Por Ruth Sosa/ Colegio de Profesionales de Trabajo Social 2da.Circ.Santa Fe
Atravieso con la línea 142 una larga distancia desde el extremo Oeste hacia el Sureste de la ciudad de Rosario. Avenida Argentina al 5700, Parque Regional Sur, Barrio Saladillo Rosario. Un pedacito de territorio tranquilo en el que el canto de los pájaros y las copas de añejos y frondosos árboles, movidas por la brisa, interrumpen silencios. En esta geografía apacible, se emplaza un edificio de tres plantas con ladrillos amusgados, teñidos por el óxido que destilan esas aberturas sin ventanas. Una construcción prominente expuesta al abandono. En el corazón de esta vieja edificación, un amoroso y cálido recinto preparado para encuentros, conversas, y para necesidades básicas tan vitales como calentar el agua para el mate o para ir al baño. Condiciones mínimas y necesarias para habitar días prolongados de reuniones para decisiones importantes de la cooperativa; la que se congrega asiduamente a sus socias y socios. Un grupo diverso e intergeneracional. En esas conversas se hilvanan retazos para un hábitat tramado con hilos de solidaridad y enredos de cooperación. No podía faltar una estética en la pared, a modo de mapa de nuestra ciudad, en el que se plasma un tejido de luchas, resistencias y “re-existencias” de causas justas que abrazan nuestros movimientos, comunidades y pueblos.
Aquí se constituye y coproduce la cooperativa La Creciente. Mientras cooperan preservando limpio este lugar, se acuerpan y organizan imaginando que hay otros modos posibles de construcción de la vivienda digna. Esta imaginación política cotidiana alcanza una política de cuidados socio comunitarios.
La Creciente logró construir, por ayuda mutua, un salón de uso comunitario en el área de ingreso al terreno. En palabras de una de sus integrantes, Silvina Grodziñski, “un lugar en el que ensayamos imaginaciones de lo que materialmente necesitamos para vivir como queremos. Y lo gestionamos políticamente ante el gobierno local, provincial y nacional. Así accedimos al suelo con una figura dominial que encuadrara jurídicamente nuestras prácticas de habitar y producir socialmente hábitat”. Entre sus múltiples propósitos, el lugar se piensa como un espacio socio-comunitario para las infancias abierto a todo el barrio. Siguiendo el relato de Silvina, para lograr este espacio tuvieron que moverse “entre las fisuras de la burocracia, que tienen nombre y apellido, y permiten construir puentes en lugar de mostradores; acuerpando saberes, en horas y horas de completar planillas y formularios; dibujar planos, hacer notas y reuniones, enviar mensajes insistentes”. A la par de “recibir promesas que se cumplían en infinidad de semanas próximas”. En estos trajinares, la cooperativa logró que el Plan Argentina Hace, que estaba bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, arribara a la Municipalidad de Rosario para construir entre este grupo cooperativo y el de TecyPro el salón de uso comunitario. Previamente, la cooperativa, en jornadas de ayuda mutua, había adecuado un sector para que sirviera como obrador. La cuestión es que los tiempos se fueron dilatando, junto al proceso hiperinflacionario que transitamos, y la obra no pudo concluirse. Y al desaparecer el Ministerio de Obras Públicas, se fueron borrando los puentes amenazando la propia historia construida como cooperativa. Se dio de baja el proyecto por no estar completado y el Municipio debe devolver a Nación la inversión realizada. Entre algunas de las cosas pendientes, quedan las mejoras en el alumbrado público, en la red de aguas y de veredas en toda la cuadra, así como el tema cloacas.
Con estas metas, este grupo de cooperativistas que se acuerpan y se organizan por el sueño de un lugar “seguro” para habitar. Aguardan una respuesta de las autoridades para dar continuidad a su proyecto colectivo de alcance socio-comunitario. Digo lugar “seguro” pensando en las seguridades que nos faltan con relación a poder habitar una vivienda digna en la que podamos desenvolvernos como seres humanos junto a quienes convivimos. Ese abrigo que necesitamos como seres humanos para sentirnos abrazados en un entorno cuidado. Un derecho que está consagrado en nuestra constitución nacional y que, sin embargo, un gran caudal de seres humanos se ve privados de esa condición vital.
El proyecto que abraza La Cooperativa La Creciente no se trata del mero “sueño de la casa propia”. Se trata de hacer posible un imaginario cooperativo y solidario que abraza el derecho de habitar la ciudad.
La crisis habitacional que vivimos en Rosario en los tiempos contemporáneos no es una cuestión coyuntural ni mucho menos un problema local: pone en vilo al Estado, cuestiona profundamente los modos tradicionales de construcción de políticas públicas interrogando a los agentes gubernamentales como los principales agentes capaces de proponer proyectos, así como los modos de ejecutarlos y llevarlos a cabo.
Sabemos por experiencia cotidiana que alquilar en Rosario se viene tornando una hazaña cada vez más difícil de ser afrontada por quienes vivimos de nuestro trabajo. En un modelo que golpea neurálgicamente a las clases medias, quienes alquilan se están viendo inducidos a tomar deudas para pagar su alquiler a la par que el mercado inmobiliario percibe una fuerte demanda de alquileres residenciales.
Una encuesta nacional de la organización de Inquilinos Agrupados expresa la dramática situación de la población que alquila. Muestra que el 88,4% de quienes alquilan en Rosario tienen preocupación por su situación habitacional dado que sus ingresos no podrán pagar la renta mensual. Es importante tener presente que, tras la sanción del DNU 70/23, pagan alrededor de un 50% más que quienes firmaron contrato bajo el régimen de la Ley de Alquileres. Con la derogación de esta ley, los contratos son más cortos y también más caros por efecto de la actualización que es mensual o trimestral; actualización e inflación que no acompaña el régimen de los salarios.
Ante estas circunstancias, que son cíclicas en nuestra historia argentina, La Creciente, una cooperativa, sostenida desde hace más de una década de organización, resistencia y lucha, vienen planteando una propuesta concreta a los diferentes estamentos del gobierno con la finalidad de resolver el problema habitacional de quienes la integran. La cooperativa la constituye un grupo heterogéneo de trabajadoras y trabajadores, profesionales, jubilados, con componentes intergeneracionales.
A diez meses del gobierno de Milei, experimentamos un inusitado ajuste predatorio, voraz y acelerado. Un proyecto neoliberal, ortodoxamente economicista, cuyo resultado agrava la condición de ser clase media trabajadora y a la vez empobrecida. Esta determinación va derivando en un hecho inédito ante la imposibilidad para afrontar el pago del alquiler de una unidad habitacional de forma individual: hay quienes hoy necesitan agruparse para cumplimentar un pago mensual de alquiler. No faltan familias o personas jubiladas que, frente a las condiciones actuales, han tenido que mudarse a una pensión. Durante la crisis de los noventa vimos el efecto de los “nuevos pobres estructurales”: un indicio de ello eran las familias que se mudaban a casas localizadas en terrenos fiscales en las zonas periféricas de la ciudad. En la actual coyuntura, estamos viendo cómo muchas familias nuevamente son empujadas hacia los entornos periféricos de la ciudad.
¿Cómo resolvemos la crisis habitacional que se agrava cada vez más aun cuando se dispone, como en este caso, de “espacios ociosos” y que, sin embargo, no tienen accesibilidad económica para acondicionarlo y habitarlo? ¿Cómo se construye una política pública de accesibilidad a quienes necesitan un lugar para vivir y que proponen un proceso de construcción colectiva por ayuda mutua?
Una construcción de tres plantas abandonada desde hace más de cuarenta años emplazada frente al Parque Regional Sur, en el corazón del barrio Saladillo. El dueño había cedido a la Municipalidad de Rosario esta propiedad pasando a conformar el fondo de tierras municipal. Pensando en un uso legítimo de herramientas legales de política urbana que redireccione la utilización a las propiedades ociosas, la Creciente viene tejiendo un proyecto de vivienda social. Así, la cooperativa nos propone una política pública de hábitat sostenible.
Este predio, el que –insistimos- se hallaba totalmente abandonado fue captado y abrazado por un grupo de personas que comenzaron a pensar en un inédito viable: construir un hábitat que también abrace a la comunidad de proximidad. Este espacio urbano aloja un significativo proyecto autogestivo, con valores democráticos desde la pluralidad y desde la micropolítica de la cooperación y la solidaridad, que resolvería el problema habitacional a 11 familias rosarinas. Este proyecto solidario no sólo alcanzaría a estas familias, sino que se torna extensivo para el entorno de proximidad a través de un proyecto ambiental y socio-comunitario. Esta matriz de organización autogestiva y de ayuda mutua ya tiene antecedentes en otras latitudes con experiencias muy bien sucedidas en Uruguay, Chile, Brasil, México, Canadá, Chicago-Estados Unidos, España y otros países de Europa.
Integrada por familias y personas con recursos insuficientes para acceder a una vivienda, la Cooperativa La Creciente, que representa al Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), elaboró un proyecto concreto, colectivo y de ayuda recíproca con el propósito de construir una solución a un problema que afecta a una enorme masa de la población en nuestro país.
Algo significativo de la cooperativa La Creciente es su laboriosa gestión en el circuito de las políticas públicas: presupuesto participativo, fondo de tierras, coproducción del proyecto arquitectónico entre el grupo cooperativo y el Servicio Público de la Vivienda de la Municipalidad y sus dependencias; la gestión ante organismos de la Nación. Toda esta trayectoria cooperativa, que se traduce en su capacidad de reconocimiento y diálogo acumulado a nivel nacional, consigue que la gestión nacional, que es de diferente signo político que el del municipio, acceda a subsidiar el espacio comunitario a través de la administración municipal. La cooperativa de viviendas define, aunque con resistencias, la cooperativa de trabajo que llevaría adelante la obra del espacio comunitario. Esta condición, que finalmente es aceptada, soporta el disciplinamiento burocrático pre-existente, que ha construido el vínculo Estado-Cooperativas de un modo particular.
La presentación ante el Concejo Municipal del proyecto fue diseñada cooperativamente por profesionales del MOI. En éste se solicita la transferencia del inmueble que se concretó en 2018 con el consenso de todos los bloques. Si bien se trataba de una cesión precaria que se renovaba automáticamente cada dos años, parecía ser una meta en miras de la tenencia permanente.
En 2019, tras una sostenida labor de gestión y articulación con organismos locales y provinciales, y previo a concluir la gestión del gobernador santafesino Miguel Lifschitz, se firma un convenio marco para el financiamiento de las obras mediante la Dirección provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU). En ese marco, conforme relata Silvina Grodziñski, se establecía la constitución de una mesa de trabajo que debía convocar el gobierno local. Mediante este convenio, la municipalidad se comprometía a transferir el terreno mediante un crédito asequible, mientras el gobierno provincial se comprometía a financiar los costos de materiales y trabajo de obra. La cooperativa de vivienda administraría esos recursos contratando una cooperativa de trabajo para su edificación, e incorporaría horas de trabajo de ayuda mutua por parte de los usuarios de las viviendas a los fines de abaratar costos. Esos fondos provienen del FONAVI, que en nuestras provincias se utilizan para viviendas sociales. Así, el gobierno local financiaba el proyecto con un crédito accesible para pagar en cuotas y la cooperativa se corresponsabilizaba en la construcción por ayuda mutua. El desafío es demostrar que esos mismos recursos, administrados por los futuros usuarios, incorporando trabajo y eliminando el lucro en pos de la construcción de una vivienda realmente adecuada a sus habitantes, pueden producir un hábitat sostenible y digno.
La pandemia del Covid-19 fue un parteaguas en tanto interrumpió esta labor asociativa al punto que el Concejo Municipal necesitaba saber qué había ocurrido con el convenio y las mesas de diálogo entre el ejecutivo local, el provincial, el concejo y la cooperativa. El proyecto quedó trabado en las estructuras administrativas.
En 2021, tras las insistentes tramitaciones por parte de quienes integran la cooperativa, se consiguió retomar el tratamiento con las autoridades. El intendente Pablo Javkin así como Silvia Frana, ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat Provincial, dieron su apoyo.
En suma, este inédito proyecto cooperativo parece tambalear en dos posiciones: mientras la Municipalidad espera que el gobierno provincial autorice el financiamiento, desde la Casa Gris parecen aguardar la cesión formal del inmueble a favor de la cooperativa, lo que habilitaría otorgar el crédito, hipotecando el predio como reaseguro del cobro.
Quienes se vienen acuerpando y organizando como cooperativistas desean desarrollar su proyecto en un marco de legalidad y así vienen insistiendo y persistiendo ante las puertas que se abren de algunos legisladores pero que, cuando lograr trascender esa frontera los papeles que siguen la vía de la legalidad parecen quedarse descansando eternamente en los cajones de la burocracia político administrativa. ¿Acaso estarán esperando que sea la propia “ciudadanía”, en este caso, este movimiento grupal cooperativo que le pone el cuerpo y el corazón al proyecto ininterrumpidamente, la que, cansada de tantas trabas -sin que les dé una respuesta fehaciente a semejante iniciativa y organización de base- sean las que se atrevan a ocupar o usurpar para lograr mover algo de esa legalidad? ¿Cómo mover reglas que quedan atrapadas, cuando no enquistadas en la inercia burocrática político-institucional de la esfera gubernamental?
Habitar es mucho más que ocupar un lugar. Habitar es hacer y hacerse desde y con el territorio. Quienes integran la cooperativa La Creciente amasan con sus cuerpos un proyecto colectivo que alcanza el ecosistema ambiental. Habitar es construir lazos solidarios y cooperativos junto al entorno. En sus procesos colectivos reflexivos, la cooperativa viene debatiendo cuestiones como “construcción sin ladrillos”, proyectando formas de convivencias solidarias y de vinculación con el barrio. Con un cuidado sostenible del medio ambiente, con ahorro energético y con una cultura que abraza también la cuestión climática.
Quienes sostienen con su cuerpo y organización La Creciente tienen la convicción de que este proyecto es viable. Necesitan que el Estado sea garante de este derecho para que el mismo pueda plantearse como un imaginario político posible y esta experiencia pueda ser replicable a los efectos de ir planteando una alternativa viable ante la crisis habitacional que se agrava en nuestros territorios.
Habitar la ciudad es un derecho. Y esta grupalidad cooperativa propone una solución concreta que no es nacida de la espontaneidad: la vienen rumiando y amasando desde 2012. Están proponiendo una matriz cooperativa de construcción de hábitat como horizonte y sentido de habitar la vivienda digna. Un sueño en el que confluye lo más singular y lo más colectivo. Tan sólo solicitan que el Estado sea garante de este proyecto porque el cuerpo con disposición a la cooperación y la organización ya está garantizado. Hoy este proyecto también se abre hacia una perspectiva agroecológica en el que el entorno natural se potencia hacia una mirada ambiental. Si esta experiencia integral no constituye una propuesta de política pública de hábitat sostenible, ¿cuáles serían entonces?
