WikiLeaks afirmó hoy que funcionarios estadounidenses presentaron una orden judicial que exige a la red social Twitter detalles de la cuenta de su fundador en el marco de una investigación secreta por espionaje.
En un comunicado, WikiLeaks, el sitio web de difusión de información confidencial que este año publicó miles de documentos secretos de Estados Unidos, agregó que sospecha que la orden también fue dirigida a compañías de Internet norteamericanas.
WikiLeaks dijo que funcionarios del Departamento de Justicia fueron con la orden hasta la sede de Twitter Inc. en San Francisco y exigieron los mensajes privados, contactos y otros datos de su fundador, el australiano Julian Assange, y cuatro seguidores.
Entre los partidarios de Assange cuyos datos se solicitaron figura el analista del ejército estadounidense que está detenido como sospechoso de haber entregado información clasificada al sitio web y una conocida diputada de Islandia.
WikiLeaks condenó la orden, emitida por un tribunal de Virginia, y dijo que equivale a un acoso judicial.
«Si el gobierno iraní fuera a intentar obtener de modo coercitivo información sobre periodistas y activistas extranjeros, los grupos de derechos humanos estarían alzando la voz», dijo Assange en un comunicado citado por la cadena CNN.
Una copia de la orden judicial, fechada el 14 de diciembre y difundida por la revista on line Salon.com, dice que la información requerida es «relevante a una investigación criminal en curso» y ordena a Twitter no revelar su existencia ni Assange ni a las demás personas en cuestión.
Esta última disposición de la orden fue repelida «gracias a una acción legal de Twitter», dijo WikiLeaks.
Twitter se negó a hacer comentarios sobre la orden, y sólo dijo que su política es notificar a sus usuarios, cuando fuera posible, de pedidos de información de las autoridades, informó CNN.
Entre las otras personas sobre las que se solicitó información figuran Bradley Manning, el soldado estadounidense sospechoso de haber sido la fuente de algunos materiales de WikiLeaks, y Birgitta Jonsdottir, una diputada de Islandia, colaboradora de WikiLeaks y activista por la libertad de expresión.
También figuran el hacker holandés Rop Gonggrijp y el programador estadounidense Jacob Appelbaum, que trabajaron para WikiLeaks.
Assange prometió presentar un recurso contra la orden, igual que Jonsdottir, quien en un mensaje de Twitter dijo no tener «ninguna intención» de entregar esa información voluntariamente.
WikiLeaks expresó además sus sospechas de que otras compañías, como Facebook Inc. y Google Inc., también recibieron órdenes similares, y las urgió a «revelar cualquier orden que reciban».
Estados Unidos se manifestó profundamente molesto con WikiLeaks por haber divulgado este año miles de documentos militares secretos sobre la guerra en Afgansitán y luego cientos de miles de cables confidenciales de embajadas norteamericanas en el mundo.
Washington evalúa desde hace tiempo posibles acciones legales contra WikiLeaks. El sitio web niega las acusaciones estadounidenses de que sus acciones podrían poner en riego vidas.
