercano a Los Monos, y en un testigo de identidad reservada enfrentado con Alvarado: para ello hicieron diversas maniobras, lo que incluye balaceras sobre el Centro de Justicia Penal, Tribunales y la casa de una funcionaria de Fiscalía, en diciembre y enero últimos. A Argüelles lo imputaron de encubrimiento agravado y asociación ilícita en calidad de miembro.
El otro imputado que entra en el primer segmento fue Adrián Fernández. Para la Fiscalía, este hombre escondía armas y realizaba logística para Alvarado. Usaba el nombre del líder de la banda y en su ausencia estuvo a cargo de coordinar las tareas asignadas a las distintos miembros del grupo.
Los uniformados
El segundo grupo era proovedor de impunidad: policías que brindaban información calificada a la organización e incorporaban datos falsos a la investigación para desviarla, recordaron los fiscales. Entre ellos la Fiscalía imputó el viernes último a los hermanos Martín y Marcelo Rey, Pablo Báncora y Jorgelina Chaves.
Para la Fiscalía el tercer grupo era parte de un entramado de empresas comerciales y unipersonales que eran utilizadas para fines lícitos e ilícitos, brindaban servicios a la estructura a cargo de Alvarado, proveían logística, recursos materiales y humanos, inmuebles y vehículos a los miembros del grupo y realizaban tareas operativas. Dentro de este último segmento está el grueso de las personas que fueron imputadas este jueves.
Los prestanombres
Rosa Capuano, formalmente divorciada de Alvarado aunque para la pesquisa en los hechos siguen vinculados, está relacionada con varias de las empresas que la Fiscalía le achaca a Alvarado, un convicto por robo de autos en el Gran Buenos Aires –al ser declarado prófugo el 30 de noviembre último le faltaban tres meses para terminar de cumplir la condena en libertad condicional– cuyo único ingreso formal en 2018 fueron 148 mil pesos como empleado de la firma Sagrado Corazón de María SRL.
Este jueves a Alvarado le ampliaron la imputación por dos cohechos activos. Con base en las comunicaciones recuperadas de Telegram lo acusaron de pagarle a un policía de la comisaría 22ª para que sacara fotos y tomara declaraciones a los vecinos de una propiedad de la que intentaban apropiarse «y apareció la dueña», explicó Fiscalía. La otra comunicación habla de entregar a una mujer “20 palos y 50 palos” a un hombre. Para los fiscales ese dinero era para los policías Chaves y Báncora.
Capuano tiene 32 años y vive en un country de Roldán en una casa que supuestamente alquila a otras dos personas de la organización que figuran como propietarios. La Fiscalía explicó que la mujer fue titular de una empresa unipersonal, luego de Logística Santino SRL junto con Flavia Gori. Si bien en la audiencia imputativa, la Fiscalía nombró a un hombre como tercer integrante de la sociedad Logística Santino SRL, quien resultó ser cuñado del imputado Jorge Benegas, el boletín oficial de la provincia de Santa Fe indica que este hombre se retiró de la sociedad el 24 de agosto de 2016 y cedió sus cuotas de propiedad a Flavia Gori.
La mujer administra cuentas corrientes con Alvarado y se han secuestrado cheques en la sede de Logística Santino a nombre de ella y Alvarado, describieron los fiscales de la Unidad de Gravedad Institucional, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. También hay diversos contratos que realizaban para pasar vehículos de una empresa a otra: «Usan las figuras de comodatos, mutuos. En algunos de ellos Rosa participa como parte contratante o contratada», añadieron.
Benegas tiene 44 años, es titular de Transporte Benegas y tiene una larga vinculación con Alvarado. Junto con su pareja Vanesa Nasca figura como dueño de la concesionaria San Ignacio Automotores, ubicada en Pellegrini al 5900, que según la Fiscalía son empresas de Alvarado.
Hay una captura de pantalla que se recuperó del celular de Alvarado con el membrete de la concesionaria donde figura una lista de vehículos y sus valores, dijeron los fiscales, quienes añadieron que «de los Telegram surge cómo da órdenes sobre cómo actuar, qué negocio hacer y cómo moverse».
Los fiscales describieron que en el legajo existe un informe de TOE de septiembre de 2014 en relación con el doble homicidio de Luis Medina y Justin Pérez Castelli, donde se afirma que Benegas «se ocupa de varias de las cosas del Esteban, entre ellas la realización de una obra en construcción para caballos de carrera». Medina, según investigan los mismos fiscales desde hace algunas semanas, pudo haber sido asesinado por orden de Alvarado, de quien se presume era socio en la comercialización de sustancias ilícitas.
También los funcionarios dijeron que Benegas tiene vinculación con los abogados de Alvarado en la provincia y en Buenos Aires. Entre los audios que citaron, hicieron referencia a una escucha entre Benegas con Alvarado donde hablan de alguien que está convaleciente, a quien nombran como «el tío» y en la charla «nombran a Pillín, Ema y un tal Rana», presuntas menciones a un barrabrava, un sindicado narco de la zona norte y un hombre que cumple condena por homicidio.
La casa de Funes Hills
La casa del country Funes Hills donde vive Capuano en carácter de inquilina, describieron los fiscales, estaba a nombre de una persona «que se la cambió a Benegas y su mujer Nasca» por la concesionaria San Ignacio.
También sumaron documentación en la que consta que Logística Santino SRL pagaba el seguro de un camión a nombre de Benegas, pero en una planilla aparece como chofer de esta firma. Para la Fiscalía los negocios a nombre de Benegas son controlados por Alvarado.
La Hilux
Hay en la pesquisa una mención a una camioneta Toyota Hilux que estaba a nombre de Vanina C., en pareja con Ezequiel G. Esa pick up tenía una tarjeta azul a nombre de Lucio Maldonado, el prestamista asesinado en noviembre pasado, caso por el cual Alvarado está imputado como instigador. Ezequiel G. es pareja de Elena, la hermana de Rosa Capuano. «Esta chata tiene una autorización para ingresar a Funes Hills, donde vive Rosa. A su vez hay constancias de ingreso con ese vehículo al country por parte de Benegas y Nasca», describieron.
Paraje Los Muchachos
La Fiscalía dijo que en la quinta del paraje Los Muchachos, en jurisdicción de Piñero, asignada a Alvarado, se mantuvo cautivo a Lucio Maldonado previo a que fuera asesinado. Esta propiedad estaba a nombre de Daniel M., que le dona en forma gratuita la propiedad a los hijos de Alvarado y este último se queda con el usufructo, «documentación que firma ya estando preso», o sea después de agosto de 2012, cuando fue apresado por Gendarmería como líder de la llamada Banda de los Rosarinos, lo que le valió una condena a 6 años y medio de cárcel en territorio bonaerense.
El que era titular es socio de la firma Sagrado Corazón de María SRL, de la que Alvarado es empleado, informó Fiscalía.
El resto de los imputados
Otras dos mujeres involucradas son Nadia Toledo, de 36 años y su hermana Estefanía, de 29 años. La primera tiene a su cargo la firma transporte Antanari y es socia junto con su marido Ricardo Ariel Ianni de Toia SRL. Mientras que este hombre, que aún no fue imputado, es socio de Edra con su cuñada Estefanía. Esta última además es administradora de Toia SRL.
Ianni está procesado por la Justicia federal de Río Negro por transporte de estupefacientes luego de haber sido detenido en noviembre de 2017 con una carga de 494 kilos de marihuana. Ianni circulaba en un auto que hacía las veces de barredor, según la acusación. El rodado de mayor porte es de la empresa Toia. Los otros tres detenidos en ese hecho son empleados de Logística Santino SRL.
La casa de calle Misiones
Por el comprobante de pago de un impuesto la Fiscalía llegó a una propiedad ubicada en calle Misiones 865 del barrio privado Tierra de Sueños 1 en Roldán. El testigo de identidad reservada enemistado con Alvarado le dijo a la Fiscalía que esa propiedad le pertenecía pero que por una disputa lo obligaron a punta de pistola a transferirla. Dijo que esa «transacción obligada» se hizo enfrente de Tribunales, donde Alvarado estaba con un abogado, explicó Edery. Ese domicilio figura como el lugar de la firma Toia SRL.
La quinta mujer involucrada como prestanombres es Flavia Gori. Tiene 38 años y es socia con Capuano en la firma Logística Santino SRL.
El último imputado fue Leandro Suárez, de 43 años. Tiene a su nombre Suárez Automotores, una concesionaria ubicada en Roullión al 5800 que para la Fiscalía es de Alvarado. También cuenta con cuatro autos a su nombre y dos inmuebles, «lo que no condice con su condición financiera», explicaron los funcionarios.
Hay conversaciones entre él y Marcelo Nicolás «Fino» Ocampo, el único civil además de Alvarado imputado el último viernes, donde hablan del jefe preso y cómo está tramitando la posibilidad de pasar a un pabellón común. Para la Fiscalía, hablan de Alvarado, quien a esa altura estaba preso en Piñero.
Las cautelares
Edery pidió para el grupo una medida cautelar aunque diferenció: para las mujeres solicitó una presentación semanal, no salir del país y avisar si se ausentan de la provincia. Dijo que estas mujeres hicieron las veces de prestanombres en las sociedades y sabían perfectamente el manejo que Alvarado hacía del grupo.
En cuanto a los hombres, el fiscal dijo que estos además brindaron un plus con su colaboración en la organización. Para Edery, es necesario un andamiaje económico para la comisión de delitos que se le achacan a la banda: logística, automóviles, propiedades, pago de coimas. Para graficar el funcionamiento económico del grupo, dio el ejemplo del camión con marihuana que cayó en la Patagonia.
Tras escuchar a las partes, la magistrada Castelli aceptó la acusación de la Fiscalía para este nuevo grupo de nueve personas por integrar la asociación ilícita donde Alvarado fue sindicado como jefe. Además, la jueza dictó la prisión preventiva por 59 días para los cuatro hombres y dispuso que las cinco mujeres continúen el proceso en libertad tras fijar reglas de conductas que implican: fijar residencia, firma semanal ante la OGJ, prohibición de salida del país y en caso de ausentarse de la provincia deberán dar aviso a la autoridad competente.
