Siete personas quedaron detenidas tras una treintena de allanamientos que se llevaron a cabo en el marco de una investigación para desbaratar la venta de armas de fuego que alimentan los hechos de violencia altamente lesiva que vienen sucediendo en Rosario. A pesar de que las especificaciones del caso aún se mantienen en reserva trascendió que uno de los operativos que llevaron a cabo el personal de la Policía Federal se llevó a cabo en una armería de bulevar Seguí al 1700.
De acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el fiscal Gastón Ávila del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego solicitó este martes 29 allanamientos en diversos puntos de la ciudad de Rosario y dispuso la detención de 7 personas.
“Estos procedimientos están vinculados con la primera investigación estratégica sobre mercado ilegal de armas de fuego dentro del Plan de Persecución Penal por objetivos priorizados de la Fiscalía General y en el marco del convenio de colaboración firmado en abril pasado por la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich”, indicaron las fuentes.
La investigación inició a partir de un informe de la Subsecretaría de Intervención Federal, que identificó a un grupo de usuarios con múltiples solicitudes de tenencia de armas entre 2020 y 2024, en un trabajo conjunto entre el Equipo de abordaje estratégico de Armas, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y la Policía Federal. Los resultados de las medidas sumaron que estas personas tenían perfiles económicos que no se condicen con las adquisiciones realizadas. “Con estos procedimientos el MPA se encuentra en camino de acreditar mecanismos de desvío de armas de fuego obtenidas legalmente hacia el mercado ilegal en razón de no ser halladas en poder de sus propietarios formales”, indicó el MPA.
En tanto, fuentes oficiales deslizaron que, respecto al procedimiento de la armería Bordoni, su propietario real es un ex subcomisario mayor de la Policía provincial, aunque el negocio figura a nombre de su esposa. Hace tres años, el comercio quedó en la mira como parte de una red de provisión de armamento, y municiones a organizaciones criminales.
En esa investigación, llevada adelante por los fiscales Pablo Socca y Valeria Haurigot, que indagaban sobre la saga de balaceras que azotaba la ciudad, fueron tras José Luis Andino y lo imputaron por el manejo de un galpón en barrio Saladillo que surtía de armamento a distintos grupos delictivos. Así detectaron que el hombre había hecho compras voluminosas en septiembre de ese año: 21 mil balas precisamente en la armería Bordoni. Y que el año anterior había adquirido pertrechos por dos millones de pesos.
“En los próximos días se llevarán a cabo las correspondientes audiencias imputativas”, concluyeron desde la Fiscalía.
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