El jefe del equipo de Operaciones Especiales que viajó a Bolivia en noviembre de 2019, en el contexto del golpe contra el Gobierno de Evo Morales, declaró este miércoles ante la justicia que la orden de llevar las municiones anti tumulto que terminaron en manos de las fuerzas represivas de ese país fue de la entonces «conducción superior de Gendarmería» de la administración de Mauricio Macri.
Martín Hidalgo, que por entonces era Segundo Comandante y Jefe del equipo de Operaciones Especiales que iba a proteger la Embajada y la Residencia Argentina en Bolivia, declaró como testigo, bajo juramento de decir la verdad, ante el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania.
A lo largo de la declaración, Hidalgo contó cómo fue convocado para desplazarse a Bolivia, detalló que primero se barajó la posibilidad de ir en un vuelo comercial y finalmente lo hicieron en un Hércules de la Fuerza Aérea, aseguró que el traslado de las municiones lo ordenó la cúpula de la Gendarmería del Gobierno de Juntos por el Cambio y refirió que el «comandante Caliba» fue quien recibió las municiones en La Paz.
«La orden para cargar los efectos en los vehículos para ir a El Palomar la dio el comandante mayor Salas. Me comunicó que por orden de la conducción superior de Gendarmería esos efectos iban a ir a Bolivia; y que no eran parte del equipo nuestro, el equipo que yo seleccioné. Me dijo que esos efectos eran una reserva operacional y que respecto de la gestión de esos efectos intervenía en Bolivia el Comandante Principal Caliba, que era el enlace de Gendarmería en Bolivia», sostuvo el testigo en la declaración a la que accedió Télam.
El comandante mayor Salas al que refirió Hidalgo es Fabián Salas, exjefe del Grupo Alacrán; Caliba es Adolfo Caliba, que por entonces era el agregado de la Gendarmería en La Paz, y por «conducción superior de Gendarmería» se entiende que el testigo hizo alusión a Gerardo Otero, quien por entonces estaba al frente de esa fuerza.
La declaración testimonial fue presenciada, entre otros, por el abogado Manuel Barros, quien ejerce la defensa de los tres imputados señalados en la declaración del testigo: Otero, Salas y Caliba.
En el inicio de su declaración, Hidalgo señaló que no se desempeña actualmente en la Gendarmería Nacional y luego brindó un relato detallado de cómo fueron aquellos días de noviembre de 2019 en los que un avión de la Fuerza Aérea aterrizó en Bolivia con un grupo de gendarmes y miles de municiones anti tumulto.
«El día 10 de noviembre de 2019, un día domingo, fui notificado que íbamos a ir a Bolivia. Recibimos la orden de preparar un equipo, personal y medios para ser desplegado a la ciudad de La Paz, para brindar seguridad y protección a la Embajada y Residencia Argentina y a los funcionarios, por los conflictos de público conocimiento», relató.
«El día 11 de noviembre de 2019 estuvimos en la Agrupación. Nos decían que nos íbamos, que no nos íbamos. Supuestamente nos íbamos a ir ese día, así que estuvimos en alerta todo el día, preparando el equipo. En horas de la tarde nos fuimos y teníamos que volver al día siguiente. Pensábamos que nos íbamos ese día 11, incluso se hizo una reserva de pasaje. Ese día se hizo una reserva para nosotros y también para la comisión que salía a Chile», continuó.
«Como habíamos estado el día 10 y 11 esperando para ver si salíamos o no, el día 12 de noviembre nos dieron unas horas por la mañana libres. El día 12 de noviembre teníamos que volver al mediodía a la Agrupación y estar listos para salir. Ese día que volvimos al mediodía a la Agrupación, yo no tenía conocimiento de ese vehículo que me dicen que salió a la Dirección Nacional de Logística. Cuando el vehículo volvió a la Agrupación yo ya estaba allí», avanzó en el relató.
«Habrá vuelto a las 13 horas, 13:30, pasado el mediodía. Trajo una carga de cartuchos anti tumulto que se descargaron en el gimnasio de la unidad nuestra. Más allá de los que nos íbamos en comisión a Bolivia, siempre hay más gente que cumple funciones en la Agrupación. En la descarga puede que haya participado gente que fue conmigo en comisión a Bolivia, o personal que cumple funciones en la Agrupación. Pero exactamente no puedo decir quienes participaron de la descarga», detalló.
El testigo señaló que todo ese material podría haber sido pensado como para ser utilizado en el futuro en «caso de que no fuese posible lograr el reabastecimiento» o directamente por parte de «otro personal que fuera desplegado a Bolivia».
También dijo, a modo de opinión, que el material podría haber estado destinado al caso de que fuera necesario «después de un tiempo apoyo de una fuerza local, que pudiesen hacer uso, en apoyo a alguna actividad nuestra, para protección de la Residencia y Embajada Argentina».
«Cuando digo ‘fuerza local´ me refiero a fuerza de la ley, policía, fuerza aérea, ejército. Fuerzas institucionalizadas. Cuando digo ‘local’ me refiero a fuerzas de Bolivia. No puedo especificar si ese era el destino, es lo que yo me imagino ahora. Yo en ese entonces recibí la orden como se la manifesté. Quiero aclarar que el día 10 de noviembre el Presidente de Bolivia renunció, y hubo funcionarios que pudieron irse del país y otros no», explicó.
Para poner en contexto su declaración, Hidalgo recordó que «la residencia de México alojó funcionarios, y quisieron entrar por la fuerza a sacar funcionarios de la administración del Gobierno saliente»
«Uno sabe que en cuestiones de minutos se juntan 500 personas, y que aunque tengamos un equipo de gendarmes especializados y entrenados, ante una multitud de 100 personas que hubiesen querido tomar cualquiera de las dos instalaciones nuestras, no hubiésemos podido hacer mucho. Fueron situaciones que no pasaron, pero quiero aclararlo para contextualizar», explicó y luego recordó que en la residencia argentina en Bolivia estuvo alojado el exministro de ese país, Carlos Romero Bonifaz.
En esta causa se investiga qué pasó con las 70 mil balas de goma y otras municiones anti-tumulto que salieron de la Argentina con el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador, pero que se habrían desviado hacia otras manos.
La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y bajo las órdenes de quién se realizaron esas acciones.
Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados hace un año a través de una presentación firmada por el ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
En el expediente se encuentran imputados el expresidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero, y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración de Juntos por el Cambio Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).
En el expediente fue imputado también el comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Morales.
