Una vieja pelea entre Wanda Nara y Maxi López parece despegarse de la página de espectáculos y dio lugar a un debate legal que terminó con un pronunciamiento judicial sobre libertad de expresión. Si bien resulta insólito que una pelea entre famosos haya demandado recursos judiciales que van desde un juzgado de Familia a la Corte de Buenos Aires y de ahí al procurador, es interesante cómo este evalúa la libertad, la censura y el derecho de los niños. Es que el famoso “bozal mediático” mediante el cual una persona impide a otra expresarse con anterioridad a que lo haga, fue considerado censura previa. Una batalla que ahora ganó Wanda y que puede significar su aparición en donde quiera para hablar de la compleja relación con su ex.
El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Víctor Abramovich, consideró que prohibir a una persona hablar sobre asuntos familiares en un medio de comunicación es censura previa. Es que el llamado “bozal mediático” había sido autorizado por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires en el marco de una demanda que el jugador de fútbol Maximiliano López efectuó contra su ex esposa, la mediática Wanda Nara.
Para el procurador esa medida tiene el alcance de una censura previa, y se dictó en resguardo del derecho a la intimidad y el interés superior de los niños, pero sin analizar su afectación concreta en el caso, ni armonizar esos derechos y principios con la libertad de expresión.
López había pedido el “bozal mediático”en el Juzgado de Familia N° 5 de San Isidro, el cual ordenó que Wanda Nara se abstenga de difundir o divulgar por todo medio de comunicación cualquier noticia, dato, imagen o circunstancia vinculada con su separación, o sobre cualquier aspecto de su matrimonio, familia e hijos; a la vez que previó, en caso de incumplimiento, la aplicación de astreintes ( es decir sanciones que se pagan con dinero) y su comunicación a la justicia penal; así como la notificación de la medida a todos los medios de comunicación. Esa decisión fue apelada por Wanda y confirmada por la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro. Contra ese pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue rechazado por el máximo tribunal provincial al entender que ese escrito no controvertía la decisión de la Cámara.
El representante del Ministerio Público puntualizó que dicha medida impide el proceso expresivo antes de que éste se haya desarrollado, por lo que implica una censura previa vedada por los artículos 14 de la Constitución Nacional y 13 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos. Recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “Rodriguez” ( 337: 1174) reafirmó que toda restricción, sanción o limitación a la libertad de expresión debe ser de interpretación restrictiva y, por ende, toda censura previa que se ejerza sobre ese derecho padece una fuerte presunción de inconstitucionalidad.
Asimismo, destacó que el Alto Tribunal ha reconocido que esa prohibición de censura debe ceder en supuestos absolutamente excepcionales. Dentro de esos supuestos, el procurador fiscal citó el precedente “S.V.” (Fallos 324:975), en el cual la Corte había confirmado parcialmente una medida de tutela preventiva dictada en aras de proteger los derechos de intimidad de un niño, estableciendo como estándar que en la tarea de armonizar las garantías constitucionales en juego “cabe entender que la protección judicial del interés del menor debe estar estrictamente ceñida a lo que resulta indispensable, para evitar así una injustificada restricción de la libertad de prensa”.
Bajo ese prisma, Abramovich concluyó que el superior tribunal provincial omitió verificar si en la causa se encontraban configurados los presupuestos exigidos por la Corte Suprema para habilitar de manera excepcional una medida de este alcance. Destacó que la sentencia apelada mencionó, en forma dogmática, el interés superior del niño y el derecho de los menores a no ser objeto de intrusiones ilegítimas y arbitrarias en su intimidad, sin analizar cómo se ven afectados en el caso concreto y sin ponderar si esa eventual afectación debe prevalecer, en el caso, frente a la fuerte protección que tiene la libertad de expresión en nuestro ordenamiento constitucional. Agregó que esa resolución omitió indagar si existen otros remedios procesales menos gravosos para resguardar el interés superior de los niños.
En particular, enfatizó que el superior tribunal provincial no evaluó si la tutela de los hijos de las partes exigía de manera indispensable el dictado de una medida preventiva de la extensión de la ordenada en autos, la que fue decretada, a su vez, sin límite temporal. Puso de relieve que el análisis de ese punto resultaba imperioso, dado que “para la concesión de medidas de esta naturaleza no basta considerar que la misma es adecuada, sino que se debe demostrar que resulta estrictamente necesaria”. Además, criticó la ambigüedad y la falta de precisión de la medida, ya que prohíbe la circulación de información sobre cualquier aspecto del matrimonio de las partes, familia e hijos.
Por último, consideró que el derecho de defensa de Nara fue afectado por el máximo tribunal local al rechazar su recurso sobre la base de un razonamiento de excesivo rigor formal, pues no brindó respuesta suficiente a sus agravios constitucionales respecto de una decisión judicial adoptada inaudita parte, que restringe su derecho a expresarse libremente.
