Cristina de Kirchner dio en las últimas horas un puñado de señales que parecen responder el mayor dilema del universo K. En tres pasos, sembró indicios suficientes para consolidar la presunción de que en 2011 buscará su segundo mandato presidencial.
El dato más sólido se produjo anteanoche cuando aceptó -incluso contra la voluntad de algunos ministros- abrazar, con matices, el esquema de Mauricio Macri: evitó, eso sí, desalojar por la fuerza pero no dudó en aplicar una cláusula de castigo para los “usurpadores”.
Al detectar que la prolongación del conflicto podría dañar el idilio público en que permanece desde la muerte de Néstor Kirchner, la presidenta no dudó en aplicar un criterio de flexibilidad y pragmatismo. Frenó, parece, el riesgo de un costo político.
Algo parecido ocurre con la creación del Ministerio de Seguridad. Así como antes aceptó la auditoría del FMI respecto de la medición de la inflación, decidió aprovechar su pico de popularidad -que comenzó, indican los sondeos, a amesetarse- para hacer una apuesta incierta.
La inseguridad y la inflación son, entienden en el gobierno, los dos factores que acechan desde hace años y que, incluso más que las denuncias de corrupción, podrían deteriorar un intento de continuidad de la presidenta más allá de diciembre de 2011.
En círculos K, donde se observó como una jugada de pizarrón la creación del ministerio con, como compensación, la designación de Nilda Garré en el mismo -distinta, dicen, hubiese sido la percepción si a ese lugar iba una figura del perfil Aníbal Fernández- se interpretó que esa decisión, además de ser una reacción ante el caos de Soldati, permite una lectura en clave política: que la presidenta definió su proyecto reeleccionista.
A pesar de que en las definiciones kirchneristas públicas nadie se atrevió a plantear la posibilidad de que Cristina de Kirchner no intente en octubre próximo estirar la temporada K, ese interrogante repiqueteaba en todos los análisis reservados.
Al decidir, con estilo propio, encarar el largo e indomable problema de la inseguridad y, en paralelo, aplicar un protocolo no convencional para la Biblia K ante la ola de usurpaciones, Cristina proyecta una menú de ideas que parecen ir más allá de la coyuntura inmediata.
En los últimos días, Jaime Barba Durán midió, de manera casi compulsiva, el impacto de la crisis en el Indoamericano. Comprobó que el episodio hería más al Gobierno nacional que al porteño. Un dato similar, por otra vía, llegó a manos de la presidenta.
Y, sobre todo, se topó con la incomodidad de que en los sectores medios -esos donde se produjo, tras la muerte de Kirchner, el mayor repunte K- era mejor vista la propuesta de rigidez del macrismo que la postura no intervencionista de la Casa Rosada.
El mismo criterio primó en materia de seguridad en los últimos tiempos y con la creación de un ministerio específico la presidenta empezó a confirmarlo aunque con un rasgo particular, de resultado impreciso, que indica que antes de combatir el delito externo hay que adiestrar a las propias fuerzas.
“Cuando parecía que se radicalizaba, demostró flexibilidad y pragmatismo”, evaluó, anoche, un analista. En Gobierno, la mirada es parecida: si la elección de Garré sugería un giro “hipergarantista”, el modelo Soldati muestra un tono de origen opuesto.
Hubo, en todo el minué, un elemento sintomático. La jura de Garré reflejó un notable vacío del PJ. Se sabe que la ministra no genera simpatías en el peronismo clásico, pero que sólo haya habido tres gobernadores, y casi ningún intendente, más que un desplante a la funcionaria es un mensaje para la presidenta.
Quizá una anécdota como el hecho de que otra vez Cristina haya recurrido a un DNU para sostener una medida de gobierno. Lo hizo ayer para crear el Ministerio de Seguridad, traspasando poderes que antes tenía, en persona o delegados, Aníbal Fernández. Pero la historia no es otra cosa que una sucesión de anécdotas.
