Lucia Demarchi
Unos meses antes de que el expresidente Carlos Saúl Menem firmara los primeros indultos en favor de los militares que llevaron adelante el terrorismo de Estado en Argentina durante la última dictadura cívico-militar, unas 3 mil mujeres reunidas en Rosario para participar de la cuarta edición del Encuentro Nacional de Mujeres de 1989 encaminaron una carta al primer mandatario pronunciándose “contra cualquier medida que termine de garantizar la impunidad de quienes, utilizando todo el poder del Estado, secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer a miles de argentinos”. La iniciativa surgió del taller de Mujeres y Derechos Humanos. “Cuando se leyeron las conclusiones de ese taller, en el que estaba incluida la carta, hubo una ovación general”, recordó Mabel Gabarra, referente feminista e integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Rosario.
En 1985, Argentina celebraba el fallo del Juicio a las Juntas, que condenaba a cinco militares de alto rango que habían conducido el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983: Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando Lambruschini. El país se ubicaba en la vanguardia internacional de la lucha por los derechos humanos.
A este hito fundamental para el proceso de construcción de Memoria, Verdad y Justicia en el país no tardaron en seguirle dos leyes en sentido opuesto: las leyes de Punto Final, primero (1986) y de Obediencia Debida, después (1987), llegaron para poner un límite al alcance de la Justicia. Con ellas, quienes no hubieran sido denunciados hasta cierto plazo de tiempo, o quienes hubieran cometido crímenes de lesa humanidad respondiendo a órdenes de superiores, no pasarían por el banquillo de los acusados.
Y aún faltaba algo más: entre 1989 y 1990, el entonces presidente Carlos Saúl Menem sancionó una serie de decretos indultando, primero, a 220 militares y setenta civiles; y después a los propios miembros de las Juntas Militares, condenados en el Juicio a las Juntas. Y aquí no ha pasado nada.
Las leyes de impunidad fueron derogadas en 1998 y anuladas en 2005. Los indultos fueron declarados inconstitucionales en 2006.
La voz de las mujeres
En agosto de 1989, unos meses antes de que Menem se aprestara a firmar la primera tanda de indultos, unas 3 mil mujeres de todo el país desembarcaban en Rosario para participar del 4° Encuentro Nacional de Mujeres (hoy plurinacional y con las disidencias).
Los días que duró el Encuentro –que en 2019, antes de la pandemia, celebró su 34°edición- se realizaron 33 talleres en los salones de la Facultad de Ingeniería de la UNR, al resguardo de la lluvia que azotaba la ciudad. El taller N° 21 fue el de Mujeres y Derechos Humanos, que tuvo 300 participantes, entre ellas Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Entre todas resolvieron enviar una carta al presidente Menem en nombre del colectivo, oponiéndose a esos indultos que no se habían efectivizado, pero de los que ya se escuchaba hablar.
“Las mujeres participantes del 4° Encuentro Nacional de Mujeres, mayoritariamente nos hemos pronunciado contra cualquier medida que termine de garantizar la impunidad de quienes, utilizando todo el poder del Estado, secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer a miles de argentinos, entre ellos cientos de niños que aún permanecen en poder de sus apropiadores”, rezaba la carta.
“Sostenemos que el indulto, amnistía, per saltum, conmutación de penas y otras medidas similares constituyen un flagrante atentado contra la voluntad popular que se ha venido expresando en favor del Juicio y Castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar. Esa voluntad popular ha sido desconocida anteriormente con las instrucciones a los fiscales militares, las prescripciones, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que significaron la impunidad para la inmensa mayoría de los responsables el terrorismo de Estado”.
“Reclamamos que no se siga en ese camino y quienes atentaron contra la vida y el futuro del pueblo argentino reciban justo castigo. Esta es la garantía de que nuestro pueblo no vuelva a ser víctima del poder despótico de ninguna dictadura. Por un futuro con memoria, dignidad y justicia social”, finalizaba
En las conclusiones del Taller solicitaban, además, las restitución de los niños apropiados durante la dictadura y la investigación de los levantamientos carapintadas. “Exigimos el juicio y castigo de todos los responsables de la crisis que hoy causa estragos en la población mayoritaria de Argentina”, agregaban.
También pedían al entonces Secretario General de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, que declare a la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad, algo que recién ocurrió en 1992.
“Muchas de las que participaban en Derechos Humanos y en el Movimiento de Mujeres, que iban a los Encuentros, eran ex militantes de los ’70. Muchas habían estado en el exilio y otras se habían quedado acá, pero eran militantes de esa época”, dijo a El Ciudadano Mabel Gabarra.
Los talleres vinculados a los Derechos Humanos estuvieron en la agenda de los ENM desde sus inicios, y en 1989, en Rosario, fue uno de los más concurridos. “La cuestión de los Derechos Humanos para nosotras siempre estuvo muy enlazada con la cuestión de género. Nosotras hablábamos de que las mujeres tienen derechos humanos cuando nadie los reconocía, ni siquiera Naciones Unidas, que lo hizo recién en 1993”, explicó Gabarra.
Comentarios